(Fides/InfoCatólica) Las fuentes eclesiales han reconstruido los acontecimientos (*) que desembocaron en la huida del presidente y en la toma del poder por parte del coronel. «Cuando los militares del CAPSAT decidieron amotinarse y salir a la calle para defender a los manifestantes, se temió lo peor. Los soldados se dirigieron a la plaza del 13 de mayo, lugar simbólico de la capital y escenario de las principales manifestaciones de Madagascar. Allí se encontraron con los gendarmes que defendían el palacio presidencial. Hubo algunos disparos y al menos un soldado resultó muerto. De repente, los gendarmes se retiraron, permitiendo a los soldados entrar en la plaza».
«Cabe recordar —añaden las fuentes de Fides— que precisamente el 11 de octubre el papa León XIV presidió una vigilia de oración por la paz. Ese mismo día, los obispos malgaches habían convocado una jornada de oración y ayuno por la patria. Entre los soldados y los gendarmes hay varios fieles católicos que podrían haber decidido seguir la voz de su conciencia y evitar un baño de sangre en el país. La situación se ha calmado por el momento, aunque se pide rezar para que todas las partes alcancen un acuerdo. La población ha acogido con alivio la toma del poder por parte de los militares, y las calles de la capital se han llenado de personas que celebraban».
Tras la salida del presidente Rajoelina, declarado destituido por los militares, se abre ahora una fase de incertidumbre institucional. «El coronel Randrianirina ha anunciado que mañana el Tribunal Constitucional Supremo lo investirá como presidente. Pero el Tribunal fue disuelto por los propios militares hace solo unos días. Por tanto, se ha creado una confusión institucional que no se sabe cómo se resolverá», subrayan las fuentes.
En su anuncio, el coronel Randrianirina aseguró que tomará posesión con el título de “Presidente para la Refundación de la República de Madagascar”, en alusión a su programa, que contempla una reforma constitucional previa a la elección de los representantes de las nuevas instituciones.
«El camino para salir de la crisis es largo y los temores de nuevos actos de violencia no se han disipado por completo», advierten las fuentes. «Podemos decir que, si el 11 de octubre había un 70 % de probabilidades de que estallara una guerra civil, ahora estas se han reducido al 15 %».
La Unión Africana anunció ayer la suspensión inmediata de Madagascar tras el golpe de Estado y exigió el restablecimiento de un gobierno civil, así como la convocatoria de elecciones.
(*) Resumen de lo ocurrido
En las últimas semanas, Madagascar ha atravesado una profunda crisis política y social marcada por un amplio movimiento de protesta liderado principalmente por jóvenes. Las manifestaciones, que comenzaron a finales de septiembre, denunciaban los prolongados cortes de agua y electricidad, el desempleo estructural y la corrupción. Ante el aumento de la tensión, el gobierno decretó el toque de queda en la capital, Antananarivo, y desplegó fuerzas de seguridad que utilizaron gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a los manifestantes.
El 29 de septiembre, el presidente Andry Rajoelina disolvió el gobierno en un intento de calmar la situación, pero la medida no logró frenar las movilizaciones. El 11 de octubre, unidades de élite del ejército (CAPSAT) se amotinaron y se unieron a los manifestantes, ocupando puntos estratégicos de la capital, incluida la simbólica plaza del 13 de mayo. Al día siguiente, el Parlamento votó la destitución del presidente, pese a que este había ordenado la disolución de la Asamblea Nacional.
Tras la toma de poder por parte de los militares, varias instituciones fueron suspendidas, entre ellas la Constitución, el tribunal electoral y el Tribunal Supremo, manteniéndose únicamente en funcionamiento la Asamblea Nacional. El coronel Michael Randrianirina, jefe del CAPSAT, emergió como figura clave y fue confirmado como presidente interino. Ha anunciado que ejercerá un mandato provisional de hasta dos años, durante el cual se llevará a cabo una reforma constitucional y se convocarán elecciones bajo un nuevo marco institucional dirigido por un consejo de transición compuesto por militares, gendarmes y policías.
La Unión Africana ha suspendido a Madagascar de todas sus actividades y ha exigido el retorno al orden constitucional mediante un gobierno civil y la celebración de elecciones libres. Diversos países y organismos internacionales han expresado su preocupación por la ruptura institucional y han instado a respetar los derechos humanos y los compromisos internacionales.
