(Catholic World Report/InfoCatólica) El último frente de la batalla por proteger el derecho que Dios ha dado a los padres de dirigir la educación de sus hijos, y por garantizarles una verdadera libertad para elegir la escuela, se libra en el estado norteamericano de Ohio.
El pasado 15 de octubre, un tribunal de apelación formado por tres jueces confirmó por unanimidad, en el caso Columbus City School District contra el Estado de Ohio, la sentencia que invalidaba el programa estatal de becas para la elección educativa, conocido como EdChoice.
Según el tribunal, el programa vulnera el artículo VI, sección 2, de la Constitución de Ohio, que ordena crear «un sistema completo y eficiente de escuelas comunes en todo el estado». No obstante, al igual que el juez de primera instancia, el tribunal de apelación suspendió la aplicación de su decisión hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo de Ohio.
De Zelman a EdChoice
En su histórica sentencia de 2002 en el caso Zelman contra Simmons-Harris, el Tribunal Supremo de Estados Unidos avaló el programa piloto de becas de Ohio, con el que el Estado pretendía ofrecer más oportunidades educativas a los niños atrapados en las escuelas públicas en crisis de Cleveland. El alto tribunal se negó a anularlo porque se ofrecía tanto a beneficiarios religiosos como laicos sin discriminación, y porque la ayuda se dirigía directamente a una amplia categoría de ciudadanos.
El Supremo consideró que el programa respetaba la cláusula de no establecimiento de religión aunque la mayoría de los niños acudiera a escuelas confesionales, porque se basaba en criterios neutrales y laicos que ni favorecían ni perjudicaban a la religión. Añadió que el programa era legítimo porque los fondos públicos llegaban a las escuelas religiosas por la elección libre, real e independiente de los padres, y no por una asignación directa del Gobierno.
Al calor de aquella sentencia nació en 2005 el programa EdChoice, que en su origen se llamaba Programa Piloto de Cleveland. Estaba pensado para que los padres con pocos recursos pudieran sacar a sus hijos de las escuelas públicas fallidas de la ciudad y llevarlos a escuelas no estatales, gracias a un número limitado de becas financiadas con los impuestos. Desde entonces, la Asamblea General de Ohio lo ha ampliado enormemente: hoy el Estado destina casi 1.400 millones de dólares a un programa que está al alcance de prácticamente todos los alumnos, con independencia de los ingresos de su familia o de la calidad de la escuela pública que les corresponda.
Las razones de los jueces
El pleito lo promovió una coalición encabezada por el consejo escolar de Columbus, la capital del estado, al que se sumaron los de Cleveland Heights-University Heights, Richmond Heights, Lima y Barberton, la Coalición de Ohio por la Equidad y la Suficiencia de la Financiación Escolar y varios padres. Un tribunal estatal de primera instancia invalidó el programa, sobre todo por incumplir el mandato constitucional de ofrecer un sistema completo y eficiente de escuelas comunes.
En la siguiente instancia, apoyándose en la legislación estatal, el tribunal de apelación apenas mencionó dos de los tres casos del Tribunal Supremo de Estados Unidos relevantes en materia de ayudas, sin discutir en ningún momento cómo podrían haber cambiado el resultado. Con una resolución que, en buena medida, parece escrita por un abogado de los demandantes, falló a su favor, aunque, como se ha dicho, suspendió su aplicación a la espera de lo que decida el Tribunal Supremo de Ohio. Al no tratarse de una resolución definitiva, el análisis del caso es todavía provisional.
Pasando por alto casi por completo las sentencias del Tribunal Supremo federal en sentido contrario, el tribunal de apelación dio dos razones principales para tumbar EdChoice. La primera, que el programa vulnera el mandato constitucional de un sistema único de escuelas públicas, porque carece de una supervisión estatal significativa y no está al alcance de los residentes en zonas rurales que, como contribuyentes, ayudan a costearlo. La segunda, que concede a los responsables de las escuelas participantes demasiado margen para seleccionar a los alumnos, lo que según los jueces causa un perjuicio económico a la escuela pública al restarle alumnos y fondos y al dificultarle la recaudación mediante impuestos locales aprobados en votación. El tribunal llegó a sostener que EdChoice «da a los votantes menos razones para aprobar los impuestos escolares locales».
Tras conocer la sentencia, el fiscal general de Ohio, Andy Wilson, declaró: «Aunque estamos decepcionados con la sentencia, agradecemos que el tribunal haya suspendido su decisión, de modo que el programa EdChoice seguirá sin interrupción mientras recurrimos ante el Tribunal Supremo de Ohio. Las familias no deben preocuparse, ya que la sentencia no tiene ningún efecto inmediato».
Una sentencia que ignora al Supremo
Para Charles J. Russo, profesor de Derecho de la Universidad de Dayton especializado en educación y libertad religiosa, la sentencia de cuarenta páginas es insincera, porque, al centrarse en la Constitución de Ohio, pasa por alto por completo el primero de los tres grandes casos recientes en los que el Tribunal Supremo de Estados Unidos, con ponencias del presidente John Roberts, avaló las ayudas a instituciones y personas religiosas. Russo califica esa omisión de casi incomprensible.
El tribunal ignoró por completo el caso Trinity Lutheran Church of Columbia contra Comer, de 2017, en el que las autoridades de Misuri habían excluido a una iglesia de un programa para mejorar la seguridad de los patios infantiles de su escuela solo por ser una organización religiosa. Al darle la razón a la iglesia, Roberts abrió una nueva etapa en materia de ayudas y sentenció con concisión que «la exclusión de Trinity Lutheran de un beneficio público para el que, por lo demás, reúne los requisitos, únicamente porque es una iglesia, es odiosa para nuestra Constitución y no puede mantenerse».
En cuanto a los otros dos casos, los jueces de Ohio citaron la sentencia Espinoza contra el Departamento de Hacienda de Montana, de 2020, sin decir nada sustancial sobre su contenido. En Espinoza, el Supremo invalidó una disposición constitucional estatal que impedía las ayudas a instituciones religiosas a través de un programa de desgravaciones que permitía a particulares y organizaciones ahorrar sin pagar impuestos para costear la escolarización de niños en escuelas no estatales. El Supremo dio la razón a los demandantes y mantuvo el programa: como era admisible según la cláusula de no establecimiento, la prohibición estatal de ayudas discriminaba de forma ilegítima por razón de la condición religiosa. Los jueces reconocieron que aquella disposición pretendía separar la Iglesia y el Estado de forma más estricta que la Constitución federal, pero la anularon porque no superaba el escrutinio estricto, el nivel más alto de control constitucional, al carecer Montana de un interés público imperioso que justificara esa prohibición.
El caso más reciente, Carson contra Makin, de 2022, versaba sobre un programa de Maine que ayudaba a pagar la matrícula a los padres de distritos sin escuela secundaria propia. El Supremo anuló el requisito de que las escuelas fueran «no confesionales», porque excluía de hecho a las escuelas religiosas y vulneraba la libre práctica de la religión: no era neutral ante ella ni dejaba a los padres llevar a sus hijos a la escuela de su elección. Sobre Carson, el tribunal de Ohio se limitó a escribir que «nada en esa decisión, ni en sus precedentes, obligaba a los estados a financiar la educación religiosa», aunque reconoció que Espinoza y Carson establecen que, «una vez que un estado pone a disposición un beneficio, no puede discriminar después a las escuelas religiosas». Lo hizo, sin embargo, ignorando la afirmación de Trinity Lutheran de que las instituciones religiosas no pueden ser tratadas como de segunda clase por su carácter religioso.
Russo se pregunta además por qué las autoridades de Ohio, en lugar de dedicar tiempo y energía a buscar formas mejores y más creativas de educar a los alumnos, se empeñan tanto en impedir que los padres sean verdaderos protagonistas de la educación de sus hijos, cuando el programa actual no es sino una versión posterior del plan que el Supremo avaló en 2002.
Los sindicatos, contra los niños pobres
Russo recuerda que en Zelman el plan permitía a los padres, en su mayoría de familias pobres y de minorías, sacar a sus hijos del sistema público de Cleveland, que el Estado había intervenido por lo mal que educaba a los alumnos. Los padres podían elegir entre trasladar a sus hijos a los distritos públicos vecinos o usar becas en las escuelas participantes. Como ninguno de los distritos vecinos quiso aceptar a niños del centro de la ciudad, los padres usaron las becas, y las escuelas participantes, en su mayoría católicas, acogieron a los alumnos sin cobrarles nada más, aunque las becas no cubrían el coste total de la matrícula. El Supremo avaló el programa porque, como ocurre con el actual plan de Ohio, los padres que enviaban a sus hijos a escuelas confesionales lo hacían por libre elección y no porque la ley los obligara.
El jurista pregunta qué padres, ante la disyuntiva de dejar a sus hijos en escuelas públicas con malos resultados o llevarlos a lugares donde puedan salir adelante, no querrían darles más oportunidades de destacar. Recuerda que no todas las escuelas públicas funcionan, como muestra la comparación de los alumnos estadounidenses con los de otros países: ocupan el puesto 31 en la clasificación general, el 9 en comprensión lectora, el 12 en ciencias y el 28 en matemáticas. Por eso los legisladores han ideado programas innovadores que dan a los padres más margen para elegir dónde se educan sus hijos.
Como giro irónico, Russo señala que la oposición a programas como EdChoice suele estar encabezada por dirigentes sindicales como Randi Weingarten, presidenta de la Federación Americana de Maestros. Es decir, las mismas personas de quienes cabría esperar que velaran por el bien de los niños. Aunque es comprensible que un dirigente sindical defienda a los trabajadores, a Russo le resulta inquietante que Weingarten se oponga con tanta vehemencia a ayudar a los niños necesitados.
A su juicio, Weingarten y los suyos, contrarios desde hace mucho a dar a los padres cualquier voz en la educación de sus hijos, siguen oponiéndose a ayudar a los más pequeños en su hora de necesidad educativa, cuando sus padres quieren ejercer su libertad para sacarlos de escuelas fallidas, en su mayoría urbanas. El resultado es que los niños pobres, en su mayoría de minorías, quedan condenados a oportunidades de aprendizaje insuficientes.
Ante esta oposición, concluye Russo, quienes desean lo mejor para los niños, y quieren darles la oportunidad de escapar del ciclo de pobreza que tantos alumnos padecen en la escuela pública, no pueden evitar preguntarse si a los detractores de la libertad de elección no les preocupa más conservar los empleos de sus afiliados y su propio poder que las necesidades de los alumnos.
