(InfoCatólica) Las monjas de Belorado siguen empeñadas en seguir su camino hacia el abismo de la excomunión y la consiguiente puesta en marcha de su expulsión del monasterio. Ayer protestaron porque los bancos les han quitado el control de sus cuentas y exigieron al comisario pontificio, Mons. Mario Iceta, que les pague seguridad privada para impedir el acceso de la prensa.
La comisión gestora nombrada por el arzobispo de Burgos ha emitido el siguiente comunicado:
Ante el comunicado publicado en redes sociales este jueves 13 de junio por la Comunidad de Hermanas Clarisas de Belorado, la Comisión Gestora nombrada por el Comisario Pontificio quiere realizar las siguientes manifestaciones:
- El representante legal de los Monasterios de Belorado, Derio y Orduña es el Comisario Pontificio a todos los efectos, en el ámbito tanto canónico como civil.
- En razón de este cargo, como Superior Mayor, tiene el derecho y el deber de velar, ante todo, por las personas que habitan el monasterio, de modo particular por las hermanas mayores, los trabajadores contratados, la gestión adecuada de los movimientos financieros, así como la gestión de todos los bienes muebles e inmuebles.
- Las hermanas han impedido en todo momento y por todos los medios que el Comisario Pontificio y la Comisión Gestora cumplan con el cometido para el que han sido nombrados.
- Asimismo, la comunidad de Belorado no ha realizado la entrega de una copia de las llaves de los monasterios, como legítimamente se les requirió, manifestando de este modo su voluntad de impedir al Comisario Pontificio la realización de su cometido.
- Las entidades bancarias han actuado absoluta y escrupulosamente dentro de la legalidad vigente. Se ha tenido acceso a las cuentas corrientes que ha sido posible identificar, ya que las hermanas no han facilitado en absoluto ni el conocimiento ni el acceso a las mismas. Se está trabajando con las entidades bancarias para que no exista ningún problema de pago a quienes legítimamente tienen derecho al cobro: suministros, nóminas, recibos, etc.
- El jueves 6 de junio, sor Carmen, que es la secretaria y ecónoma de la federación de las Clarisas, fue enviada por el Comisario Pontificio al monasterio, precisamente para tomar contacto con las hermanas y pedirles que le comunicaran sus necesidades económicas con el fin de atenderlas de modo inmediato. No se le recibió, ni siquiera le dejaron hablar; se le dijo que no era bien recibida, instándole a abandonar el monasterio y llamando a la Guardia Civil. La notario que le acompañó, única persona a la que se permitió acceder al monasterio, comunicó a la comunidad el modo de establecer la interlocución de las cuestiones económicas con la secretaria y ecónoma de la federación, precisamente para poder atender a todas sus necesidades. No han hecho uso de esta vía.
- Ningún empleado de los monasterios ha acudido al arzobispado a poner ninguna queja. Al contrario, a aquellos con quienes se ha podido contactar, se les ha asegurado que se seguirá al corriente de los pagos tal y como se ha realizado hasta el momento.
- Seguimos a la espera de que las hermanas nos comuniquen los importes necesarios que requieren para los gastos habituales de la vida ordinaria. Hasta el momento no lo han hecho.
- Desde el correo electrónico del monasterio de Belorado se recibe este martes 11 de junio una comunicación que dice: «nos vemos en la obligación de contratar un servicio de seguridad privada que proteja y defienda de ataques contra la intimidad. Entendemos que el arzobispo debe asumir los costes de este servicio». Aquí sí se reconoce la autoridad del arzobispo, además se le cita así, «arzobispo». También se pide el pago de un servicio que, según el correo, va a contratar el monasterio. No se dice ni qué empresa, ni en qué condiciones. Llama la atención que se pida dinero para este servicio, pero no para la compra de género para la vida ordinaria de todos los miembros de la comunidad, la materia prima para la elaboración de productos, alimento de animales u otros gastos.
- Deseamos que, así como han realizado la petición para contratar un servicio de seguridad privada, también nos comuniquen las necesidades concretas para afrontar los gastos ordinarios de la comunidad. Por nuestra parte seguimos con la mano tendida y en ningún caso existe la más mínima intención de condicionar económicamente a la comunidad.
- Rechazamos y, en su caso, condenamos cualquier eventual falta de respeto o intromisión en la vida del monasterio. Seguimos a la espera de que la comunidad realice algún gesto que posibilite la vía del diálogo.
