(EP) El Ministerio de Justicia tramitará la reforma y el de Sanidad llevará a cabo los estudios pertinentes para su modificación, por lo que ambos trabajarán coordinadamente. Concretamente, las mismas fuentes han precisado que no se trata de una derogación de la norma, sino de una reforma que va en la línea de la doctrina fijada por el TC en 1985 en torno a la Ley de despenalización del aborto.
Aunque todavía no se han comenzado los trabajos de la norma, cabe recordar que la Ley de 1985 establecía tres supuestos en los que se despenalizaba esta práctica: en caso criminológico (violación), dentro de las primeras 12 semanas; en caso de que fuera necesario para evitar un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada sin límite en las semanas de gestación; o en caso de que el feto pudiera nacer con graves taras físicas o psíquicas, siempre que el aborto se practique dentro de las 22 primeras semanas de gestación.
El PP ya reclamó volver a la doctrina del TC de 1985 cuando presentó en 2010 su recurso contra preceptos de la actual legislación que establece una ley de plazos para el aborto. En su argumentación, el PP toma como “punto de partida y marco de referencia la interpretación realizada por el Tribunal Constitucional en su sentencia de 1985, en la que se establece la obligación del Estado de proteger la vida humana en formación”.
Supuestos versus plazos
Además, el texto del recurso critica que para abortar en las primeras 14 semanas no sea necesario que concurra “ninguna causa objetiva o situación característica de conflicto objetiva que permita justificar, al menos formalmente, el sacrificio de la vida humana del nasciturus”, algo que, a su juicio, va contra el artículo 15 de la Constitución Española que reconoce que “todos tienen derecho a la vida”.
Asimismo, señala que la ley no explica por qué se ha fijado en 14 semanas (y no en 12 ó 16) el plazo para poder practicar en España el aborto libre, ni qué cambia en el feto para no poder ser protegido antes de ese plazo y sí después.
En cuanto a los casos en los que se puede abortar hasta la semana 22, el PP alerta de que el supuesto que permite abortar si existe “grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada” puede ser un “coladero” aún mayor que el que siempre ha significado este motivo.
Teorías eugenésicas
En opinión del PP, los supuestos en los que se puede abortar si hay “riesgo de graves anomalías en el feto” –“que parece que incluiría cegueras o sorderas de nacimiento, falta de miembros superiores o inferiores, o síndrome de Down”, sostienen–, recuerdan a “teorías eugenésicas –de infausto recuerdo cuando fueron objeto de aplicación en la historia– que defendieron las tesis de ‘vidas que no merecen la vida’ (lebensunwertes leben) o ‘vidas que son una carga’ (ballastexistenzen)”. Así, los ‘populares’ indican en el escrito que “el mantenimiento de la vigencia de un aborto eugenésico supone discriminar a los seres humanos discapacitados en relación con los demás”.
El PP también recurre el apartado que permite a las menores abortar sin el consentimiento y, en algunos casos, sin el conocimiento de los padres. “Con la errónea concepción de respetar la libertad de la menor embarazada, se le priva de un asesoramiento de las personas más cercanas a ellas en convivencia y afecto que puede resultar fundamental a la hora de adoptar la mejor decisión respecto del aborto en sí”, señala el texto.
Igualmente, defiende la objeción de los profesionales sanitarios y dice que este derecho debe estar garantizado, y se muestra contrario a que se imponga “la perspectiva de género en la enseñanza sanitaria y afectivo-sexual”, que no sólo afecta a los derechos y libertades de alumnos y padres, sino también a los de los profesores.
Los ‘populares’ destacan que “el aborto es algo malo para la mujer, y en cuanto que es malo no puede ser considerado un derecho ni como un método de planificación familiar” y recalcan que a “las mujeres abortan, en la mayoría de los casos, porque no se les ofrece otras alternativas”.
