(Katolisch/InfoCatólica) Ya el 16 de febrero de 2024, tres cardenales de la curia habían escrito al presidente de la Conferencia Episcopal Alemana (DBK) en nombre del Papa pidiéndole que no aprobara los estatutos para el Comité Sinodal. En consecuencia, el tema se retiró del orden del día de la reunión plenaria de primavera de los obispos. En el «Consejo Permanente» de los obispos, que se reunió más tarde, se aprobaron los estatutos el 22 de abril.
En una entrevista con Heribert Hallermann, la revista «Communio» investigó la cuestión de si esto era jurídicamente válido. El experto en derecho canónico de Würzburg fue presidente regional de la BDKJ en sus años mozos y también trabajó en la secretaría de la Conferencia Episcopal Alemana antes de su etapa como profesor de derecho canónico.
En la entrevista, Hallermann señaló que nadie ha podido responder aún a la pregunta de en qué se basó la decisión. Para él, la situación jurídica es clara: «Ni el canon 455 del Derecho Canónico, que describe las competencias de la Conferencia Episcopal, ni el correspondiente artículo 8 del Estatuto de la Conferencia Episcopal Alemana contienen fundamento jurídico alguno para tal decisión consentida. Por tanto, la carta de la Curia llega a la siguiente conclusión: Si se concede tal aprobación, es ilegal e inválida».
Una segunda objeción es que la Conferencia Episcopal no puede actuar como persona jurídica en el ámbito secular. «Por eso creó la VDD, la Asociación de Diócesis Alemanas, como entidad jurídica para el ámbito del derecho y las finanzas seculares». Sin embargo, la VDD sólo puede decidir por unanimidad. Como cuatro obispos rechazaron la propuesta correspondiente en la VDD, no se llegó a una decisión válida. Y en tercer lugar, una autorización contradiría las instrucciones expresas de la Santa Sede.
Según el canonista, un comunicado de prensa conjunto emitido el 22 de marzo de 2024 tras las consultas entre un grupo de obispos alemanes y representantes de la Curia en el Vaticano no cambia esto. Huelga decir, subraya Hallermann, que las posibles resoluciones sobre formas de sinodalidad en la Iglesia en Alemania se someterán a la aprobación de Roma.
Según el canon 392 del derecho canónico, cada obispo está obligado a promover activamente el orden jurídico de la Iglesia, a obedecer todas las leyes eclesiásticas y a velar por que ningún abuso se cuele en el orden eclesiástico. Además, la Conferencia Episcopal no tiene competencia legislativa en estos asuntos.
Según Hallermann, todo el comunicado de prensa es pura poesía sin ningún significado jurídico. Ni el presidente de la Conferencia Episcopal ni la delegación que estuvo presente en Roma podían hacer declaraciones vinculantes para la Conferencia Episcopal porque no había ninguna resolución de la Conferencia sobre el asunto.
El canonista también se refirió al principio de la consulta y la toma de decisiones conjuntas, que el camino sinodal subraya repetidamente. Para Hallermann: «Quien delibera no decide». Tales formas contradicen el ordenamiento jurídico de la Iglesia. Ambos deben mantenerse separados.
Responsabilidad única del obispo, indelegable
En los grupos y asociaciones eclesiásticos estructurados según el derecho de asociación, o en las congregaciones religiosas, las decisiones conjuntas por comités son posibles y habituales. «Donde no son posibles es en el ámbito del derecho constitucional y de las estructuras constitucionales de la Iglesia, porque ahí es donde se trata de la atención pastoral. El obispo tiene una responsabilidad personal que no puede ceder a ningún comité».
Se trata de un deber que el obispo promete expresamente cuando asume este cargo. De ninguna manera puede abstenerse de cumplir con el ordenamiento jurídico de la Iglesia. El concepto de «autocompromiso voluntario» previsto por el Camino Sinodal equivale a una anonimización de la responsabilidad, «a una irresponsabilidad organizada», según el renombrado abogado canónico.
Hallermann - junto con cuatro obispos diocesanos - impugna el dictamen jurídico según el cual la Conferencia Episcopal Alemana es el órgano responsable del Comité Sinodal. La Conferencia Episcopal Alemana sólo podría asumir el patrocinio a través de la Asociación de Diócesis Alemanas, pero esto no ocurrió porque no hubo una decisión presupuestaria unánime para hacerlo. «Si una asociación asume la financiación del comité, entonces no es la Conferencia Episcopal la patrocinadora, sino esta asociación. Sin embargo, esto también debería estar claramente expresado en los estatutos».
Su conclusión inequívoca: «El Comité sinodal no existe y, por tanto, no puede constituirse y, desde luego, no puede adoptar el texto que se le remite, «Consultad y decidid juntos», y decidir así la constitución de un concilio sinodal».
Hallermann comparte la opinión del Papa Francisco y de los tres cardenales de más alto rango de la curia: «La constitución de un consejo sinodal concierne a las estructuras de gobierno en la Iglesia, y éstas están exhaustivamente reguladas en el ordenamiento jurídico de la Iglesia. En este contexto, la referencia a un proceso «sui generis» sólo significa que se está ignorando deliberadamente el ordenamiento jurídico vigente»
