(Agencias/InfoCatólica) "La mayoría de los ciudadanos nicaragüenses consideran que es importante el derecho a la vida del no nato, que es también un ser humano con goce del derecho a la vida, que el aborto no es un método apropiado de control de la natalidad (...) la solución es realmente la prevención a través del uso de los métodos anticonceptivos", recalcó la ministra.
Su posición no impidió que varios países le reclamaran una reforma legal para autorizar el aborto terapéutico, o sea en la eventualidad de incesto, de violencia sexual contra la mujer, o si peligra la vida de ésta, destacándose las intervenciones de México, Francia, Eslovenia y Noruega.
Argumentos del lobby abortista
Al mismo tiempo, Vilma Nuñez de Escorcia, de origen nicaragüense y vicepresidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), presente durante las deliberaciones, señaló que lamentaba que el gobierno de Nicaragua no consultara a toda la sociedad civil para elaborar su informe frente a esta comparecencia en la ONU, afirmando que así había ocurrido con su organización.
Manifestó su preocupación por lo que ella considera como violaciones "de los derechos de la mujeres, específicamente la violencia sexual intrafamiliar y la prohibición del aborto tepapéutico como una medida para salvar la vida de las mujeres en situaciones de riesgo por un parto o un embarazo dificil".
Esther Mayor, de Amnistía Internacional (AI) indicó que "el Código Penal revisado de 2008 prevé sanciones penales para los profesionales de la medicina y la enfermería que traten a una mujer embarazada por afecciones como el cáncer o emergencias cardiacas cuando el tratamiento pueda causar lesiones o la muerte del embrión o el feto", lo cual no es cierto, pues está permitido todo tratamiento que busque sanar a la madre sin actuar directamente contra el feto.
"No hay ninguna excepción en la ley ni proteccion para los medicos (...) si esta ley no se reforma urgentemente, mujeres y niñas van a continuar sufriendo graves violaciones de sus derechos humanos (...) siendo obligadas a llevar a término su embarazo, y también aumentarán las muertes maternas", subrayó Esther Mayor, agregando que su ONG tampoco fue consultada por el gobierno de Nicaragua.
