Y nadie habla de la India... La situación de los cristianos es cada vez más preocupante

Reproducimos por su interés un interesante artículo sobre los católicos perseguidos en la India:

Mientras el mundo mira a la India como potencia emergente y cuna de espiritualidad, la realidad para millones de cristianos es muy distinta: persecución creciente, leyes anticonversión cada vez más duras y violencia impune. Un país que fue símbolo de tolerancia se enfrenta hoy al desafío de proteger a sus minorías religiosas.

La situación de los cristianos en el subcontinente indio es cada vez más preocupante. No hablaremos ahora de Pakistán, donde son abiertamente perseguidos y condenados a penas terribles por blasfemia. Nos centraremos en la India, que aún conserva un prestigio inmerecido como ejemplo de respeto a las minorías.
La India se está convirtiendo rápidamente en un lugar inseguro para sacerdotes, monjas, misioneros y activistas cristianos.

El  endurecimiento de las leyes anticonversión para presionar a las minorías religiosas 
En el estado de Madhya Pradesh, en el centro del país, quienes intenten persuadir a alguien para convertirse al cristianismo se enfrentan a la pena de muerte. En las colinas del estado norteño de Uttarakhand, pueden ser condenados a cadena perpetua. Los hombres musulmanes en relaciones interreligiosas corren la misma suerte.
En marzo, el Chief Minister o ministro principal de Madhya Pradesh propuso modificar la ley anticonversión vigente en el estado para incluir la pena de muerte. La propuesta no solo traspasa peligrosamente los límites de lo razonable, sino que también refuerza aún más unas leyes ya constitucionalmente controvertidas.
En Uttarakhand, el gabinete de ministros aprobó un proyecto de ley que endurece aún más su legislación anticonversión. Además, el estado se convirtió en el primero del país en imponer un Código Civil Común que prohíbe un segundo matrimonio para los musulmanes, aunque admite la poliandria en algunos grupos indígenas.
El proyecto de Uttarakhand va mucho más allá de las definiciones habituales de “fuerza” y “fraude”, que constituyen el núcleo de las leyes anticonversión en diez estados del país. Ahora, las “promesas de una vida mejor o educación gratuita” podrán castigarse con penas de tres a catorce años de prisión si se ofrecen a mujeres o miembros de tribus. Conviene señalar que los estados cercanos a los Himalayas, que albergan los lugares más sagrados del hinduismo y donde antes no había presencia cristiana —como Uttarakhand y Himachal Pradesh—, hoy son escenario de un proceso de conversión de tribales que preocupa a las élites locales.
La Constitución de la India, en su artículo 25, garantiza a todos los ciudadanos el derecho a profesar, practicar y difundir su religión, un principio fundamental en una nación de 1.400 millones de habitantes. Incluso el exiguo 2,3 % de cristianos equivale a más de 33 millones de personas, la mayoría de las cuales asisten regularmente a la iglesia, a diferencia de los de Europa, quizá precisamente por la identidad que les da su condición de minoría y en muchos casos por la gratitud y el orgullo de haber escapado del yugo de las castas y de la condición de dalits o parias. Muy posiblemente ya haya más católicos practicantes allí que en la propia España que tantos misioneros les envió. (En la India, país creyente donde los haya, apenas hay agnósticos; incluso los ateos suelen ser hindúes o seguir el concepto más bien abstracto —y tal vez panenteísta— del Brahmán).
A pesar de esta protección constitucional, desde la Ley de Orissa de 1967 hasta las recientes enmiendas que incluyen la pena de muerte en Madhya Pradesh, las leyes anticonversión se han convertido rápidamente en armas contra los cristianos indios.
Enraizadas en la visión “Hindutva” de una nación hindú —lo que implica un pueblo y una religión, ya que una única lengua o raza son hoy por hoy imposibles—, estas leyes explotan definiciones vagas, empoderan a los “vigilantes” y facilitan la complicidad policial. El resultado: más de 800 incidentes documentados de violencia contra cristianos en 2024. En consecuencia, se violan compromisos constitucionales e internacionales, fomentando la exclusión social y económica de los diferentes.
En la India, la pena capital se prescribía solo para delitos atroces, como el asesinato, especialmente cuando implicaba violencia sexual u otras circunstancias agravantes. También podía aplicarse a otros temas graves como desencadenar la guerra contra el país, la instigación de motines, el terrorismo o el secuestro con fines extorsivos pero nunca lo fue por motivos religiosos…hasta ahora.
Además, incluso la posible aplicación de dichas penas máximas también parece estar influida por criterios político-religiosos que introducen dobles raseros. El violador en serie y líder espiritual Asaram Bapu, fundador de más de 400 ashrams y acusado además de complicidad en asesinatos rituales, fue condenado a prisión, pero salió en libertad condicional tras un tiempo. Otro líder religioso y violador en serie, Gurmeet Ram Rahim Singh, cuyos crímenes incluyen la castración forzada de sus seguidores, también cumple condena, aunque gran parte la está sirviendo en libertad condicional. Algunos acusados de asesinato por dichos motivos son exonerados (en el llamado “inglés indio” obtienen “clean chits”) por tribunales especiales.
La primera ley contra la conversión, llamada paradójicamente “Ley de Libertad de Religión de Orissa” (hoy Odisha), de 1967, sentó un precedente para restringir las conversiones religiosas bajo el pretexto de prevenir la coerción. Prohibió las conversiones por “fuerza, fraude o inducción”, términos vagamente definidos que incluían promesas de beneficios sociales o materiales, a menudo vinculados a la labor humanitaria cristiana.
Le siguió Madhya Pradesh con su ley de 1968, y a lo largo de las décadas otros nueve estados —Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Uttar Pradesh y Uttarakhand— adoptaron leyes similares. Actualmente, estas leyes rigen en 11 estados, la mayoría gobernados por el Partido Bharatiya Janata (BJP), de orientación, radicalmente prohindú, que también encabeza el gobierno federal bajo la férula de Modi.
Informes internacionales: una persecución documentada
El Centro Europeo para el Derecho y la Justicia (ECLJ), en su informe de 2025 presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, describe estas leyes como la “columna vertebral jurídica de la persecución anticristiana”, destacando su papel en el fomento del miedo, la violencia y la discriminación.

El informe de este año de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) señala tres rasgos comunes: la prohibición de las conversiones, los requisitos de notificación obligatoria y la transferencia de la carga de la prueba. Todas estas disposiciones violan el derecho internacional de los derechos humanos, incluido el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), del que la India es signataria.
El ECLJ señala que estas primeras leyes sentaron las bases de una cultura de sospecha, presentando a los cristianos como amenazas a la identidad hindú. Esta legislación, con definiciones ambiguas, permite a las autoridades y a grupos nacionalistas hindús radicales como el Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) y el Bajrang Dal atacar a los cristianos con impunidad.
Los disturbios de Kandhamal de 2007 y 2008 en Odisha, con más de 40 cristianos asesinados y la quema de 6.000 casas y 400 iglesias, ejemplifican cómo las leyes anticonversión dieron cobertura legal a las turbas hindúes, mientras la policía solía mostrarse cómplice o inactiva.
Estas leyes y la práctica judicial posterior envalentonaron a los “vigilantes”, ya que las condenas contra ellos eran poco frecuentes.
Desde el ascenso del BJP en 2014, las leyes anticonversión se han endurecido, alineándose con la ideología Hindutva, que concibe la India como una nación hindú. El informe del ECLJ documenta un aumento del 555 % en la violencia anticristiana entre 2014 y 2024.
Uttar Pradesh, con su Ley de Prohibición de la Conversión Ilícita de la Religión de 2021 —enmendada en 2024 para permitir denuncias de terceros y elevar las penas a cadena perpetua—, se ha convertido en un foco de violencia, seguido de Chhattisgarh y Madhya Pradesh.
La enmienda propuesta este año en Madhya Pradesh, que introduce la pena de muerte para ciertos delitos vinculados a la conversión, marca una escalada alarmante.
Las leyes contra la conversión se aplican como instrumentos mediante terminología vaga, abusos procesales, manipulación del lenguaje y aplicación selectiva de las normas. Términos como “fuerza”, “fraude” e “incitación” se interpretan de forma amplia, hasta el punto de incluir actos como distribuir Biblias o brindar asistencia médica. El ECLJ cita casos en los que cantar villancicos u organizar fiestas de cumpleaños fueron considerados “incitación”.
En Uttar Pradesh, una enmienda de 2024 permite que cualquier persona presente denuncias, lo que ha dado lugar a acusaciones manipuladas de nacionalistas hindúes. Más del 60 % de los casos fueron iniciados por terceros ajenos a la supuesta conversión.
La carga de la prueba recae sobre el acusado, en contradicción con los principios jurídicos habituales.
En 2025, José y Sheeja Pappachan, en Uttar Pradesh, fueron condenados a cinco años de prisión por supuestas conversiones mientras secaban ropa en su casa, sin que se presentaran pruebas. De manera similar, en Madhya Pradesh, el pastor Ramesh Ahirwar y su esposa fueron condenados en 2024 a dos años de prisión por labores benéficas, aunque posteriormente obtuvieron la libertad bajo fianza.
La USCIRF señala que estas leyes tienen un efecto disuasorio: limitan la expresión religiosa y aíslan a las comunidades cristianas.
La complicidad policial agrava este problema. En Rajastán, tras un ataque multitudinario en febrero contra 50 cristianos, la policía acusó a las víctimas de conversiones.
Las redes sociales —incluyendo publicaciones como la de @subhi_karma sobre supuestos hindúes atraídos al cristianismo— amplifican narrativas falsas y alimentan la acción de los vigilantes.
Estas leyes violan la garantía de libertad religiosa del artículo 25, así como las protecciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El ECLJ sostiene que la incapacidad de la India para proteger la libertad religiosa socava sus obligaciones constitucionales e internacionales. El informe de la USCIRF recomienda designar a la India como “País de Especial Preocupación”, debido a la persecución sistémica.
Sin embargo, la creciente influencia geopolítica de la India ha silenciado la respuesta global: ningún Relator Especial de la ONU sobre libertad religiosa ha visitado el país desde 2008.
El Tribunal Supremo aún no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de estas leyes, pese a peticiones como la de Ciudadanos por la Justicia y la Paz en 2025, que impugnó las enmiendas de Uttar Pradesh.
Conclusión: el talón de Aquiles de la India
La India es un país en auge pero sujeto a muchas tensiones centrífugas: entre el norte y el sur —este último más desarrollado—; entre estados de mayoría hindú y los de mayoría musulmana (como Cachemira al oeste) o cristiana (como Nagaland, Mizoram y Meghalaya al este); y entre las castas superiores —brahmanes (sacerdotes), chatrias (guerreros) y vaishias (comerciantes)— frente a las inferiores, los sin casta o dalits (antiguos intocables) y los tribales.
Para superar todas estas divergencias en un país nuevo —que nunca había existido previamente— y consolidar la construcción nacional (nation building), máxime entre grupos tan heterogéneos, sabemos que en política los dirigentes suelen crear el fantasma de un enemigo externo como lo fue para la India Pakistán y viceversa.
El grave problema es que cuando ese fantasma exterior se difumina o ya no sirve y cuando los dirigentes son poco amigos de pactos o simplemente torpes, se acude a uno o varios enemigos internos como factor de cohesión.
En la India todas las tensiones subyacentes se han agravado desde que la democracia consociativa original —basada en pactos entre las élites de los distintos grupos— se transformó en una típica democracia mayoritaria, en la que se impone la voluntad de las mayorías sobre las minorías étnicas, lingüísticas o religiosas. Esta deriva se ha acentuado,, como ya hemos explicado, con la victoria del BJP y su ideología Hindutva, integrista y poco pactista y aún no sabemos hasta donde podrá conducir.
Por todo ello se necesitan reformas urgentes: derogar estas leyes y aplicar las protecciones necesarias para restaurar el legado gandhiano de tolerancia en la India y defender los derechos de sus cristianos y de las otras minorías atacadas.
El problema de fondo es que detrás de estas actuaciones subyace el temor al aumento de las conversiones al cristianismo entre tribales y parias, incluso en estados donde antes no había presencia cristiana, como Uttarakhand.
En suma, las medidas que rechazamos revelan el pánico ante una posible revuelta de los de abajo, hartos de su sumisión a discriminaciones sociales y a presuntos karmas, que podrían provocar el fin real —no solo legal— y quizá revolucionario del atávico y opresor sistema de castas.
Y ese es el gran talón de Aquiles de esta superpotencia emergente.

John Dayal y José Félix Merladet

El Dr. John Dayal, nacido en 1948, es un reconocido escritor, editor y activista de derechos humanos indio. Ha sido presidente nacional de la Unión Católica de la India, miembro del Consejo Nacional de Integración y tesorero del Gremio de Editores de la India. Reside en Nueva Delhi.

José Félix Merladet fue funcionario europeo y estuvo destinado 5 años como diplomático en la India, país que le fascina, como encargado de la cooperación. También estuvo destinado en Uruguay y Mozambique. Ha sido profesor en las universidades de Deusto y Navarra sobre dicho país y sobre la cooperación internacional al desarrollo.