(CNA/InfoCatólica) La Federación de Asociaciones de Familias Católicas en Europa (FAFCE), organización fundada en 1997 y con sede en Bruselas, atraviesa una grave crisis financiera tras la decisión de la Unión Europea de congelar por completo la financiación de todos los proyectos presentados por la federación en el marco de los programas comunitarios.
FAFCE agrupa a 33 asociaciones familiares de 21 países europeos y desarrolla su labor conforme a la doctrina social de la Iglesia, defendiendo la familia fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer, la protección de la infancia y la dignidad de la persona humana. Sin embargo, esta fidelidad a la enseñanza católica se ha convertido en un obstáculo insalvable para acceder a fondos europeos.
La Comisión Europea rechazó las seis propuestas de proyectos presentadas por la federación, todas ellas vinculadas a programas esenciales como Erasmus+ y Ciudadanía, Igualdad, Derechos y Valores (CERV). Según la evaluación oficial, los proyectos contenían «información limitada sobre desigualdades de género» y no incorporaban de forma suficiente criterios de «diversidad de género» y «salvaguardas contra la discriminación».
Además, los evaluadores llegaron a afirmar que el enfoque de las propuestas «podría contravenir las disposiciones de igualdad de la UE», sin aportar pruebas concretas que justificaran semejante acusación. Esta argumentación ha sido interpretada por FAFCE como un claro ejemplo de exclusión ideológica.
Los proyectos rechazados estaban centrados en ámbitos como la protección de menores, la prevención del acceso de niños y adolescentes a la pornografía y la lucha contra la soledad juvenil, cuestiones directamente relacionadas con el bien común y el fortalecimiento de las familias.
El presidente de FAFCE, Vincenzo Bassi, ha advertido de que la congelación de fondos coloca a la federación en una situación crítica. La organización necesita recaudar al menos 150.000 euros para poder mantener su estructura básica, evitar despidos y continuar su presencia institucional en Bruselas durante el próximo año.
Bassi denunció la situación como una clara «discriminación ideológica» y cuestionó abiertamente los criterios de la Comisión Europea. «¿Cómo puede una federación de asociaciones cuya misión principal es la promoción de la familia ser excluida de proyectos financiados por la UE como CERV o Erasmus+?», declaró.
La decisión de Bruselas ha provocado también reacciones políticas. La eurodiputada húngara Kinga Gál calificó la medida como «la forma más elevada de discriminación» y defendió que penalizar a quienes promueven la familia natural supone un ataque directo a los fundamentos sociales de Europa. «Las familias fuertes hacen comunidades fuertes. Las comunidades fuertes hacen naciones fuertes. No podemos permitir que Bruselas borre este valor fundamental en nombre de la ideología de género», afirmó.
Varios eurodiputados han presentado preguntas formales a la Comisión Europea para exigir explicaciones sobre los criterios utilizados en la asignación de fondos y para reclamar garantías de que las organizaciones de inspiración cristiana no sean excluidas por razones ideológicas.
El caso de FAFCE pone de manifiesto el clima de creciente hostilidad de las instituciones europeas hacia las entidades que defienden la familia, la vida y la antropología cristiana, en un contexto en el que la ideología de género se impone como condición obligatoria para acceder a recursos públicos, incluso a costa de vulnerar la libertad religiosa y la pluralidad social.
