Contrarrevolución católica en el sistema democrático moderno. Análisis de Fernando Romero

Fernando Romero Moreno es abogado por la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y Profesor Superior Universitario por la Universidad Católica Argentina (UCA). Está dedicado desde hace 30 años a la Educación, tanto en cargos docentes como directivos. Actualmente trabaja en el Colegio Los Caminos (APDES-Pilar). Es autor del libro “La Nueva Derecha-Reflexiones sobre la Revolución Conservadora en la Argentina” (Grupo Unión, Buenos Aires, 2021). Está casado y tiene 4 hijos.

¿Por qué un católico hoy debe luchar por el Reinado Social de Nuestro Señor Jesucristo?

No es un combate que deba librarse hoy sino siempre. Lo fue para nuestros antepasados, lo es para nosotros y lo será para nuestros descendientes, hasta la Parusía. Nuestro Señor Jesucristo es Rey, como enseñaba el Papa Pío XI, por derecho de naturaleza (es Dios) y por derecho de conquista (nos redimió y nos liberó del poder de Satanás). Esa Realeza no es de este mundo en un sentido político-prudencial (su misión en la tierra no fue liberar a los judíos de los romanos ni es en la actualidad, por ej. ocuparse directamente de terminar con la desnutrición infantil a nivel mundial) pero sí lo es en cuanto a que todo el orden social y político debe reconocer a Jesucristo como Rey y subordinarse a la ley natural (que se conoce por la razón) y a la ley-divino positiva (a la que llegamos gracias a la Revelación).

Por lo tanto, no es Rey en un sentido meramente retórico, ni reducido sólo a lo espiritual o a la vida privada, sino en sentido real, referido a lo espiritual y a lo material, y que se extiende a lo individual como a lo social. Negar la Realeza Social de Nuestro Señor Jesucristo fue considerado un grave error por todos los Padres de la Iglesia e incluso herejía por San Juan Crisóstomo. Como bien decía Jean Ousset, esta Realeza no “es de este mundo” sino sobre este mundo.

¿Por qué el catolicismo debe impregnar el orden temporal, es decir instaurar o restaurar lo que se conoce como Cristiandad?

Porque es una exigencia que se desprende de la propia Fe católica. Así lo explica el actual Catecismo de la Iglesia Católica al tratar sobre el Primer Mandamiento. En el número 2105, afirma: “El deber de rendir a Dios un culto auténtico corresponde al hombre individual y socialmente considerado. Esa es ´la doctrina tradicional católica sobre el deber moral de los hombres y de las sociedades respecto a la religión verdadera y a la única Iglesia de Cristo´ (DH 1). Al evangelizar sin cesar a los hombres, la Iglesia trabaja para que puedan ´informar con el espíritu cristiano el pensamiento y las costumbres, las leyes y las estructuras de la comunidad en la que cada uno vive´(AA 13). Deber social de los cristianos es respetar y suscitar en cada hombre el amor de la verdad y del bien. Les exige dar a conocer el culto de la única verdadera religión (…) en la Iglesia católica y apostólica (cf DH 1). Los cristianos son llamados a ser la luz del mundo (cf AA 13). La Iglesia manifiesta así la realeza de Cristo sobre toda la creación y, en particular, sobre las sociedades humanas(cf León XIII, Carta enc. Immortale Dei; Pío XI, Carta enc. Quas primas)”.

En cuanto al término Cristiandad y como bien lo ha explicado el Padre Alfredo Sáenz, S.J, “no hay que confundir Cristiandad con Cristianismo. Cristianismo dice relación con la vida personal del cristiano, con la doctrina que éste profesa. Cristiandad tiene una acepción más amplia, con explícita referencia al orden temporal. La Cristiandad es el conjunto de los pueblos que se proponen vivir formalmente de acuerdo con las leyes del Evangelio de las que es depositaria la Iglesia. O, en otras palabras, cuando las naciones, en su vida interna y mutuas relaciones, se conforman con la doctrina del Evangelio, enseñada por el Magisterio, en la economía, la política, la moral, el arte, la legislación, tendremos un concierto de pueblos cristianos, o sea una Cristiandad”. Conviene sí aclarar que la doctrina del Evangelio en relación a la economía, la política, la cultura, etc., es de naturaleza moral y no se refiere a materias que de suyo son opinables en relación al depositum fidei. Por eso, fundados en las mismas verdades, todos los bautizados deben proponer y defender principios e instituciones de naturaleza universal y permanente, mientras que a la vez gozan de una lógica y sana libertad acerca de cómo llevarlos a la práctica o qué proponer en materias de suyo contingentes.

Para que Cristo reine hay que combatir la Revolución anticristiana. ¿Deben ser, por lo tanto, contrarrevolucionarios todos los católicos?

En ocasiones se utiliza la palabra Revolución para referirse a cambios de gobierno, reformas culturales o rebeliones ocasionadas por el lícito ius resistendi o derecho de resistencia a la opresión, que poco o nada tienen que ver con el sentido laicista y anticristiano de Revolución. En esos casos, el haber sido revolucionario o contrarrevolucionario, es algo opinable. Hecha esta aclaración, cuando hablamos de Revolución anticristiana nos referimos, en sentido amplio, a la rebelión de Satanás contra Dios y a la guerra que eso supone (como lo explica San Agustín en La Ciudad de Dios o San Ignacio de Loyola en la Meditación de las Dos Banderas), que terminará con la Parusíay, en sentido estricto, al proceso histórico de la Modernidad ideológica y secularista, cuyos hitos históricos más significativos son la Reforma Protestante de 1517, la fundación de la Masonería moderna en 1717, la Revolución Francesa de 1789, la Revolución bolchevique de 1917, la Revolución de la “Iglesia conciliar” a partir de 1965 (no necesariamente relacionada con los documentos magisteriales del Concilio Vaticano II) y la entrada al llamado Nuevo Orden Mundial en 1989. Esa Revolución anticristiana tiene sus ideologías (liberalismo, nacionalismo, socialismo), sus tropas regulares (Judaísmo talmúdico-cabalístico y Masonería) y su Quinta columna (liberalismo católico ideológico, americanismo y modernismo teológicos, progresismo cristiano, neoconservadorismo, etc).

Frente a esa Revolución, que Albert de Mun definió como el intento de fundar la sociedad sobre la voluntad del hombre en vez de hacerlo sobre la Voluntad de Dios, todo católico debe oponerse y por lo tanto, ser contrarrevolucionario, en el sentido expresado por el Papa San Pío X:“la Iglesia que jamás ha traicionado la felicidad del pueblo con alianzas comprometedoras, no tiene que desligarse de lo pasado, antes le basta anudar, con el concurso de los verdaderos obreros de la restauración social, los organismos rotos por la revolución, y adaptarlos, con el mismo espíritu cristiano de que estuvieron animados, al nuevo medio creado por la evolución material de la sociedad contemporánea, porque los verdaderos amigos del pueblo no son ni revolucionarios ni innovadores, sino tradicionalistas”. Esto no implica identificar tradicionalismo con una determinada corriente política en aquello que sea de suyo contingente y por lo tanto, opinable.

De hecho, han existido católicos ortodoxos y contrarrevolucionarios en distintas corrientes, movimientos y partidos políticos. Basta recordar, en el caso de España, a referentes católicos de sana doctrina y que tuvieron opciones prudenciales distintas como sucedió con Ramón Nocedal (integrista), Félix Sardá y Salvany (carlista) y Marcelino Menéndez y Pelayo (conservador). No siempre esta sana pluralidad de opciones ha sido respetada o bien entendida y no han faltado católicos que, en cuestiones opinables o prudenciales, han querido defender que las suyas eran las únicas “soluciones católicas”. Tampoco los Papas ni la Secretaría de Estado del Vaticano, han sabido conservar un sano equilibrio al respecto, pues en no pocas ocasiones forzaron la legítima libertad de los laicos en estos asuntos. Por último, hay que recordar lo que bien decía De Maistre: La Contrarrevolución no es una Revolución contraria sino lo contrario de la Revolución. Sin embargo, fruto de un agere contra desordenado, no pocas veces hubo católicos que exageraron esa postura contrarrevolucionaria, poniendo el combate en el mismo plano que los enemigos de la Cristiandad, con daño para la Causa de la Tradición.

El padre Leonardo Castellani lo explicó con su habitual sabiduría, a propósito de la Contrarreforma (en un análisis que, por analogía, puede aplicarse a la Contrarrevolución): “Una gran parte del Catolicismo moderno (sobre todo en España y aledaños) se ha edificado sobre el Concilio de Trento más que sobre el Evangelio; es decir, se ha configurado en contra del Protestantismo, lo cual comporta una especie de imitación subconsciente. No se mueve libre­mente el que esgrime contra otro: depende del otro en sus movi­mientos. El Protestantismo se llevó cautivas una cantidad de nociones, o di­gamos más bien de esencias-cristianas, que el Catolicismo necesitaba y que el Catolicismo abandonó y aun combatió, viéndolas convertidas en «herejía»: como por ejemplo, la lectura y el estudio de la Biblia, tan intensos en los Santos Padres, sustituidos por la lectura de obras de autores devotos de más en más chabacanas y deleznables; y otra lista de cosas excelentes, que por haber vivido en países protestantes, podría yo hacer fácilmente (…) Esto es la faz negativa de la «Contrarreforma»; no quiero negar aquí su inmensa faz positiva, que otros ya ponderan bastante”. Mutatis mutandi, algo similar ha sucedido en ocasiones con la Contrarrevolución católica.

¿Cuáles son los principios básicos no negociables para un católico?

Todo católico que quiera ser fiel al Orden Natural y Cristiano debe aspirar siempre al Bien mayor, es decir, a la Cristiandad con todo lo que esto implica para la política, la sociedad, la cultura, la familia, las libertades concretas, las relaciones internacionales, etc. Pero en tanto y en cuanto esto no sea posible, los católicos deberán elegir el Bien posible en el grado más cercano al Bien mayor, teniendo en cuenta las circunstancias de tiempo y de lugar, sin dejar de poner los medios ni de remover los obstáculos para que, llegado el momento, se pueda restaurar el Bien mayor. El Bien mayor es la Cristiandad y el grado más alto la Unidad Católica de la comunidad política. Cuando hay minorías religiosas no católicas, la prudencia política indicará si el Bien mayor es o no posible, y de no serlo, qué grado de Cristiandad menor se puede conservar (confesionalidad católica formal y substancial con libertad o tolerancia religiosa o confesionalidad sólo substancial o de hecho con libertad o tolerancia religiosa). Sólo si el Bien Mayor y los Bienes posibles que conservan la confesionalidad católica de la comunidad política son imposibles de mantener o de instaurar, será lícito aceptar el modelo de laicidad aconfesional respetuosa de la ley natural, de la libertad civil en materia religiosa y de la libertad de la Iglesia Católica.

Pero este modelo (la hipótesis, en terminología previa al Concilio Vaticano II) no será nunca el ideal, y por lo tanto jamás podrá convertirse la hipótesis en tesis, que es precisamente uno de los errores del liberalismo católico ideológico, condenado por los Papas. León XIII lo explicó bien a propósito del ejemplo de los Estados Unidos y del pedido hecho por los Obispos de dicha nación. Además, sería un error engañarse al respecto. Si con la Gracia, aún sigue siendo difícil vivir de acuerdo a la Ley Natural (tanto a nivel individual como social) mucho más lo es si no se reconoce la Realeza Social de Nuestro Señor Jesucristo ni se le da culto público a través de la Iglesia Católica. Como bien decía Chesterton, quitad lo sobrenatural y sólo quedará lo que no es natural.

Teniendo en cuenta todo esto, no se puedan dar normas universales en el tiempo y el espacio respecto al bien posible, aunque sí orientaciones que ayuden a juzgar y actuar de acuerdo a una conciencia recta dentro de ciertas circunstancias. Lo que no hay que confundir es la lícita opción por el bien posible con el llamado mal menor, pues nunca se puede elegir un mal para lograr un bien. Lo que sí puede hacerse es, al realizar un acto de suyo bueno o indiferente (objeto), con intención honesta (fin) y en situaciones moralmente lícitas (circunstancias), elegir un bien del que se siga inmediatamente un efecto bueno, aunque pueda producirse un efecto malo no querido. De todo esto se sique la gran importancia que tiene el conocimiento por parte de los católicos de lo esencial y definitivo en materia de Doctrina Social de la Iglesia y también de los principios morales de uso más frecuente (elementos del acto bueno, actos intrínsecamente malos, voluntario indirecto, voluntario in causa, diferencia entre cooperación formal y material con el mal, errores de la llamada moral de situación, etc).

En cuanto a los principios no negociables en la vida política y teniendo en cuenta lo anterior, las exigencias de la Iglesia han variado según lo que era posible o no en distintas épocas, lo que no dispensó nunca a los católicos de estudiar si, en algunos casos, era posible exigir más. Pero lo que no era negociable hace cien años sigue siéndolo ahora, aunque ciertas realidades deban tolerarse (no reprimir un mal menor para evitar un mal mayor), más nunca tenerlas por lícitas. Es así que, respecto de las elecciones, era común antes del Concilio Vaticano II que el Papa y los Obispos exigieran no votar a partidos políticos que fomentaran la separación Iglesia- Estado, el laicismo escolar, el divorcio vincular, la co-educación, etc., además de recordar las ideologías que estaban condenadas total o parcialmente por el Magisterio de la Iglesia (liberalismo, socialismo, comunismo, fascismo, nacional-socialismo) o las sociedades secretas enemigas de la Fe católica y de la Cristiandad (sobre todo, pero no exclusivamente, la Masonería).

Hoy, ante un mundo que, en general, no sólo ha rechazado la Fe sino también en muchos casos la misma Razón natural, el Magisterio de la Iglesia exige a los católicos no votar ni cooperar con partidos o candidatos que se opongan a defender la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, que equiparen la familia fundada en matrimonio heterosexual a otro tipo de convivencias inmorales que el Estado no puede tutelar, que nieguen la libertad de enseñanza de los padres respecto de sus hijos y que no procuren la primacía del bien común político. Como puede advertirse es “el mínimo de los mínimos”, por debajo del cual estaríamos convalidando un tipo de sociedad salvaje que viola sistemáticamente la ley natural mediante la legalización y promoción del aborto, la manipulación de embriones, la eutanasia, la homosexualidad y la ideología de género, el estatismo educativo y fines contrarios a la naturaleza propia de la comunidad política (razón de estado, voluntad general, libertades individuales absolutas, raza, etc.).

¿Es lícito colaborar con movimientos semi-contrarrevolucionarios?

En relación a este punto, vale la pena seguir lo enseñado por el Dr. Plinio Correa de Oliveira en su clásico libro Revolución y Contra-Revolución:“Ciertos espíritus marcados por esa Revolución interior podrán tal vez, por algún juego de circunstancias y de coincidencias, como una educación en un medio fuertemente tradicionalista y moralizado, conservar en uno o en muchos puntos una actitud contra-revolucionaria. Sin embargo, en la mentalidad de estos ´semi-contrarevolucionarios´ se habrá entronizado el espíritu de la Revolución. Y en un pueblo donde la mayoría esté en tal estado de alma, la Revolución será incoercible mientras éste no cambie. Así, la unidad de la Revolución trae, como contrapartida, que el contra-revolucionario auténtico sólo podrá serlo totalmente. En cuanto a los “semi-contra-revolucionarios” en cuya alma comienza a vacilar el ídolo de la Revolución, la situación es un tanto diversa (…) Fuera de la Iglesia no existe auténtica Contra-Revolución.

Pero podemos admitir que, por ejemplo, determinados protestantes o musulmanes se encuentren en el estado de alma de quien comienza a percibir toda la malicia de la Revolución y a tomar posición contra ella. De personas así es de esperar que lleguen a oponer a la Revolución barreras a veces muy importantes: si correspondieren a la gracia, podrán volverse católicos excelentes y, por tanto, contrarevolucionarios eficientes. Mientras no lo fueren, en todo caso crean obstáculos en alguna medida a la Revolución y pueden hasta hacerla retroceder. En el sentido pleno y verdadero de la palabra, ellos no son contra-revolucionarios. Pero se puede y hasta se debe aprovechar su cooperación, con el cuidado que, según las directrices de la Iglesia, tal cooperación exige. Particularmente deben ser tomados en cuenta por los católicos los peligros inherentes a las asociaciones interconfesionales, según sabiamente advirtió San Pío X (…) El mejor apostolado llamado ´de conquista´ debe tener por objeto esos no católicos de tendencias contra-revolucionarias".

En un sentido similar se pronunció Jean Ousset en Para que Él reine, aceptando como excepción la cooperación con ciertos heterodoxos honestos, pero siempre que sea realizada en función de objetivos moralmente sanos, con medios lícitos y bajo el marco axiológico de la Doctrina Social de la Iglesia, que es normativa para los católicos y una autoridad moral cualificada para los no católicos. Fuera de esos criterios, toda acción se torna moralmente peligrosa y a la larga, además, ineficaz. Como sostenía el Dr. Héctor H. Hernández, representante egregio de la Escuela Argentina de Derecho Natural y Cristiano, acuerdos prácticos sin la aceptación de un fundamento filosófico y teológico común, terminan en fracasos, dado que dicho fundamento tiene un carácter constitutivo y configurador de los bienes a defender. Basta recordar que, aun si el marco axiológico común es el mínimo, el de la Ley Natural, su comprensión y alcances no serán los mismos si los iusnaturalistas son individualistas, personalistas o solidaristas de corte tomista clásico.

De todos modos, y en tanto esos acuerdos se refieran a bienes concretos, la prudencia política iluminada por la Fe e informada por la Caridad es la que nos indicará en cada caso la licitud o no de la cooperación. Por eso es que la Iglesia no ha prohibido la actuación de los católicos en movimientos o partidos cuyas ideas habían sido parcialmente condenadas (explícita o implícitamente) como sucedió con ciertas corrientes liberal-conservadoras, con el “nacionalismo integral” de la Acción Francesa, con el Fascismo italiano, con el Justicialismo y ciertos nacionalismos de tercera posición, con la Democracia Cristiana, entre otros. El Papa Juan XXIII hizo además una sabia distinción: “Es también completamente necesario distinguir entre las teorías filosóficas falsas sobre la naturaleza, el origen, el fin del mundo y del hombre y las corrientes de carácter económico y social, cultural o político, aunque tales corrientes tengan su origen e impulso en tales teorías filosóficas. Porque una doctrina, cuando ha sido elaborada y definida, ya no cambia. Por el contrario, las corrientes referidas, al desenvolverse en medio de condiciones mudables, se hallan sujetas por fuerza a una continua mudanza. Por lo demás, ¿quién puede negar que, en la medida en que tales corrientes se ajusten a los dictados de la recta razón y reflejen fielmente las justas aspiraciones del hombre, puedan tener elementos moralmente positivos dignos de aprobación?” Pero esa cooperación, en el caso de ser necesaria, exige por parte de los católicos una buena formación doctrinal-religiosa, una vida cristiana virtuosa y una cuidadosa prevención frente a los errores que en tales corrientes políticas puedan subsistir.

¿Por qué es ingenuo pretender restaurar la Cristiandad desde la democracia moderna?

La democracia en su formulación moderna, sea la individualista de Locke, la relativista de Rousseu, la igualitarista de Le Sillon, la personalista de Maritain, la comunista de Lenin o la neo o post marxista de la Nueva Izquierda, es incompatible con el Orden Natural y Cristiano. Sea por los mencionados errores teóricos y por el laicismo (moderado o radicalizado) común a todos, así como por sus condicionamientos históricos, mediáticos, financieros y geopolíticos, sólo un ingenuo, un ignorante o un cómplice, podría pensar que se pueda “cambiar el sistema desde adentro” o que sea un instrumento útil para la restauración de la Cristiandad.

La soberanía popular que niega el origen divino de la autoridad, el indiferentismo religioso y la explícita negación de la Realeza Social de Nuestro Señor Jesucristo, el monopolio de la representación por parte de los partidos políticos, la negación de derechos de representación ante el poder político a los cuerpos intermedios, el electoralismo que induce fácilmente a la corrupción, el sufragio moderno (calificado o universal), la no obligatoriedad de cumplir con las plataformas electorales, las decisiones tomadas por disciplina partidaria aún contra la propia conciencia, la ausencia de vínculos directos entre representantes y representados, la primacía de la cantidad sobre la calidad, la ausencia de requisitos de idoneidad concretos para ocupar cargos públicos, la tendencia a la demagogia y a convertir la democracia en regla según la cual exigir cambios en instituciones y comunidades de suyo jerárquicas (como la familia, la patria o la Iglesia), entre muchas otras cuestiones, impiden pensar con seriedad en que tamaña perversión política pueda servir para alcanzar el bien común político.

Es verdad que la Doctrina Social de la Iglesia no ha condenado en el plano de las instituciones la democracia constitucional, la división de poderes, el control de constitucionalidad, los partidos políticos o el sufragio, pero sí ha exigido una enorme serie de condiciones que nada tienen que ver con la democracia moderna tal como de hecho o de derecho se la practica, sea en regímenes monárquicos o republicanos, desde 1688 en Inglaterra hasta la actualidad. Basta leer al respecto lo enseñado por Papas como León XIII, San Pío X, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Pero estos problemas de la democracia, sea liberal (Locke- Tocqueville) o totalitaria (Rousseau- Marx) no han impedido que la Iglesia permita o aún aliente a los católicos a participar dentro de este sistema para defender las libertades concretas (de las personas, las familias y los cuerpos intermedios) así como también los derechos de la Patria, de la Cristiandad y de la Iglesia.

Pero cualquiera que tenga un mínimo conocimiento teórico y práctico de este asunto, sabrá que lo máximo que se puede esperar de esta participación es frenar ciertos males parciales o alcanzar algunos bienes también parciales. Más allá de hecho, si la democracia moderna retorna alguna vez a los principios y normas de un régimen político respetuoso del Orden Natural y Cristiano, no será por aplicación de sus mecanismos sino como fruto de una profunda batalla cultural y teológica que la elimine en la modalidad ideológicamente moderna que ahora tiene.

¿En qué medida se podría entrar en el juego de la democracia moderna, siendo un sistema intrínsecamente perverso? ¿Estaría permitido que los católicos luchen dentro de este sistema para alcanzar algunos bienes y frenar algunos males?

Una participación responsable (justificada como cooperación material, no formal, respecto de la perversión democrática), motivada por fines honestos y realizada con medios lícitos, puede ayudar a conseguir victorias en asuntos importantes y de allí la insistencia del Magisterio de la Iglesia en que los católicos participen dentro del sistema, aunque no hacerlo como manifestación explícita de repudio al mismo en el marco de una acción concreta por el bien común político también puede ser una opción lícita. En ambos casos, el empeño principal debe estar puesto en trabajar por la restauración del Orden Natural y Cristiano dentro de instituciones naturales como son la familia, el municipio, la corporación profesional y todo el mundo de la educación y la cultura, procurando “ordenar según Dios los asuntos temporales”, misión específica de los laicos, como bien enseña el Concilio Vaticano II.

Por eso decía San Pío X:“Lo bueno y lo honesto que hagan, digan y sostengan los afiliados a cualquier partido y las personas que ejerzan autoridad puede y debe ser aprobado y apoyado por todos los que se precian de buenos católicos y buenos ciudadanos, no solamente en privado, sino en las Cortes, en las Diputaciones, en los Municipios y en todo el orden social. La abstención y oposición a priori están reñidas con el amor que debemos a la Religión y a la Patria (…) «En las elecciones (actuaremos), apoyando no solamente nuestros candidatos siempre que sea posible vistas las condiciones del tiempo, región y circunstancias, sino aun a todos demás que se presenten con garantías para la Religión y la Patria», teniendo siempre a la vista el que salgan elegidas el mayor número posible de personas dignas, donde se pueda, sea cual fuere su procedencia, combinando generosamente nuestras fuerzas con las de otros partidos y de toda suerte de personas para este nobilísimo fin.

«Donde esto no es posible, nos uniremos con prudente gradación con todos los que voten por los menos indignos», exigiéndoles las mayores garantías posibles para promover el bien y evitar el mal. Abstenernos no conviene, ni es cosa laudable, y, salvo tal vez algún rarísimo caso de esfuerzos totalmente inútiles, se traduce por sus fatales efectos en una casi traición a la Religión y a la Patria. Este mismo sistema seguiremos en las Cortes, en las Diputaciones y en los Municipios en los demás actos de la vida pública (…) Cuando las circunstancias nos lleven a votar por candidatos menos dignos, o entre indignos por los menos indignos, o por enmiendas que disminuyan el efecto de las leyes, cuya exclusión no podemos lograr ni esperar, una leal y prudente explicación de nuestro voto justificará nuestra intervención. En las cosas dudosas que directa o indirectamente se refieren a asuntos religiosos, consultaremos nuestras dudas con los Prelados” (San Pío X, Mensaje a los católicos españoles, El Siglo Futuro, 30 de enero de 1909).

En continuidad con estas enseñanzas y aplicándolas a las circunstancias actuales, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe (en tiempos de Juan Pablo II y con la firma del entonces Cardenal Ratzinger) publicó una Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y a la conducta de los católicos en la vida política. Se afirmaba en la misma: “La legítima pluralidad de opciones temporales mantiene íntegra la matriz de la que proviene el compromiso de los católicos en la política, que hace referencia directa a la doctrina moral y social cristiana. Sobre esta enseñanza los laicos católicos están obligados a confrontarse siempre para tener la certeza de que la propia participación en la vida política esté caracterizada por una coherente responsabilidad hacia las realidades temporales (…) Los católicos, en esta grave circunstancia, tienen el derecho y el deber de intervenir para recordar el sentido más profundo de la vida y la responsabilidad que todos tienen ante ella (…) Cuando la acción política tiene que ver con principios morales que no admiten derogaciones, excepciones o compromiso alguno, es cuando el empeño de los católicos se hace más evidente y cargado de responsabilidad.

Ante estas exigencias éticas fundamentales e irrenunciables, en efecto, los creyentes deben saber que está en juego la esencia del orden moral, que concierne al bien integral de la persona. Este es el caso de las leyes civiles en materia de aborto y eutanasia (…), que deben tutelar el derecho primario a la vida desde de su concepción hasta su término natural. Del mismo modo, hay que insistir en el deber de respetar y proteger los derechos del embrión humano. Análogamente, debe ser salvaguardada la tutela y la promoción de la familia, fundada en el matrimonio monogámico entre personas de sexo opuesto y protegida en su unidad y estabilidad, frente a las leyes modernas sobre el divorcio. A la familia no pueden ser jurídicamente equiparadas otras formas de convivencia, ni éstas pueden recibir, en cuánto tales, reconocimiento legal. Así también, la libertad de los padres en la educación de sus hijos es un derecho inalienable (…) Del mismo modo, se debe pensar en la tutela social de los menores y en la liberación de las víctimas de las modernas formas de esclavitud (piénsese, por ejemplo, en la droga y la explotación de la prostitución).

No puede quedar fuera de este elenco el derecho a la libertad religiosa y el desarrollo de una economía que esté al servicio de la persona y del bien común, en el respeto de la justicia social, del principio de solidaridad humana y de subsidiariedad, según el cual deben ser reconocidos, respetados y promovidos «los derechos de las personas, de las familias y de las asociaciones, así como su ejercicio». Finalmente, cómo no contemplar entre los citados ejemplos el gran tema de la paz (…) La paz es siempre «obra de la justicia y efecto de la caridad»; exige el rechazo radical y absoluto de la violencia y el terrorismo, y requiere un compromiso constante y vigilante por parte de los que tienen la responsabilidad política (…) La frecuentemente referencia a la “laicidad”, que debería guiar el compromiso de los católicos, requiere una clarificación no solamente terminológica. La promoción en conciencia del bien común de la sociedad política no tiene nada qué ver con (…) la intolerancia religiosa (…)

Una cuestión completamente diferente es el derecho-deber que tienen los ciudadanos católicos, como todos los demás, de buscar sinceramente la verdad y promover y defender, con medios lícitos, las verdades morales sobre la vida social, la justicia, la libertad, el respeto a la vida y todos los demás derechos de la persona (…) Sería un error confundir la justa autonomía que los católicos deben asumir en política, con la reivindicación de un principio que prescinda de la enseñanza moral y social de la Iglesia”. Sobre una recta noción de sana laicidad (en línea con lo enseñado por Pío XII y que no se identifica necesariamente con la llamada “laicidad aconfesional”), así como la mejora que el Catecismo de la Iglesia Católica hizo respecto del discutido concepto de libertad religiosa y sus límites (remitiendo en gran parte a los documentos magisteriales más antiliberales y antimodernos), podemos escribir otro día, pues son temas que exigen más espacio que el permitido para un reportaje como el presente.

Por Javier Navascués