(La Veu Lliure/InfoCatólica) Andorra tiene sobre la mesa una propuesta normativa técnicamente acabada para «despenalizar el aborto», pero su tramitación parlamentaria permanece en suspenso a la espera de que concluya el diálogo con la Santa Sede. Así lo confirmó el ministro de Relaciones Institucionales del principado, Ladislau Baró, en declaraciones difundidas el 1 de junio, en las que subrayó que el texto está «escrito y preparado» pero que el Gobierno andorrano aún no está en condiciones de presentarlo al Consell General, el parlamento del principado.
Un texto preparado, un proceso que no concluye
Baró fue directo en su diagnóstico: la parte técnica y filosófica de la propuesta está completamente elaborada. Sin embargo, el ejecutivo andorrano se ha impuesto como condición propia completar el proceso de conversaciones con la Santa Sede antes de dar el paso legislativo. Según precisó el ministro, restan todavía varias sesiones de trabajo para cumplir todos los requisitos que el Gobierno se ha fijado.
Fue también cuidadoso en delimitar el alcance jurídico de esas negociaciones. «No es que la Santa Sede tenga la decisión sobre este tema; la decisión la tiene el Consell General, y el Gobierno ha de presentar la iniciativa», declaró. En su lectura, el diálogo con Roma no equivale a un derecho de veto, sino a una condición que el propio ejecutivo se ha fijado para garantizar la estabilidad institucional del país. El ministro se mostró optimista: afirmó que Andorra se encuentra «muy lejos» de cualquier ruptura institucional y «muy cerca» de encontrar el equilibrio buscado. Aunque evitó fijar plazos, dejó claro que la cuestión habrá de resolverse durante la legislatura actual.
La singular arquitectura constitucional andorrana
Para entender las complejidades del debate es necesario tener presente la estructura constitucional del principado. Andorra tiene dos copríncipes que ejercen conjuntamente la jefatura del Estado: el presidente de Francia y el obispo de Urgell. Esta dualidad convierte cualquier reforma legislativa en materia moral en un proceso de especial delicadeza política e institucional.
En la práctica, las leyes relativas a asuntos contenciosos han sido promulgadas en exclusiva por el copríncipe francés, sin la firma del obispo. Así ocurrió con la ley que reconoció las uniones civiles entre personas del mismo sexo, sancionada en su momento por Jacques Chirac, y con la ley de reproducción asistida de 2019, firmada únicamente por Emmanuel Macron. La legislación andorrana prevé que baste la firma de uno solo de los dos copríncipes para que una norma entre en vigor.
La negociación sobre la despenalización del aborto ha adquirido, sin embargo, una dimensión eclesial más explícita que las precedentes. En septiembre de 2023, el secretario de Estado vaticano, el Cardenal Pietro Parolin, visitó Andorra en un momento en que circulaban rumores sobre una posible abdicación del entonces obispo de Urgell, Joan-Enric Vives, antes de firmar cualquier ley contraria a la enseñanza de la Iglesia. Parolin descartó públicamente esa posibilidad y calificó el asunto de «cuestión muy delicada y muy compleja, que hay que abordar con mucha discreción y mucha sabiduría». Ese mismo año, el cardenal también se había reunido con el entonces jefe de Gobierno andorrano, Xavier Espot, junto al Arzobispo Paul Gallagher, secretario vaticano para las Relaciones con los Estados, en el marco de los trabajos para encontrar una fórmula de compromiso.
Vives había llegado a afirmar que «cuando el pueblo andorrano pide a un obispo que sea su jefe de Estado, sabe lo que eso implica», y había descartado la posibilidad de sancionar cualquier norma contraria a la doctrina.
El nuevo obispo y un cambio de registro
El nombramiento de un nuevo obispo de Urgell ha alterado el escenario. Josep-Lluís Serrano Pentinat hizo su primera aparición pública en el cargo el 31 de mayo y adoptó un registro muy diferente al de su predecesor. En sus primeras declaraciones como obispo, Serrano afirmó que «debe haber diálogo y apoyo para quienes sufren, especialmente las mujeres en una situación difícil» en relación con el aborto, un giro de tono que fue ampliamente interpretado como señal de mayor disposición al entendimiento.
Según recoge The Pillar, en los últimos años la Iglesia habría señalado una aceptación tácita de los esfuerzos de despenalización, a condición de que el obispo de Urgell quedara exento de sancionar formalmente la medida como copríncipe.
¿Despealización con aprobación vaticana? Solo rumores de prensa
La Vanguardia informó en 2024 de que las autoridades del principado negociaban con el Vaticano un cambio en la política andorrana y afirmó que la Santa Sede habría aprobado con discreción el plan de despenalización ese mismo año, con el conocimiento del entonces Papa Francisco. Esa información nunca fue confirmada oficialmente.
El debate recobró impulso en abril, cuando Macron visitó el principado y afirmó en un discurso que «muchos andorranos reclaman» la despenalización del aborto y que «se ha puesto en marcha un diálogo» para avanzar «con respeto a las instituciones, la conciencia de todos y la tradición». Espot, tras reunirse con el presidente francés, consideró necesario avanzar «con realismo, con prudencia y con ambición», sin fijar un calendario concreto.
León XIV y el precedente del rey Balduino
Las palabras del Papa León XIV en una alocución dirigida a políticos franceses ofrecen un marco de referencia para este debate. El Pontífice recordó que «el cristianismo no puede reducirse a una simple devoción privada, porque implica una manera de vivir en sociedad impregnada por el amor a Dios y al prójimo que, en Cristo, ya no es un enemigo sino un hermano». Aludiendo a «las presiones, las directivas de partido, las colonizaciones ideológicas», expresión que retomaba del Papa Francisco, León XIV instó a los políticos a tener «el coraje de decir, a veces, "no, no puedo", cuando la verdad está en juego», y añadió que «solo la unión con Jesús, el Jesús crucificado, les dará ese coraje para sufrir en su nombre».
El precedente más evocado en este contexto es el del rey Balduino de Bélgica, cuya causa de beatificación fue abierta por el Papa Francisco durante su visita a Bélgica en septiembre de 2025. En 1990, Balduino se negó a sancionar la ley que despenalizaba el aborto hasta las doce semanas de gestación, argumentando en un mensaje al primer ministro belga que temía que esa ley contribuyera a «una disminución palpable del respeto por la vida de los más débiles entre nosotros». La crisis constitucional fue resuelta cuando el Gobierno declaró temporalmente al rey incapaz para reinar, promulgó la norma y lo restableció en el trono días después. En su momento, Balduino interpeló a sus compatriotas: «¿Es justo que yo sea el único ciudadano belga obligado a actuar contra su conciencia en una cuestión tan crucial? ¿Es la libertad de conciencia sagrada para todos menos para el rey?».
