(El Mundo/Agencias/InfoCatólica) Ambas empresas "ganaron" el concurso público convocado en agosto de 2007 y los casi cinco millones de euros que llevaba aparejado a modo de "premio". Pero el proceso no fue limpio y, según ha dictaminado ahora la Justicia, fue diseñado ad hoc para las dos clínicas, que ya venían prestando este servicio a la sanidad pública andaluza desde años atrás.
El SAS estableció como requisito para poder optar a la adjudicación del servicio un criterio -acreditar la realización de al menos 500 abortos en el año anterior- que, de acuerdo con la resolución del juez a la que ha tenido acceso El Mundo de Andalucía, tenía como único objetivo beneficiar los "intereses particulares" de los propietarios de las dos clínicas, que en la práctica monopolizan el "negocio" del aborto en Andalucía con la aquiescencia de la Junta de Andalucía.
De hecho, señala el magistrado que firma la sentencia, sólo estas dos clínicas, que tenían en exclusiva el servicio público de abortos, podían cumplir esa exigencia que, añade, no está contemplada en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RDLeg. 2/2000), que establece hasta siete medios para valorar la solvencia técnica o profesional de los empresarios a la hora de contratar con la Administración. Ninguno de ellos encaja con la exigencia del mínimo de intervenciones que requería el SAS en el concurso ahora anulado.
Esta exigencia "encubría" en realidad, según palabras del magistrado, el interés de la Administración andaluza por adjudicar los casi cinco millones del concurso a las dos empresas que ya venían prestando este servicio, Atocha Ginecológica SL y Clínica Triana SL.
Pero el juez va más allá y acusa a los responsables del Servicio Andaluz de Salud de utilizar "de forma torcida" su poder para beneficiar "concretos intereses particulares". Se basa el magistrado para hacer estas afirmaciones en "elementos indiciarios" que le llevan al convencimiento de que "la Administración ha actuado ilegalmente" al adjudicar un concierto millonario a dos clínicas elegidas arbitrariamente en función de criterios que han resultado ser irregulares.
En concreto, la exigencia de haber practicado en el año anterior al concurso más de 500 abortos de embarazos de más de doce semanas o que impliquen alto riesgo es "arbitraria e irrazonable", ya que, dice la resolución del Juzgado de lo Contencioso 10 de Sevilla, "ni siquiera se atiende a la calidad de tales intervenciones, primando exclusivamente la cantidad". Un criterio, que vuelve a repetir el juez, sólo podían cumplir «precisamente» las dos empresas privadas a las que el SAS derivaba la práctica de tales abortos, "vedando así toda oportunidad de concurrir a los demás aspirantes y asegurando que el concurso se adjudicase a esas concretas empresas".
A este concurso, de hecho, optó una tercera empresa, Poliplanning SL, con clínicas en Huelva y Cádiz, que quedó fuera y que fue la que interpuso la demanda que ha derivado en la anulación del procedimiento por parte del juez.
Respuesta del SAS
La consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, quiso dejar hoy claro que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) no "amañó" el proceso de adjudicación a dos clínicas --Clínica Triana, de Sevilla, y Atocha Ginecológica, de Málaga-- de la práctica de interrupciones de embarazos de riesgo o de más de doce semanas, apuntando que los requisitos exigidos a los centros aspirantes, en especial el de haber realizado 500 abortos durante 2006 --puesto que la convocatoria comenzó en 2007--, eran "una garantía del buen funcionamiento de las mismas y no un recorte de la libre competencia".
En rueda de prensa, Montero recalcó que la sentencia emitida por el juzgado de lo Contencioso Administrativo número diez de Sevilla a este respecto, que fue publicada por el El Mundo, "no acusa al SAS de haber amañado nada", sino que sólo "ha paralizado el proceso en virtud de un requisito que considera arbitrario".
