(ACIPrensa/InfoCatólica) El pasado jueves 18 de mayo, el Ministerio de Gobernación (Migob) de Nicaragua anunció que próximamente llevarían a cabo la «disolución voluntaria» de la Universidad Católica Inmaculada Concepción de la Arquidiócesis de Managua (UCICAM), donde se formaba a una cantidad numerosas de seminaristas.
Miembros de la comunidad católica exiliados y comprometidos con la protección de los derechos humanos han publicado una denuncia ante esta acción, la cual consideran que constituye una manifestación adicional de hostilidad por parte de la dictadura encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la Iglesia Católica.
En un intento de justificar el anuncio, el régimen de Ortega acusó a la institución educativa superior de estar incumpliendo «sus obligaciones desde el año 2015, ya que no reportaron sus estados financieros y Junta Directiva».
Martha Patricia Molina, una abogada e investigadora nicaragüense que actualmente ejerce en el exterior que ha registrado más de 500 ataques del gobierno hacia la comunidad católica en el país, compartió varias declaraciones a ACI Prensa, en las que explicó que «la Universidad Católica Inmaculada Concepción es propiedad de la Arquidiócesis de Managua. Es la institución académica encargada de avalar los títulos del Seminario Arquidiocesano La Purísima».
También aclaró que el término de «disolución voluntaria» solo se utiliza como «una fachada» que utiliza la dictadura sandinista para realizar disoluciones obligadas y forzosas.
Martha Molina destaca como una investigadora ampliamente reconocida en el ámbito de la persecución que enfrenta la Iglesia en Nicaragua. El 15 de mayo pasado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, mencionó las estadísticas sobre la violencia dirigida a los católicos durante el régimen dictatorial en Nicaragua, las cuales fueron recopiladas en los informes elaborados por ella.
Molina considera que el cierre de esta institución «es un atropello más, no sólo en el ámbito académico, sino que también en el religioso. Es una hostilidad más hacia la Iglesia Católica».
De igual forma, Félix Maradiaga, un ex candidato presidencial nicaragüense que también fue preso político durante una temporada, aseguró a EWTN Noticias que «no existe ninguna justificación desde el punto de vista jurídico, ni en las leyes de Nicaragua ni en la Constitución Política» para la «disolución» de la universidad católica. «Sabemos por fuentes internas que tenemos dentro de Nicaragua que este no ha sido un cierre voluntario».
De acuerdo al último informe publicado por Martha Patricia Molina, la Iglesia Católica en Nicaragua ha sufrido de más de 500 ataques en los últimos cinco años, dentro de los cuales hay «hostilidades, persecución, asedio, profanación, destrucción, robo, expulsiones, confiscaciones».
