(InfoCatólica) Estamos ante un paso significativo hacia la rendición de cuentas en un caso que ha generado acusaciones de abuso de poder y vulneración de la libertad religiosa bajo la anterior administración.
Antecedentes
El origen del escándalo se remonta a enero de 2023, cuando la oficina del FBI en Richmond, Virginia, emitió un memorando titulado «Interés de extremistas violentos motivados racial o étnicamente en la ideología católica tradicionalista radical». El documento sugería controlar a grupos católicos vinculados a la misa en latín tradicional y a organizaciones como la Sociedad de San Pío X (SSPX), argumentando posibles conexiones con ideologías de extrema derecha. Se planteaba reclutar confidentes en parroquias católicas para identificar «oportunidades de mitigación» ante eventuales riesgos de radicalización, citando fuentes como el Southern Poverty Law Center.
El memorando se filtró en febrero de 2023, lo que obligó al entonces director del FBI, Christopher Wray, a retractarse de inmediato y a calificarlo de error aislado que no cumplía con los estándares de la agencia. Sin embargo, investigaciones posteriores del Comité Judicial de la Cámara de Representantes revelaron que no se trataba de un hecho puntual: implicaba coordinación con al menos otras dos oficinas y hasta 13 documentos adicionales con referencias despectivas hacia el catolicismo tradicionalista. También se supo que se utilizó a un agente encubierto para entrevistar a un sacerdote y a un director de coro en una capilla de la SSPX, y que se investigaron antecedentes, viajes y movimientos financieros de clérigos que se negaron a facilitar información confidencial de feligreses.
Una investigación interna del Departamento de Justicia, concluida en abril de 2024, determinó que el memorando incumplía las normas profesionales al vincular de manera indebida creencias religiosas con riesgos de terrorismo, aunque no halló pruebas de un sesgo generalizado.
Vulneración de la Primera Enmienda
Las actuaciones de vigilancia despertaron preocupación por posibles vulneraciones de la Primera Enmienda, que protege la libertad religiosa. Legisladores republicanos, como Jim Jordan y Josh Hawley, denunciaron el memorando como prueba de un sesgo anticatólico y anticonservador en el FBI bajo la administración Biden-Harris. El expresidente Donald Trump también se refirió al caso en mítines, denunciando una «persecución contra cristianos» y supuestos planes para infiltrar iglesias.
Instrucciones para que no se repita el caso
En su declaración del 16 de septiembre de 2025, Patel, nombrado director del FBI a principios de año tras la dimisión de Wray en diciembre de 2024, aseguró que bajo su mandato se han implantado «soluciones permanentes» para restringir la colocación de informantes en lugares de culto, limitándolos únicamente a casos con amenazas criminales o terroristas activas. En respuesta a Hawley, Patel afirmó: «Hemos tenido despidos relacionados con este caso y también dimisiones», en referencia al memorando de Richmond, aunque no precisó los nombres ni las funciones de los afectados.
Patel destacó la transparencia de su gestión, señalando que el FBI ha entregado 700 documentos al Congreso sobre el memorando, frente a las 19 páginas aportadas por su predecesor. Asimismo, reveló que la agencia investiga actualmente 60 casos de delitos de odio contra católicos, entre ellos ataques a iglesias en Kansas City, Louisville, Houston, Nashville y Richmond, e indicó que se rastrean las posibles fuentes de financiación de esos incidentes.
