(InfoCatólica) Diez años después de la primera denuncia, Elena Lorenzo se enfrenta al único procedimiento que ha llegado a juicio. La coach de identidad afronta una acusación por «mensajes discriminatorios» para la que se piden varios años de cárcel, una elevada sanción económica y su inhabilitación profesional, después de que todos los expedientes administrativos previos hayan sido archivados o revocados.
Lorenzo comenzó en 2013, según recoge su sitio web, a trabajar «con hombres y mujeres que han elegido y decidido profundizar en su Identidad Personal, ya sea por dudas sobre su identidad o porque experimentan atracción hacia personas de su mismo sexo y desean vivir su heterosexualidad plenamente». En declaraciones a ACI Prensa, precisa que acompaña «a personas en procesos de desarrollo personal, sin distinción por orientación sexual» y que nunca realiza diagnósticos clínicos, «dado que no soy psicóloga ni psiquiatra». En todo este tiempo, subraya, no ha recibido ninguna denuncia de sus clientes.
Cuatro expedientes administrativos, cuatro archivos
La primera denuncia la interpuso el 26 de agosto de 2016 la asociación Arcópoli, por una presunta vulneración de la Ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia de la Comunidad de Madrid. Tuvo su origen, según Lorenzo, en «una grabación clandestina de quien simulaba ser cliente», posteriormente editada y difundida por televisión. Pese a la repercusión mediática, la Fiscalía Provincial de Madrid la archivó.
En 2019, la misma asociación denunció que su página web contenía expresiones ofensivas. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid le impuso una sanción de 20.001 euros que afrontó mediante una campaña de financiación colectiva. «Muchos clientes, agradecidos por la atención prestada durante años, me ayudaron», detalla. La sanción acabó revocada y la Administración le reintegró el importe íntegro.
El tercer expediente, en febrero de 2020, también a instancia de Arcópoli, se refería al curso en línea «Camino a la heterosexualidad» y a una presunta «promoción de terapias de curación o aversión de la homosexualidad». Lorenzo sostiene que el curso fue diseñado, grabado y comercializado en Estados Unidos por una organización sin ánimo de lucro, y que no intervino en su creación ni en su distribución. La Fiscalía lo archivó en mayo de 2023.
El cuarto lo abrió en julio de 2022 la Asociación Española contra las Terapias de Conversión (AECTC), y derivó en octubre en otra multa de 20.001 euros. La Comunidad de Madrid acabó anulándola al apreciar «un vicio de procedimiento causante de indefensión de la expedientada». La AECTC recurrió y la decisión fue confirmada.
La vía penal
Agotada la vía administrativa, la AECTC remitió a la Fiscalía Provincial de Madrid una denuncia por cuatro presuntos delitos: incitación al odio, asociación ilícita, intrusismo profesional y fraude a los consumidores. La Fiscalía descartó tres de ellos y apreció únicamente la posible comisión de un delito por «mensajes discriminatorios» en un apartado de la web dedicado al llamado Trastorno Obsesivo Compulsivo Homosexual, contenido hoy censurado como medida cautelar acordada por el juzgado. El Juzgado de Instrucción de Madrid incoó la investigación a principios de 2023 y, en mayo de 2026, la Audiencia Provincial de Madrid resolvió que los hechos debían ser juzgados por estar en juego la libertad de expresión.
En paralelo, desde 2019 se crearon perfiles falsos en una red social de contactos que utilizaban su nombre y su imagen para atribuirle afirmaciones estigmatizantes. Los hechos fueron denunciados ante la Policía Nacional como delitos de suplantación de identidad, pero los autores siguen sin identificar. Lorenzo afirma haber recibido en el último mes numerosos mensajes amenazantes, «algunas de ellas deseándome la muerte».
«Defender la libertad de expresión»
El proceso se enmarca en un problema más amplio de debate público. Elena considera que las campañas de presión «favorecen un clima de confrontación que dificulta el diálogo sereno sobre cuestiones complejas relacionadas con la identidad y la afectividad humana» y sostiene que «un verdadero respeto a la diversidad debería incluir también el respeto a quienes mantienen posiciones diferentes». Defiende, añade, «el derecho de quienes discrepan de mis ideas a expresar las suyas», y reclama reciprocidad: «Exijo el mismo respeto por las mías que yo muestro por las suyas».
A la espera del juicio oral, ha reabierto una campaña de financiación colectiva para costear su defensa legal, cifrada en 16.000 euros, con el objetivo declarado de «defender la libertad de expresión, la libertad de información y el derecho a defender determinadas ideas sin miedo».
