(Actuall/InfoCatólica) La propuesta pretende legalizar el cambio de nombre y de sexo en registros públicos y privados. Niños y adolescentes también podrán «elegir» el sexo al que quieren pertencer aunque se requerirá el visto bueno de los padres.
La ley, de ser aprobada, obligará a personas e instituciones públicas y privadas a tratar al sujeto conforme su «nuevo» sexo.
El pasado lunes se retomaron los debates en la comisión legislativa mixta, con la participación de representantes del gobierno, El presidente, Sebastián Piñera, ha manifestado su apoyo a la ley.
Actuall ha entrevistado a Francisco Fritis, presidente de Padres Objetores:
En el Congreso chileno tramita a todo vapor una iniciativa de ley sobre identidad de género. ¿Qué opinión le merece?
Es una mala ley. Casi una copia de todas las que sobre este tema se han implementado en otros países de Latinoamérica y de Europa. Es mala porque da carta de ciudadanía a una mentira: que la llamada identidad de género puede ser elegida subjetivamente. Se funda en un supuesto ideológico y falacioso que se nos quiere imponer a todos.
¿Hay algún aspecto positivo en el texto?
No. Ninguno. El respeto a personas con dificultades para identificarse con su sexo no se consigue por medio de leyes así. Basta leerla y escuchar los debates en torno a ella para compreender que el objetivo de la ley es alcanzar a los niños. ¿Qué de positivo puede haber en que nuestros hijos sean el trofeo de los grupos ideológicos LGBT? ¿Qué de positivo puede haber en que, sin escuchar a las familias chilenas, nos inpongan una agenda y unas directrizes de organismos internacionales que olvidaron por completo la finalidad formal para la que fueron creados?
¿Puede explicarse?
Nuestras sociedades enfrentan hoy un momento histórico muy complejo pues estan sistemáticamente bombardeadas por ideas que bajan de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de sus agencias, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Estos lineamientos han asumido un carácter ideológico cada vez más claro. Pretenden remodelar la sociedad y, objetivamente, vienen debilitando a las familias. Los gobiernos tornan leyes o políticas públicas estos dictados y las imponen sin consulta alguna, dejándonos sin opción.
Se puede constatar que las estratégias usadas en un país se repiten en otros, a veces se utiliza el mismo texto de una ley, con adaptaciones menores.
La ONU afirma que su agenda pretende la igualdad y el respeto a los derechos humanos…
Igualdad fictícia y derechos inventados. Para constatar los resultados de esa agenda basta ver la situación de la familia en Europa, particularmente en España.
La iniciativa de ley de identidad de género ¿está en esa línea?
Infelizmente, sí. Totalmente.
¿Cúales son sus aspectos más graves?
Creo que lo más grave es que afectará a niños y adolescentes. Todos sabemos que, cada vez más, hay una hipersexualización de la infancia con abundancia de informaciones, con frecuencia erróneas, sobre los temas de ‘género’. Eso los confunde.
Esta iniciativa los dejará expuestos. Es muy significativa la insistencia del lobby LGBT en que infantes y adolescentes sean contemplados en la legislación. No se trata solo de una ley que permite a un adulto cambiar su nombre u operarse, impactará en los menores.
Bachelet puso acelerador a la iniciativa. ¿Por qué?
Creo que hay dos momentos políticos que son ‘definitorios’ en Bachelet. El primero es su paso por ONU Mujeres, aquí hay un antes y un después. Abrazó plenamente la agenda neoprogresista.
El segundo es la firma del acuerdo que su gobierno realizó con el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), del activista Ronaldo Jiménez, debido a la demanda promovida por esta organización contra el Estado chileno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Allí hubo un pacto. Y Bachelet quiso ‘pagarlo’ antes de que expirara su mandato.
Ustedes han abordado a los parlamentarios ¿han sido escuchados?
Los miembros de otras organizaciones ciudadanas y su servidor, con frecuencia coincidimos en que no somos debidamente escuchados por los parlamentarios, y en algunos casos hemos sido abiertamente ignorados y hasta maltratados.
En contraposición, los activistas del lobby ideológico y político LGTB tienen abiertas las puertas de ministros de gobierno y legisladores.
Esta es una realidad que nos indigna pues, como ellos, somos ciudadanos, tenemos algo importante que decir. Merecemos ser escuchados con respeto y abertura.
¿Hay barreras?
Si. Nos rotulan de ‘homofóbicos’, retrógrados y fundamentalistas religiosos. Esa es una muestra clara de que no se nos escucha, pues nuestros argumentos no son de orden religioso ni hay resquício alguno de ofensa a las personas que experimentan atracción al mismo sexo.
No somos ni homofóbicos, ni retrógrados, ni fundamentalistas. Somos padres y abuelos que queremos que los niños crezcan en el ambiente formativo y seguro que solo la familia puede brindar. Invocamos las garantías reconocidas en nuestra Constitución. No podemos renunciar a nuestro derecho preferente de padres de familia.
¿Cuál es la actitud de la actual legislatura ante la iniciativa?
Creo que estan buscando una solución intermedia que no dejará a nadie conforme, ni al lobby LGTB, que ha dicho públicamente que el proyecto de Identidad de género sin los niños pierde su esencia; ni nosotros que creemos que los niños y los adolescentes deben ser preservados.
¿Y el presidente Sebastián Piñera?
Errático. Busca el pulso de la sociedad en estos temas valóricos. Piñera es pragmático. Sus recientes declaraciones apuntando que adolescentes entre 14 y 17 años pueden ser contemplados en la ley son muestra de ello. Su disyuntiva ahora es la de asumir una posición firme en favor de la familia chilena o favorecer al lobby LGBT que lo presiona. Del presidente esperamos que honre su palabra y asuma posiciones categóricas en pro de la niñez, la adolescencia y la familia.
Aún no. Hay presiones muy fuertes sobre los parlamentarios para que voten a favor del proyecto de ley incluyendo a los niños y adolescentes menores de 18 años; por eso apoyamos a la senadora Jacqueline van Rysselberghe que propone llevar el caso al Tribunal Constitucional.
Si los parlamentarios dejan a los niños fuera del proyecto, será un buen atenuante, muy importante; sin embargo, no olvidemos que el actual texto impone a las personas y organismos privados una perspectiva ideológica a través del reconocimiento obligatorio de la identidad género autodefinida. No dejará de ser una victoria pírrica.
