(InfoCatólica) Un artículo publicado en la edición de julio de 2026 del New England Journal of Medicine plantea que los pacientes aprobados para el programa canadiense de eutanasia (MAiD, por sus siglas en inglés) puedan morir directamente mediante la donación de sus órganos, eliminando la exigencia de que el donante sea declarado muerto antes de la extracción.
La propuesta, que en la práctica equivale a la legalización de la vivisección con consentimiento del paciente, ha generado reacciones de alarma entre bioéticos y profesionales clínicos.
La «regla del donante muerto» y su cuestionamiento
El artículo, firmado por Carter Winberg, médico canadiense de cuidados intensivos y estudiante de máster en bioética en Harvard, e Ian Ball, también intensivista canadiense, entre otros autores, parte de una constatación técnica: cuando se espera a que el donante sea declarado muerto antes de proceder a la extracción, los órganos permanecen varios minutos sin circulación sanguínea, lo que reduce su viabilidad para el trasplante. Ante las largas listas de espera en Canadá, los autores proponen suprimir lo que se conoce como la «regla del donante muerto» (dead donor rule, DDR) en el contexto específico de la eutanasia voluntaria.
La DDR funciona, de hecho, como una regla de «no matar»: impide que la extracción de órganos sea la causa directa de la muerte del paciente, al exigir una secuencia temporal estricta en la que primero se certifica el fallecimiento y solo después comienza la intervención quirúrgica. Alterar esa secuencia tiene un nombre preciso en la historia de la medicina: vivisección, un procedimiento que fue juzgado como crimen de guerra tras las atrocidades nazis, recuerda Valerie Hudson, profesora de la Escuela Bush de Gobierno y Servicio Público de la Universidad Texas A&M, en un análisis publicado en Deseret News.
Qué cambia: del protocolo actual a la «muerte por donación»
El procedimiento actual de donación de órganos tras eutanasia sigue un protocolo estricto. El paciente es trasladado a un hospital, donde recibe la inyección letal. A continuación se monitoriza la presión arterial mediante una línea insertada en una pequeña arteria de la muñeca para determinar el momento en que el corazón deja de latir. Los médicos esperan entonces cinco minutos adicionales, el llamado periodo de «no contacto», para confirmar la muerte antes de trasladar al paciente al quirófano para la extracción.
Lo que propone el artículo del NEJM es radicalmente distinto. El paciente sería llevado directamente al quirófano, donde recibiría los mismos fármacos sedantes utilizados en la eutanasia. Una vez completamente inconsciente, comenzaría la cirugía. La muerte sería causada directamente por la extracción de los órganos vitales. Los autores sostienen que, al eliminarse el tiempo de isquemia (el periodo sin flujo sanguíneo que deteriora los órganos), pulmones, hígados, riñones y páncreas alcanzarían una viabilidad comparable a la de los órganos extraídos tras muerte cerebral. Además, permitiría la donación de corazones, que hoy proceden casi exclusivamente de donantes con muerte cerebral confirmada.
La lógica del consentimiento como justificación
Los autores argumentan que, cuando el paciente ha elegido libre y competentemente ser eutanasiado, la distinción entre morir instantes antes o durante la extracción de órganos carece de relevancia ética. En su razonamiento, lo determinante no es el momento biológico exacto de la muerte, sino el respeto a la decisión autónoma del paciente, siempre que existan salvaguardas contra la coerción.
Hudson señala que la lógica del argumento es internamente impecable, pero advierte de que debe ser identificada por lo que realmente representa: una justificación de la vivisección. La pregunta que subyace, sostiene, es si el consentimiento del paciente basta para convertir en aceptable un acto que históricamente ha sido considerado una atrocidad.
«Eso es un asesinato»
La propuesta ha suscitado reacciones contundentes entre especialistas en bioética. Lainie Friedman Ross, bioética de la Universidad de Rochester, lo ha calificado sin rodeos: la «muerte por donación de órganos» consiste en «pedir a los cirujanos que lleven a una persona viva al quirófano y salgan con una persona muerta», lo que en su opinión constituye un asesinato.
Kerry Bowman, bioético de la Universidad de Toronto con amplia experiencia en casos de eutanasia, ha expresado una preocupación distinta pero igualmente grave. Bowman señala que un grupo significativo de pacientes aprobados para el programa MAiD finalmente desiste y muere de su enfermedad por otras vías. Sin embargo, si esos pacientes ya han iniciado conversaciones sobre donación de órganos, pueden sentirse presionados a no dar marcha atrás, lo que erosiona el carácter voluntario del programa.
Bowman subraya además la vulnerabilidad psicológica de estos pacientes. Las personas que solicitan la eutanasia, señala, suelen estar profundamente agotadas por la realidad de sus enfermedades. Algunos le han dicho: «Tomo más de lo que doy. Todos cuidan de mí. Yo no devuelvo nada». En ese contexto, advierte, la posibilidad de una presión sutil hacia la donación es real: existe un deseo clínico comprensible de no desperdiciar órganos, y la sociedad premia públicamente la generosidad del donante.
Canadá, líder mundial en donación de órganos tras eutanasia
Los datos sitúan a Canadá como el país que más donaciones de órganos realiza tras la eutanasia. Entre 2019, primer año en que estuvo disponible esta opción, y 2021, se practicaron 136 donaciones de órganos tras la administración de la inyección letal. Solo en 2021, Canadá registró 41 casos, frente a apenas 20 en Bélgica, Países Bajos y España juntos, según un estudio citado por el National Post.
Las cifras globales del programa MAiD muestran una tendencia sostenida de crecimiento. En 2016, cuando se legalizó la eutanasia, 1.018 personas murieron bajo este programa, menos del 1 % de las muertes en el país. En 2021 fueron 10.064, más del 3 %. En 2025, la cifra superó las 16.500 personas, más del 5 % de todos los fallecimientos canadienses. La lista de condiciones que dan acceso al programa se ha ampliado progresivamente, y la inclusión de las enfermedades mentales, prevista para marzo de 2027, hace prever un nuevo aumento significativo.
Una estructura de incentivos perversa
Hudson subraya que la estructura de incentivos en un sistema de sanidad pública como el canadiense resulta perversa: los ciudadanos que eligen morir ahorran costes al Estado, mientras que quienes eligen vivir no pueden esperar de su gobierno una asistencia equivalente. La posibilidad de una coerción sutil, argumenta, es real y está documentada en numerosos testimonios de ciudadanos canadienses.
La profesora de Texas A&M concluye que la aprobación de la ley de eutanasia en 2016 destruyó la brújula moral de Canadá, dejando al país sin base para oponerse a propuestas como la que ahora plantea el New England Journal of Medicine.
