(EWTN/InfoCatólica) Los obispos de Estados Unidos han presentado ante la Oficina de Gestión y Presupuesto (Office of Management and Budget, OMB) un extenso documento de alegaciones a la normativa federal propuesta sobre ayudas financieras, en el que respaldan las restricciones al uso de fondos públicos para promover la ideología de género y el aborto, pero se oponen con firmeza a disposiciones que, a su juicio, podrían penalizar la labor caritativa de la Iglesia con inmigrantes y amenazar la libertad religiosa.
La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés) remitió el 8 de julio sus comentarios formales sobre la norma propuesta por la OMB (referencia OMB-2026-0034), que revisa la regulación de las ayudas financieras federales recogidas en el Título 2 del Código de Regulaciones Federales. La norma afecta directamente a organizaciones católicas que participan en programas federales: cáritas diocesanas, colegios, centros de salud y otras entidades asistenciales.
Apoyo a las restricciones sobre ideología de género
Los obispos expresan su respaldo pleno a la disposición que prohíbe destinar fondos federales a actividades que nieguen el binarismo sexual o presenten el sexo como una característica elegida o modificable. La USCCB considera la medida «prudentemente diseñada como una restricción al alcance de las actividades que pueden financiarse con ayudas federales, y no como una prohibición del discurso o la conducta fuera del ámbito de la ayuda».
La conferencia episcopal apoya igualmente la prohibición de financiar los denominados «procedimientos de rechazo del sexo» (sex-rejecting procedures, SRP) en menores de 19 años, pero insta a la OMB a reforzar la norma en dos sentidos: que la restricción se extienda también a los adultos, puesto que la objeción no se limita a los riesgos sanitarios o a la incapacidad de consentimiento de los menores, sino al procedimiento en sí mismo; y que la prohibición incluya expresamente la llamada «transición social», así como las acciones de centros educativos que faciliten dicha transición sin notificación a los padres.
Aborto: exigen alinearse con la Enmienda Hyde
Sobre la disposición que prohíbe imputar a las ayudas federales costes «asociados con abortos electivos», los obispos la consideran loable en su concepto pero deficiente en su ejecución. La USCCB advierte de que el término «electivo» no aparece en la Enmienda Hyde ni en la legislación federal análoga, y su uso podría interpretarse de forma más restrictiva que la propia Enmienda, dejando abierta la puerta a la financiación de abortos en supuestos que Hyde prohíbe.
Los obispos solicitan que la norma final abandone la referencia a «electivo» y adopte literalmente el lenguaje de la Enmienda Hyde, que solo permite excepciones en casos de violación, incesto o peligro de muerte para la madre. Reclaman además que la OMB aclare el alcance de la expresión «asociados con», preguntando expresamente si incluye las derivaciones, el asesoramiento para abortar o el transporte con ese fin. Sin esa clarificación, advierten, la norma podría permitir que programas que promueven o facilitan el aborto sigan recibiendo fondos federales.
Oposición frontal a las restricciones sobre inmigración
La disposición que recibe la oposición más intensa es la que prohíbe utilizar fondos federales para «fomentar o facilitar la inmigración ilegal o cualquier otra iniciativa que comprometa la seguridad pública o promueva valores antiamericanos». La USCCB denuncia que su amplitud amenaza con paralizar actividades legítimas y, en algunos casos, religiosamente motivadas.
«Atender las necesidades humanas básicas de los inmigrantes, sin distinción de su situación migratoria, es parte integral de la misión de la Iglesia católica y sus ministerios», señala el documento. Los obispos advierten de que, bajo las interpretaciones de la actual Administración, incluso garantizar la plena integración de los inmigrantes indocumentados en la vida sacramental de la Iglesia o escolarizar a sus hijos podría interpretarse como «fomentar» su presencia no autorizada en el país.
Respecto a la prohibición de «valores antiamericanos», la USCCB recuerda que el concepto carece de definición y que la tolerancia de las opiniones disidentes ha sido históricamente considerada un valor estadounidense. El documento evoca la larga tradición de hostilidad anticatólica en Estados Unidos, desde las llamadas Blaine Amendments, enraizadas en el sectarismo anticatólico, hasta episodios recientes en los que entidades católicas fueron señaladas en el Congreso como facilitadoras de la inmigración ilegal.
E-Verify y terminación discrecional de ayudas
Los obispos se oponen igualmente al mandato de uso obligatorio del sistema E-Verify para todos los receptores de ayudas federales. Aunque consideran razonable que la OMB prohíba el empleo irregular en programas financiados con fondos públicos, advierten de que la norma propuesta, sin un mecanismo de protección adecuado (safe harbor), podría «paralizar la contratación legítima, sobrecargar a las organizaciones sin ánimo de lucro y religiosas, y fomentar un exceso de verificación discriminatorio».
La USCCB objeta con especial dureza la obligación de informar al organismo federal de las verificaciones negativas definitivas, lo que a su juicio convertiría a las entidades receptoras en piezas de una arquitectura de control migratorio. Esta exigencia, señalan, podría generar incentivos perversos para evitar la contratación de personas percibidas como más propensas a generar complicaciones con E-Verify por razón de origen nacional, etnia, idioma o apellido, lo que constituiría una violación de la legislación federal de derechos civiles.
Por último, los obispos expresan su preocupación por la cláusula de terminación discrecional de las ayudas, que permite a las agencias federales cancelar una subvención si consideran que no responde al «interés nacional». La conferencia episcopal advierte de que esta discrecionalidad virtualmente ilimitada podría ser utilizada por futuras administraciones para eludir las propias protecciones a la libertad religiosa que la norma establece.
Libertad religiosa: más allá de la no discriminación
Si bien la USCCB aplaude la inclusión de una cláusula que prohíbe discriminar a las organizaciones religiosas en los procesos de concesión de ayudas, considera que la protección es insuficiente. Los obispos reclaman que la norma final incorpore expresamente la aplicación de la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa (RFRA), que exige al Gobierno federal demostrar un interés imperioso antes de imponer cargas sobre el ejercicio religioso, y que lo haga del modo menos restrictivo posible. Solicitan además que la protección se extienda a todo el ciclo de vida de la ayuda, no solo al proceso de solicitud, e incluya una cláusula general que establezca que la norma no desplaza ninguna legislación más protectora de la libertad religiosa.
