No soy muy de refranero. Me suena, el refranero, a algo demasiado resabiado y sentencioso, pero no se puede negar que quizá tenga un punto de razón. Uno de los refranes dice: “Un médico cura, dos dudan, tres muerte segura”. Es posible.

Si los médicos empiezan a buscar, lo más probable es que encuentren. Y si son tres los que buscan, igual encuentran soluciones no muy compatibles entre sí. Por si acaso, ya que conviene especificarlo todo, debo aclarar que no estoy recomendando a los lectores que no acudan al médico.

Pero tampoco soy yo nadie como para recomendarles nada. Ya cada uno ha de saber qué hacer. Para eso somos mayores y responsables de nosotros mismos.

Si aplicásemos el refranero a la lectura de blogs católicos o de portales – también, presuntamente, católicos - cabría deducir lo mismo: Leer alguno de vez en cuando, puede ayudar; leer dos, induce a dudar; leer más de tres, empuja a apostatar.

No porque la apostasía sea algo así como una salida inevitable a la curiosidad intelectual. No es eso. Se trata más bien de otra cosa: Los blogs y los portales (católicos) – quizá suceda lo mismo con otros – ejercen un efecto similar al de una lupa: hace ver a gran tamaño lo que ocurre cada día.

Eso que el blog hace ver ocurre, pero eso no es lo único que ocurre. Pero si uno no ve lo que ocurre, sino que solo ve la versión ampliada del blog – o del portal – tiende a pensar que eso es lo único que ocurre. Y ahí está el error. Y ese error se multiplica por dos, hasta la duda, o por tres, hasta la muerte segura.

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En todo el tema, muy pesado, de abusos perpetrados por miembros del clero convendría pasar página ya. Desconozco cuál es el procedimiento que siguen los tribunales de los EEUU, pero me sorprende que se dediquen a elaborar informes, sobre una conducta penalizada, durante un arco de tiempo muy prolongado.

Informes que, jurídicamente, no tienen consecuencias, apenas: “aunque la mayoría de sacerdotes han sido identificados, muchos han fallecido ya o es probable que eviten la cárcel porque sus presuntos crímenes son demasiado viejos para ser procesados según la ley estatal”, leo en un periódico.

Pues si se juzga a alguien es para ver si es culpable o no de un delito y para aplicarle, si lo merece, la pena debida. Juzgar para elaborar informes es un modo muy peculiar de ejercitar el poder de juzgar. Informes que no conducen a nada, más que al enorme descrédito de una institución, que suele ser la Iglesia católica.

La estructura de la Iglesia es la que es. Es jerárquica y es universal. Es un “nosotros” que hace suyo lo que cada “yo” integrante de ese enorme cuerpo lleva a cabo. Especialmente, asume la responsabilidad por lo que sus ministros ordenados han hecho. En lo bueno y en lo malo.

No hay a quien pedir cuentas por los crímenes cometidos en nombre del comunismo. Ni Alemania se puede responsabilizar de todos los males perpetrados por los nazis. Ni Francia va a pedir perdón por todas las víctimas de los ejércitos napoleónicos. Ni Italia va a indemnizar a los cristianos devorados por las fieras para entretenimiento de los ciudadanos romanos.

Esto, que es de sentido común, en la Iglesia, y con la Iglesia, no rige. Hay que asumir el último delito protagonizado por el último cura en la última parroquia del último país del mundo. No hay institución que pueda soportar esto. Ninguna.

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Ayer celebramos, en la Parroquia de San Pablo, de Vigo, el aniversario de quien fue su primer párroco, D. Daniel Bermúdez Morales. En la oración colecta de la Misa, tomada del Ritual de Exequias, se decía:

“Oh Dios, que pusiste al frente de esta familia tuya a nuestro hermano Daniel, presbítero, para que, representando a Jesucristo, presidiera esta comunidad parroquial, y prometiste recompensar al siervo fiel y solícito, escucha nuestras plegarias y haz que el que fue nuestro pastor en este mundo pase ahora al banquete festivo de su Señor”.

Con motivo de este aniversario se imprimió una postal. En el anverso aparece una imagen de la Virgen que se venera en la Parroquia de San Pablo. En el reverso, algunas fechas de la vida de D. Daniel, así como la oración colecta mencionada.

En esa oración se le presentan a Dios nuestro Padre dos peticiones a favor de “nuestro hermano Daniel, presbítero”. Se trata, pues, de una intercesión. La primera petición es: “Escucha nuestras plegarias”. La segunda: “Haz que el que fue nuestro pastor en este mundo pase ahora al banquete festivo de su Señor”.

La Iglesia, y nosotros en ella, acude confiada a la misericordia de Dios: “Escucha nuestras plegarias”, “escúchanos”. Es una súplica confiada, porque entre Dios y nosotros se ha establecido, por decirlo de algún modo, una misma frecuencia de onda.

Esta posibilidad de hablar y de ser escuchados – más aun, esta posibilidad de ser introducidos en el diálogo ininterrumpido de Cristo con su Padre – tiene su inicio en el Bautismo.

D. Daniel nació en Ribadeo el 10 de enero de 1932. Pronto, a este nacimiento, a esta primera llamada al ser, se unió la llamada a la vida cristiana por la recepción del Bautismo. El bautizado es incorporado a Cristo por la unción del Espíritu Santo y es hecho, de este modo, hijo adoptivo del Padre por la gracia.

El libro de la Sabiduría aplica al Espíritu Santo unas palabras muy bellas: “El Espíritu del Señor llena la tierra y, como da consistencia al universo, no ignora ningún sonido” (Sb 1,7).

Ninguna súplica pasa desapercibida al Espíritu de Dios. Él es la atmósfera que sostiene el diálogo del Padre con el Hijo. Y, en este diálogo, en esta intimidad de la vida de Dios, nos introduce a nosotros. Crea la sintonía adecuada para que podamos escuchar a Dios y para que podamos hablarle.

En la liturgia nuestras súplicas no son solo nuestras. Son las peticiones de la Iglesia, Esposa de Cristo. Son el contenido de la intercesión del Señor ante el Padre.

¡Escucha nuestras plegarias!

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A pesar de todo, el hecho de que la despenalización y la legalización del aborto sean objeto de controversia constituye un indicio muy significativo. Sobre lo obvio, no suele haber controversia. Si se debate sobre la legitimidad legal y moral del aborto, es porque, aunque esta (presunta) legitimidad sea reivindicada por parte de instancias muy poderosas, no resulta tan evidente para todos la justicia de este recurso.

Algunos defensores del aborto parecen olvidar algo tan básico como que, cuando este procedimiento se practica, hay no solo una abortante, sino también un abortado. Es simplificar las cosas hablar solo de “interrupción voluntaria del embarazo”, como si la gestación fuese una película almacenada en un dispositivo, como un DVD, que puede ser “pausado” a gusto del consumidor sin mayores consecuencias.

Las cosas no son así. No solo se interrumpe, poniéndole punto final, un embarazo, sino que se interrumpe, destruyéndola, una vida humana. Pasar por encima de esta realidad es engañarse y, sobre todo, querer engañar a otros. Resulta enormemente cínico que cuando el álbum familiar comienza con las ecografías de los hijos o de los nietos, se haga depender la condición humana de esos seres “ecografiados” de su aceptación o rechazo por parte de sus padres o de otras personas.

O no son nada ni nadie, estos entes “ecografiados”, en cuyo caso el aborto debería de ser completamente libre – y, ya puestos, también el infanticidio - , hipótesis monstruosa, pero que muchos defienden con cierto grado de coherencia, o, si son algo y alguien, no cabe hablar del aborto en términos de mera “interrupción del embarazo”.

No cabe hablar de “garantías sanitarias” solo para la abortante, ya que, en un aborto, no hay ninguna garantía sanitaria para el abortado. No suele sobrevivir. Y, cuanto más profesional y aséptico es el quirófano en el que es descuartizado o envenenado, menos probabilidades tiene de supervivencia.

Apelar a los abortos clandestinos y a sus riesgos – para la abortante - es quedarse a medias. Habrá que pensar en la razón por la cual se producen embarazos no deseados y en cómo remediar esa circunstancia. Donde hay responsabilidad, donde hay respeto, donde se asumen las consecuencias de los propios actos, debería descender el número de embarazos no deseados. Y el remedio a algo no deseado no puede ser eliminar a un semejante. Nadie desea quedarse inválido, o sordo, o mudo. Pero esas eventualidades no justifican, para acabar con ellas, borrar del mapa a quien las sufre. Tampoco se remedia un embarazo no deseado abortando al feto; solo se suma mal al mal.

Yo no quiero pensar que quienes no se alegran con las aprobaciones legales del aborto sean unos desalmados. No disfrutan, yo desde luego no lo hago, con la imagen de un tugurio clandestino donde una pobre chica inocente es llevada a abortar sin garantías para su vida – y, por supuesto, sin garantías para la vida de su bebé - . Pero es que, sea donde sea donde se practica el aborto, este no es nunca un motivo de alegría. Es un espanto y un mal trago que, de respetar a las mujeres, habría que contribuir a evitárselo.

La alegría de parte de la población de Irlanda por el “éxito” del referéndum pro-aborto me ha parecido obscena y muy triste. ¿Salían a festejar, qué? ¿La facilidad de matar a un hijo? ¿Eso les hacía felices?

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No todos los contenidos del Catecismo son dogmas de fe, en sentido estricto; pero eso no significa que carezcan de importancia. El Catecismo de la Iglesia Católica es una “presentación auténtica y sistemática de la fe y de la doctrina católica”, decía Juan Pablo II. “Auténtica”, porque está promulgado por la autoridad del Romano Pontífice como “instrumento de derecho público”.

Los últimos papas se han mostrado partidarios de la abolición de la pena de muerte y han ido poniendo cada vez más reparos a la hora de reconocer, en la práctica, la legitimidad moral de esta medida. Baste, a modo de ejemplo, citar un discurso del papa Benedicto XVI, dirigido al Embajador de México, en el que se congratulaba por la abolición en ese país de la pena capital: “Nunca se insistirá bastante en que el derecho a la vida debe ser reconocido en toda su amplitud” y, añadía citando a Juan Pablo II, que en el reconocimiento del derecho a la vida “se fundamenta la convivencia humana y la misma comunidad política”.

En este contexto se inserta la iniciativa del papa Francisco de reformular la enseñanza del Catecismo sobre la pena de muerte, modificando el número 2.267. Cabe entender esta reformulación en la clave de un progresivo “afinamiento” de posiciones anteriores. No es que lo que se enseñaba antes fuese erróneo, pero este reconocimiento no es obstáculo para que la exposición de la doctrina pueda ser perfeccionada y aquilatada, haciéndola más conforme aun con las exigencias del Evangelio y con el respeto a la dignidad de la persona.

Todo es susceptible de mejora. No cabe la vuelta atrás, en el sentido de rebajar las exigencias morales, pero sí es posible ahondar en el sentido de esas exigencias para ser cada vez más conscientes de sus implicaciones más profundas.

No nos escandaliza demasiado, y hasta cierto punto lo consideramos moralmente aceptable, que alguien que delinque sea castigado con la privación de libertad. Pero esta medida, que debería ser extrema, debe ir aplicándose con la mayor parsimonia, compatible con la defensa del bien común. Si una multa bastase para reprimir y castigar un delito, sería preferible optar por la multa y no por el encarcelamiento.

Sobre la pena de muerte en sí misma no recae una condena absoluta por parte de la doctrina católica. Eso debería de quedar muy claro. No estamos ante un absoluto moral, ante un acto intrínsecamente malo. La ley que proscribe el homicidio voluntario de un inocente sí posee una validez universal, en el sentido de que obliga a todos y a cada uno, siempre y en todas partes: “No quites la vida del inocente y justo” (Éxodo 23,7). Así lo recuerda el número 2.261 del Catecismo, número que no ha sido modificado.

Cuando hablamos de la pena de muerte no nos encontramos ante una prohibición similar. Lo reconoce el Catecismo, en la versión renovada del número 2.267: “Durante mucho tiempo el recurso a la pena de muerte por parte de la autoridad legítima, después de un debido proceso, fue considerado una respuesta apropiada a la gravedad de algunos delitos y un medio admisible, aunque extremo, para la tutela del bien común”.

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