(InfoCatólica) La nueva norma devuelve a la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA) un papel central en la gestión de los bienes de la Santa Sede y abre la posibilidad de recurrir a intermediarios externos cuando así lo determine el Comité para las Inversiones.
El texto representa un cambio de rumbo respecto a la línea de centralización aplicada durante los últimos años. En 2022, el rescripto ex audientia firmado por Francisco había ordenado que todas las instituciones vaticanas transfiriesen sus activos financieros al IOR en un plazo máximo de treinta días, con el objetivo de unificar la administración patrimonial bajo un único control. Esa medida puso fin a la autonomía con la que distintos dicasterios y entidades vaticanas habían gestionado tradicionalmente sus recursos, algunos de los cuales se encontraban depositados en bancos internacionales.
Tres años después, León XIV restablece un sistema de gestión compartida que introduce nuevos mecanismos de coordinación. Según el motu proprio, la APSA continuará siendo responsable de la administración del patrimonio, pero el IOR actuará como instrumento operativo «salvo que el Comité para las Inversiones determine que es más eficiente o conveniente recurrir a otros intermediarios financieros». De este modo, la función del IOR se mantiene, pero pierde el carácter de exclusividad que había tenido desde 2022.
La disposición busca reforzar la cooperación entre organismos y promover una mayor transparencia en la administración de los recursos vaticanos. En la práctica, la APSA recupera capacidad de decisión sobre las inversiones, mientras que el IOR se mantiene como la principal estructura de ejecución, sin monopolizar la gestión de los fondos. El Comité para las Inversiones, creado por Praedicate Evangelium, se convierte en el órgano de referencia para evaluar las opciones más adecuadas en cada caso.
El documento se enmarca en el inicio del pontificado de León XIV y refleja una voluntad de revisar la arquitectura económica de la Santa Sede para adecuarla a un esquema más flexible y colaborativo. La entrada en vigor de «Coniuncta cura» es inmediata desde su publicación en L’Osservatore Romano, y todas las instituciones vaticanas deberán ajustarse a las nuevas disposiciones en materia de inversiones y administración patrimonial.
Con esta medida, la Santa Sede pasa de un modelo de control centralizado a un sistema de corresponsabilidad institucional. La reforma redefine el papel de los organismos económicos vaticanos y marca un nuevo capítulo en la política financiera del Estado de la Ciudad del Vaticano, que recupera parte de la estructura descentralizada previa a 2022, bajo criterios de supervisión común y cooperación interna.
