(LifeSiteNews/InfoCatólica) El documento, elaborado por la británica Christine McCafferty para el Comité de Asuntos sociales, sanitarios y familiares, pide el establecimiento de un “marco legal y procedimental completo y claro que regule el ejercicio de la objeción de conciencia de los proveedores de servicios de salud”, con un “mecanismo eficaz de supervisión y reclamación”.
De acuerdo con las líneas maestras del documento, los médicos serían obligados a dar a las pacientes información sobre “todas las opciones de tratamiento disponibles”, y a dirigirlas a las que ellas solicitaran. Además, en casos de “urgencia” o “cuando no sea posible derivarlas a otro proveedor de servicios de salud”, el médico objetor de conciencia tendría obligación de “proporcionar el tratamiento solicitado”, contra su voluntad.
En una maniobra que podría tener gran incidencia en las instituciones sanitarias católicas, muchas de las cuales reciben financiación estatal, el proyecto de declaración indica también que las “instituciones públicas o estatales, como en general los hospitales y clínicas públicas” no podrían asumir el coste de garantizar el derecho a la objeción de conciencia.
Preocupación por el número creciente de personal sanitario que objeta a ciertas prácticas “médicas”
“Aunque se reconoce el derecho de la persona a la objeción de conciencia a realizar una determinada práctica médica”, dice el proyecto de declaración, la Asamblea Parlamentaria “está seriamente preocupada por el número creciente de casos, sin apenas regulación”, de médicos y demás personal sanitario que se niegan a proporcionar “determinados servicios de salud con base en objeciones religiosas, morales o filosóficas”.
Esta práctica, dice el proyecto de documento, es particularmente preocupante “en el ámbito de la salud reproductiva”, por lo que hay que afrontar la “necesidad de conciliar el derecho a la objeción de conciencia” con “la responsabilidad profesional y el derecho de todo paciente al acceso a la atención médica legítima en un plazo adecuado”.
Primacía del “derecho incondicional” de las pacientes a la “salud reproductiva” y al “aborto”
Además del aborto, el documento se refiere al derecho a la objeción de conciencia de los médicos respecto a fármacos contraceptivos y abortivos como la píldora del día después, los procedimientos de reproducción asistida, el diagnóstico preimplantatorio y la selección de embriones, que a menudo incluyen asesoramiento sobre el aborto.
El documento, que “invita” a los 47 estados miembros del Consejo de Europa a “desarrollar regulaciones completas y claras de la objeción de conciencia”, será debatido por la Asamblea Parlamentaria en su próxima sesión plenaria de otoño. El proyecto tiene mucho que ver con decisiones anteriormente tomadas por la PACE, que, ya en 2008, aprobó una resolución que proclama el “derecho incondicional” al aborto legal.
