Algunos pueden preguntarse cómo es posible que, ante la decisión de un gobierno de profanar el cadáver de un católico en un acto groseramente totalitario, la postura oficial de la Conferencia Episcopal Española (que no de la Iglesia) sea la de «no oponerse». Vaya, nadie imaginaba a un prelado encadenado a la lápida que reposa junto al altar de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, pero no que la respuesta fuera tan poco comprometida como si se les hubiera preguntado por su opinión acerca del uso del cardo borriquero como planta ornamental. Vamos, hubiera bastado con que se recordara el punto 2300 del Catecismo de la Iglesia Católica, que dice que «los cuerpos de los difuntos deben ser tratados con respeto y caridad en la fe y la esperanza de la resurrección». O que se recordara que, como dice el mismo punto a continuación, lo de enterrar a los muertos (y por tanto, no desenterrarlos caprichosamente) es una obra de misericordia.

Pero, les voy a ser sincero, a mí no me sorprende en absoluto, porque estoy firmemente convencido de que la culpa de todo la tiene Franco.

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William Ralph Inge, un sacerdote anglicano y escritor prolífico, dejó una frase que ha sido utilizada por muchos otros autores: «quien se casa con el espíritu de esta época, se verá viudo en la siguiente». Este vicio de tomar como permanentes cosas que se deben a circunstancias cambiantes siempre ha estado presente, pero resulta especialmente absurdo en la actualidad, cuando los cambios sociales y culturales suceden a la velocidad del rayo, por más que muchos de ellos sigan un camino fácil de ver a posteriori. Creo que hoy en día debería resultar evidente que en la Iglesia hemos caído de lleno en este error, a pesar de que cueste tanto reconocerlo.

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En El Príncipe, Maquiavelo trata de aconsejar a los gobernantes, desde la experiencia de la historia, sobre cuáles son las actitudes y cualidades que sirven para conservar el poder y hacer frente a los enemigos de un reino. Lo hace desde un pragmatismo muy propio de una época infectada de nominalismo, por lo que no se preocupa de si el gobierno es justo o de si el fin que persigue es el bien común, sino de cómo el príncipe debe evitar que el poder le sea arrebatado. Ante todo, debe evitar el odio del pueblo, y mantener un equilibrio entre ser temido y ser amado. Acerca de lo que hace odioso al príncipe, dice Maquiavelo:

«Hace odioso, sobre todo, como ya he dicho antes, el ser expoliador y el apoderarse de los bienes y de las mujeres de los súbditos, de todo lo cual convendrá abstenerse. Porque la mayoría de los hombres, mientras no se ven privados de sus bienes y de su honor, viven contentos; y el príncipe queda libre para combatir la ambición de los menos que puede cortar fácilmente y de mil maneras distintas».

Es evidente que no comparto en absoluto las ideas de Maquiavelo respecto al gobierno, pero no se le puede dejar de reconocer que, en su pragmatismo, tiene mucha razón en muchas cosas de las que dice. Y los gobernantes que traten de mantener el poder a toda costa, harían bien en hacer caso a sus consejos.

El gobierno de la Iglesia comparte, en muchísimos aspectos, los criterios, virtudes y defectos, de los gobiernos civiles de la época. En una época de buenos gobernantes, es normal que uno tenga buenos pastores (y viceversa). Pero en una época de malos gobernantes… en fin. Dejo al criterio de los lectores juzgar si la época actual lo es de buenos o malos gobernantes.

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Estamos en la recta final hacia el Sínodo de la Amazonia y, providencialmente, me encuentro estos meses dando clases de teología y filosofía en el Seminario de la Prelatura de Moyobamba, que es una de las dos misiones diocesanas de la Archidiócesis de Toledo. La Prelatura de Moyobamba comprende prácticamente el Departamento de San Martín, en Perú. Aunque la ciudad de Moyobamba está ya en una zona que suele llamarse «ceja de selva», por encontrarse ya a cierta altura sobre el nivel del mar, el Departamento, y con ello el territorio de la Prelatura, se encuentra sociológica y geográficamente en la Amazonia peruana, al menos si se entiende de manera amplia (como parece que se hará en el Sínodo).

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En este mundo invadido por un irracional puritanismo de la corrección política, se producen paradojas que le dejan a uno una impresión confusa. Por un lado, una sensación de fatiga al ver que las hordas de la estulticia son tan abundantes que la batalla por la verdad se antoja interminable; pero, por otro lado, una cierta esperanza, al pensar que un sistema tan ridículamente inconsistente no debería poder imponerse a la razón.

Hace unos días, causaban cierto revuelo unas declaraciones de la joven diputada socialista, Andrea Fernández, en las que sostenía que «el “porno” tiene que estar regulado en el sentido de su consumo». La política incluso se presentaba como «abolicionista». De entrada, podríamos simpatizar con esta postura (porque la pornografía es una lacra repugnante que habría que erradicar), si no fuera por varios aspectos, que guardan una cierta relación.

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