(InfoCatólica) El régimen bielorruso ha condenado a tres años de prisión y a una elevada multa al sacerdote católico Anatol Parachniewicz, párroco de Olkovichi, en la región de Minsk. El juicio se celebró a puerta cerrada y la condena fue dictada en octubre, pero no ha trascendido hasta comienzos de noviembre.
El P. Parachniewicz, de 66 años, llevaba desde 2007 como párroco de Olkovichi. Anteriormente había ejercido su ministerio en Rakov y Zaslavl y recibió su formación sacerdotal en Białystok, en la vecina Polonia. En su parroquia había creado un pequeño museo dedicado al patrimonio religioso y cultural local, con objetos tradicionales y ornamentos litúrgicos y libros antiguos.
Su detención se produjo a mediados de marzo de 2026 y el sacerdote permaneció desde entonces en prisión preventiva. Inicialmente se informó de que las autoridades pretendían acusarle de «traición al Estado», uno de los delitos más graves en la legislación bielorrusa. Finalmente, esa acusación ha sido sustituida por otras menos graves: insulto a un representante de la autoridad y promoción de actividades extremistas.
El P. Parachniewicz no se declaró culpable y considera injusta la sentencia. Según el portal católico bielorruso Katolik.life, ha presentado un recurso contra el fallo y sus feligreses han organizado una petición colectiva solicitando su liberación.
Un juicio celebrado a puerta cerrada
Uno de los aspectos más graves del caso es la falta de información sobre los hechos concretos que fundamentaron la condena. El proceso se desarrolló sin acceso público, de modo que no se conocen con claridad las circunstancias que las autoridades consideran constitutivas delito. Según informaciones recogidas por Katolik.life, ni siquiera la archidiócesis de Minsk dispone de información sobre el contenido de la acusación. Organizaciones bielorrusas de derechos humanos han incluido a Parachniewicz entre los presos políticos.
La acción judicial podría haberse desencadenado por la participación del sacerdote en una recepción celebrada en la embajada de Polonia en Minsk con motivo de la fiesta de la Constitución polaca, el 3 de mayo. El contacto con instituciones polacas ha sido utilizado anteriormente por las autoridades bielorrusas en procesos contra miembros del clero.
La Iglesia Católica, bajo presión
Los católicos representan aproximadamente el 10 % de la población bielorrusa. El catolicismo bielorruso mantiene unos vínculos históricos particularmente estrechos con Polonia, ya que la parte occidental de la actual Bielorrusia fue polaca durante siglos. Esta vinculación tradicional despierta las suspicacias de las autoridades de Minsk.
En consecuencia, la Iglesia se enfrenta a una situación de vigilancia y creciente limitación de su libertad de acción, aunque la Santa Sede se esfuerza por mantener abiertos los canales de diálogo con las autoridades. Especialmente desde las protestas posteriores a las elecciones presidenciales de 2020 y el inicio de la guerra de Ucrania, el gobierno de Aleksandr Lukashenko ha incrementado la presión sobre instituciones religiosas y dirigentes cristianos considerados críticos o vinculados de algún modo con la oposición o con países occidentales.
Sacerdotes encarcelados o expulsados y parroquias grecocatólicas cerradas
En 2025, otros dos sacerdotes católicos fueron condenados a largas penas de prisión. El P. Henryk Akalatovich recibió once años por una acusación de traición, mientras que el religioso Andrzej Juchniewicz, de los Oblatos, fue condenado a trece años. Ambos negaron su culpabilidad y fueron posteriormente indultados por Lukashenko tras gestiones diplomáticas realizadas de la Santa Sede, pero tuvieron que abandonar el país.
Según Christian Vision, una organización que documenta la situación de las comunidades cristianas en Bielorrusia, 17 sacerdotes católicos han tenido que abandonar su actividad en el país durante 2026 después de que las autoridades religiosas no renovaran sus permisos de trabajo. Muchos de ellos son sacerdotes procedentes de Polonia.
La presión afecta también a los grecocatólicos (es decir, católicos de rito oriental). Según la misma fuente, las autoridades han ordenado la disolución de cuatro de las dieciséis parroquias grecocatólicas existentes en Bielorrusia al negarles la renovación de su registro. Una vez disueltas oficialmente, cualquier actividad de esas comunidades puede ser considerada ilegal.
La situación está llevando además a las propias comunidades católicas a extremar la prudencia en sus declaraciones públicas. La agencia KNA señala que tanto la Iglesia latina como la grecocatólica han reducido sus pronunciamientos sobre las actuaciones de las autoridades, aparentemente por temor a nuevas represalias.
