(Agencias/InfoCatólica*) Solorzano justificó su oposición a la idea de que la EpC haya supuesto ningún tipo de adoctrinamiento, en que la misma se puede dar incluso al impartir literatura. Para Solorzano, “la polémica creada ha servido al menos para que los padres se preocupen por la formación moral de los hijos y ayuden a pensar críticamente”. “¡Que Dios reparta suerte!”, concluyó.
Según informa http://www.fundacioncives.org/, en el transcurso de las Jornadas intervinieron las siguientes personas:
Sebastián Cano, viceconsejero de Educación en Andalucía, quien acusó a los sectores conservadores de crear una fuerte polémica de carácter político e ideológico. «Estos sectores», aseguró, «se resisten a perder el control de las conciencias». Cano afirmó que, en materia de valores, el Estado no podía ser neutral y distinguió entre los derechos y deberes cívicos comunes y las opciones religiosas individuales.
Pedro Pablo Mansilla, viceconsejero de Educación de Castilla-La Mancha, quien se refirió, en el contexto de la polémica sobre (EpC), a la posibilidad de revisar los acuerdos con la Santa Sede «para evitar cualquier tipo de soberanía ajena a la nacional». Mansilla, no obstante, reconoció que en Castilla-La Mancha existían 120 autos judiciales que suspendía cautelarmente la obligación de cursar las asignaturas.
Javier Vidal, Director General de Evaluación del Ministerio de Educación, recordó los pronunciamientos contradictorios de ocho Tribunales Superiores de Justicia de las CC.AA., a favor o en contra de la asignatura (Andalucía, Rioja, Asturias, Navarra, Baleares, Valencia, Cataluña y Castilla la Mancha) y abogó por el final de la polémica tras el pronunciamiento del Tribunal Supremo.
El presidente de la Fundacion Cives, Victorino Mayoral, afirmó que «Educación para la Ciudadanía pretende generar un modelo humano de acuerdo a los postulados de Montesquieu, esto es: promover la virtud cívica y formar ciudadanos para servir a la sociedad».
El catedrático y patrono de la Fundación Cives, Antonio Granados, recordó que «la democracia es la sociedad en la que no solo esta permitido sino exigido ser persona, de ahí la necesidad de una adhesión activa de los ciudadanos a los valores que la sustentan».
Según Leonor Tamayo, coordinadora de la Campaña de Objeción de Conciencia a EpC de PROFESIONALES POR LA ÉTICA, todos los días nos llegan noticias de encuentros y jornadas de formación de profesores de estas asignaturas. «Son jornadas muy reveladoras», asegura, «porque en ellas se habla de formar las conciencias, educar en virtudes, en fin, lo que es realmente EpC». Lo llamativo, reconoce Tamayo, es que en esta ocasión haya intervenido José Antonio Solórzano, director de Pastoral de la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE), en defensa de estas asignaturas.
Ayer mismo Europa Press se hizo eco de las declaraciones del arzobispo y Prefecto de la Congregación Pontificiapara las Causas de los Santos del Vaticano, monseñor Angelo Amato, a la revista italiana Il Consulente Re, en las que califica de «intrusión estatal absolutamente ilegítima» la implantación de EpC.
No es la primera vez que un alto cargo de la Santa Sede se pronuncia sobre estas asignaturas. Hace poco más de un mes el Prefecto de la Congregación Pontificia para la Educación Católica del Vaticano, Zenon Grocholewski, manifestó que «la objeción de conciencia frente a este grupo de asignaturas implantadas en España no sólo es oportuna sino necesaria»; entre otras razones, porque, tal como están diseñadas, «promueven una sociedad fundamentada en el relativismo y el nihilismo anticristiano» y porque sus programas «hieren los derechos fundamentales del hombre, reconocidos en la Declaración Universal de 1948».
