Aportación de la Iglesia Católica a la democracia en España (II)
Adhesión y privilegios de la Iglesia.
El documento eclesial más significativo de esta época es la carta publicada por los obispos españoles el 1 de julio de 1937. Está dirigida a los Episcopados del mundo con el fin de informarles de los hechos. En ella lamentan el hecho de la guerra. Los Obispos españoles dicen que era una tragedia previsible que ellos no han provocado y han tratado de evitar. Consideran que han sido leales con las autoridades, y han intentado fortalecer la paz con el perdón. Afirman que la guerra es fruto de la temeridad de quienes no supieron gobernar según justicia. Lamentan sobre todo la falta de autoridad ante muchos atropellos, los incendios en mayo de 1931, las revueltas en octubre de 1934, la destrucción de las 410 iglesias, incendiadas y saqueadas desde febrero a julio de 1936.
Aportan ya por primera vez, los datos terribles de la persecución. En un año 14 obispos y 7.000 sacerdotes han sido fusilados. Muchos de ellos fueron también torturados. Más de 20000 fieles cristianos han sido asesinados por el simple hecho de serlo. Estos datos revelan el odio que se había sembrado contra la Iglesia, y explican, al menos parcialmente, las causas profundas de la guerra civil; “pero la Iglesia de España no la ha querido ni la ha provocado” Hasta última hora la Iglesia acató y apoyó el sistema político legítimamente establecido. Ante la falta de garantías y de seguridad padecida por la población, los obispos justifican la sublevación militar, a la vez que manifiestan algunos temores acerca de la posible evolución del nuevo régimen naciente. “Confiamos en que no querrán imitar modelos extranjeros”, dicen, aludiendo sin duda a los fascismos presentes para entonces en Europa (1).
Como consecuencia de estos hechos nació el estatuto de la Iglesia católica en el régimen establecido por el General Franco. A la vista de lo que la aportación de los católicos había significado en la guerra civil, Franco instaura un Estado confesional, católico. Así se crea una situación de protección jurídica para la Iglesia católica que en los primeros años es aceptada por los católicos como algo normal, sin protestas significativas. La Santa Sede fue más cauta y tardó en establecer relaciones diplomáticas con el nuevo Gobierno. En Roma las relaciones de Franco con Mussolini y con Hitler provocaban muchas prevenciones. Poco a poco se fue produciendo un acercamiento hasta que en mayo de 1938 la Santa Sede reconoció al régimen de Franco. La Iglesia católica obtenía reconocimiento, protección civil. A cambio de este reconocimiento, a la Iglesia católica se le pide apoyo, colaboración, privilegios y honores para las autoridades civiles, especialmente en la selección y nombramiento de los Obispos.
