(CatholicWorldReport/InfoCatólica) La dictadura de Daniel Ortega y su esposa y «copresidenta» Rosario Murillo en Nicaragua confiscó el pasado 12 de agosto el emblemático Colegio San José de Jinotepe, gestionado por la congregación de las hermanas josefinas, acusándolo de haber sido un lugar donde «los golpistas torturaron y asesinaron», según declaraciones difundidas por medios oficialistas.
Murillo afirmó: «tenemos un nuevo centro educativo. Esto es un logro de la paz que estamos viviendo, que salvaguardamos, que merecemos. En Jinotepe, una escuela donde los golpistas torturaron y asesinaron a compañeros durante la ocupación criminal, y ¿dónde se perpetraron estos crímenes? Lamentablemente, en el Colegio San José».
Añadió que «esa escuela ha sido transferida al Estado porque es emblemática del salvajismo, pero al mismo tiempo de la lucha digna y victoriosa, en este caso de nosotros, la familia de Jinotepe que derrotamos el intento de golpe».
El colegio pasará a llamarse «Centro Educativo Héroe Bismarck Martínez», en honor a un activista sandinista cuya «muerte conmocionó a todo el país» en 2018, según Murillo. Martínez desapareció la noche del 29 de junio de 2018 cerca del colegio; según versiones del régimen, fue «secuestrado, torturado y desaparecido». Las autoridades lo han convertido en mártir para «reforzar su versión de los hechos» sobre el supuesto «golpe de Estado».
Durante las protestas de 2018, Jinotepe fue una de las localidades más afectadas por la llamada «Operación Limpieza», llevada a cabo por la dictadura contra la población civil. La noche del 8 de julio, cientos de policías y paramilitares invadieron la ciudad. Al menos 32 personas fueron asesinadas, según informó el diario Artículo 66.
La investigadora Martha Patricia Molina, autora del informe «Nicaragua: A Persecuted Church», calificó el 12 de agosto como una «fecha que quedará marcada como un día de infamia para la libertad religiosa en Nicaragua». ACI Prensa, socio de noticias en español de CNA, reproduce estas declaraciones.
Molina lamentó que «la confiscación tendrá un impacto negativo en los niños y jóvenes que recibían una educación de calidad y ahora serán adoctrinados por el régimen. Además de confiscar propiedades de las religiosas, Rosario Murillo las tacha de asesinas y torturadoras». Añadió que «todos sabemos que las hermanas josefinas, desde que se establecieron en Nicaragua en febrero de 1915, han educado a niños y niñas en valores cristianos y humanistas basados en el amor al prójimo y la práctica de la caridad».
Los padres también han expresado su preocupación. Una madre, identificada como Cecilia, declaró al diario «Confidencial» que «este robo descarado de la escuela donde estudiaron generaciones de profesionales es deplorable, y la acusan de crímenes inventados, cuando lo único que hicieron las monjas fue atender a heridos y proteger a la población de las balas y la terrible represión en 2018».
Manifestó además: «no quiero que mi hija termine en una escuela donde lo único que habrá será adoctrinamiento por parte de una dictadura».
Otro progenitor, identificado como Santiago, se declaró «enfermo y triste, pero profundamente enfadado porque están arruinando lo poco que queda de educación privada de calidad».
El Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de su Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental, denunció la expropiación en la red social X (antes Twitter), calificándola como «una prueba más de que la crueldad de la dictadura Murillo‑Ortega no conoce límites».
Este no es el primer ataque del régimen contra instituciones religiosas: en enero expropiaron el seminario San Luis Gonzaga en Matagalpa y el centro de retiro espiritual La Cartuja. Asimismo, numerosos sacerdotes y religiosos han sido arrestados, expulsados o impedidos de ejercer su labor pastoral. Las procesiones han sido prohibidas y varios medios católicos clausurados.
