(Forum Libertas/InfoCatólica) Barcelona acogerá durante los primeros días de octubre dos encuentros internacionales concebidos para diseñar estrategias de expansión del aborto en los sistemas sanitarios, en la legislación y en la percepción social. No se trata de reuniones estrictamente médicas: la convocatoria dirige la mirada hacia activistas, responsables políticos, profesionales sanitarios, investigadores y juristas.
El primero se celebrará el 1 de octubre en el Campus de la Ciutadella de la Universidad Pompeu Fabra, que figura como sede pero no como entidad organizadora. Lleva por título «Foro Internacional de Alianzas por el Derecho al Aborto: Activismos para transformar sistemas sanitarios y espacios comunitarios» y lo organiza Vull Avortar, programa de la Associació de Drets Sexuals i Reproductius. Según la presentación de la propia entidad, congregará a más de 200 participantes, una veintena de ponentes procedentes de diez países y responsables de políticas públicas. La inscripción es gratuita y habrá traducción simultánea al catalán, al castellano y al inglés.
El Foro servirá de antesala a la 16.ª Conferencia Internacional de la FIAPAC, federación internacional de profesionales del aborto y la anticoncepción, cuyas sesiones principales tendrán lugar los días 2 y 3 de octubre.
El programa y sus objetivos declarados
Josep Miró i Ardèvol analiza ambas convocatorias en ForumLibertas y sostiene que sus fines no están ocultos, sino formulados de manera explícita en la documentación oficial. El programa del Foro incluye el desarrollo del activismo dentro de los sistemas sanitarios, el refuerzo de las redes feministas de acompañamiento, la conversión de la investigación en instrumento de transformación, la movilización política y jurídica y la construcción de nuevas narrativas sobre el aborto. La entidad organizadora afirma que la acción exterior y la actuación dentro de las instituciones deben ser «interdependientes y complementarios».
En el preprograma figuran la secretaria general de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, el director del Plan de Salud Afectiva, Sexual y Reproductiva del Departamento de Salud y la presidenta del Consejo Asesor de Políticas de Género del mismo departamento. Las ministras de Igualdad y de Sanidad, junto con la consejera catalana de Salud, aparecen como pendientes de confirmación.
La conferencia de la FIAPAC abordará la ampliación de la práctica abortiva, la formación de profesionales, el aborto posterior al primer trimestre y la creación de coaliciones nacionales para extender su prestación. Introduce además el concepto de «contragestión» y anuncia un debate sobre lo que la organización denomina «falsa división» entre anticoncepción y aborto. Miró i Ardèvol advierte que ese desplazamiento terminológico no es inocuo: primero se evita hablar de vida humana, después se sustituye aborto por interrupción y finalmente se integra todo en un supuesto «continuo reproductivo». Lo que desaparece del lenguaje, argumenta, acaba desapareciendo de la conciencia.
Un modelo con alcance nacional
El autor rechaza que estos encuentros puedan leerse como una singularidad barcelonesa o catalana. A su juicio, Barcelona funciona como escaparate y laboratorio avanzado de una política que afecta al conjunto de España. La reforma de la ley del aborto de 2023 encargó a los poderes públicos no solo garantizar la prestación, sino promover acciones para «desestigmatizarla», incorporar su práctica a la formación de los profesionales sanitarios e impulsar investigaciones y campañas institucionales. El Foro reproduciría casi literalmente los objetivos fijados por la Ley Orgánica 1/2023.
Las cifras acompañan el diagnóstico. En 2024 se practicaron en España 106.172 abortos, casi un 3% más que el año anterior, con un incremento cercano a los 18.000 casos desde 2020 y una tasa nacional de 12,36 por cada mil mujeres de 15 a 44 años. El peso de los centros públicos ha crecido un 50% desde 2019, según el Ministerio de Sanidad. Cataluña encabeza la estadística con 21.761 abortos y una tasa de 14,89 por mil, equivalentes a 40,4 abortos por cada cien nacimientos, frente a los 33,4 del conjunto del país.
El contraste con la situación demográfica es marcado: en 2024 nacieron 318.005 niños, un 25,6% menos que una década antes, y la fecundidad descendió hasta 1,10 hijos por mujer. El saldo vegetativo de 2025 fue negativo en más de 122.000 personas y el INE proyecta más defunciones que nacimientos durante los próximos cincuenta años.
La objeción antropológica
Para Miró i Ardèvol, el problema de fondo no es estadístico, sino antropológico y moral. Un derecho auténtico, argumenta, protege a la persona frente al poder ajeno y no puede consistir en atribuir al más fuerte la facultad de decidir si el más débil merece seguir viviendo. El concebido no sería una posibilidad abstracta ni una parte del cuerpo de la madre, sino un individuo humano en la fase inicial de su existencia: nadie se vuelve humano al alcanzar un tamaño determinado, adquirir conciencia o dejar de depender de otro.
Si la dignidad dependiera de la autonomía, señala, los recién nacidos, los enfermos graves y las personas con deterioro cognitivo valdrían menos. La jurisprudencia constitucional española reconoce la vida prenatal como bien constitucionalmente protegido, lo que a su entender hace insostenible presentar el aborto como una prestación sanitaria más, desprovista de conflicto moral. La doctrina social cristiana lo formula con mayor claridad: el derecho a la vida desde la concepción es el primero porque hace posibles todos los demás, y Evangelium vitae advierte que ninguna mayoría puede convertir en derecho la negación del derecho fundamental a la vida de otra persona.
Acompañar a la madre, no solo denunciar
La defensa de la vida, insiste el autor, no se agota en la denuncia. Obliga a hacerse cargo de la mujer embarazada que afronta abandono, precariedad, miedo o presión familiar. Madre e hijo no son enemigos, y la respuesta justa debe proteger a ambos: ayudas económicas, vivienda, conciliación laboral, guarderías, acompañamiento psicológico, apoyo a la adopción y una red estable de entidades capaces de ofrecer alternativas reales. Una elección no es plenamente libre, sostiene, cuando la Administración financia de inmediato el aborto mientras la mujer que desea tener a su hijo no encuentra ayuda suficiente. Recuerda que la Constitución ordena a los poderes públicos proteger a la familia y asegurar la protección integral de las madres y de los hijos.
Tres actuaciones concretas
Frente a una estructura internacional dotada de recursos y con capacidad de influencia dentro de las instituciones, el analista propone tres respuestas. La primera es una participación masiva en el acto convocado para el 17 de septiembre, a las 19.30 horas, en la sala de actos de la Iglesia de Santa María de Montalegre de Barcelona, bajo el título «Y después del aborto, ¿qué? Testimonios». La segunda, una campaña de mil carteles de gran formato en las calles de la ciudad. La tercera, extender la iniciativa a toda España mediante la difusión de la declaración de la campaña, la creación de redes permanentes, el apoyo a las entidades que acompañan a las madres y la movilización de ciudadanos, familias, parroquias, profesionales sanitarios y asociaciones.
No basta con escandalizarse ni con formular una objeción moral en privado, concluye: la conciencia debe traducirse en presencia cívica, ayuda concreta y acción política perseverante.
