(InfoCatólica) La Iglesia en España ya cuenta con su propio recuento de los robos, profanaciones, amenazas y agresiones que sufren sus templos y sus fieles. La Oficina de Libertad Religiosa de la Conferencia Episcopal Española (CEE) registró en 2025 un total de 131 hechos con apariencia de delito contra católicos. Es la cifra de su primer informe anual, presentado este jueves 19 de noviembre en la sede del episcopado. El robo, con 56 casos, es con gran diferencia la tipología más frecuente.
Presentaron el documento Rafael Vázquez, subdirector para el Diálogo Interreligioso de la CEE, y Ricardo García, uno de sus autores. Ambos forman parte del equipo de cuatro personas que trabaja en la Oficina. Vázquez quiso marcar el tono desde el principio: «no se trata de alarmismos, ni de hablar de una Iglesia perseguida, ni mucho menos. Pero sí de concienciar».
Por primera vez, un organismo de la Conferencia Episcopal llama profanación a lo que lo es y lo registra como categoría propia. Entre los 131 hechos hay siete sagrarios asaltados, algunos en capillas de hospital, donde se lleva la comunión a los enfermos y el viático a los moribundos. La segunda novedad es que la Iglesia ha tenido que hacer este trabajo por su cuenta, porque el Estado distingue en sus estadísticas el odio antisemita y el antimusulmán, pero no el anticristiano. La Oficina, además, no nació de una inquietud abstracta, sino como respuesta a la propuesta del Gobierno de suprimir del Código Penal el delito de escarnio de los sentimientos religiosos.
Los portavoces de la CEE evitaron hablar de persecución o de cristianofobia. Aun así, el informe pide algo concreto a los propios fieles, que denuncien. Según los responsables de la Oficina, muchos de estos hechos no llegan nunca a la policía por un buenismo mal entendido. Sin denuncias tampoco hay estadística, y sin estadística los ataques contra católicos siguen sin contarse en los datos oficiales.
El robo, muy por delante
El informe clasifica los incidentes en once tipologías, dos de las cuales (homicidio e incendio intencionado) no registraron casos en 2025. Al robo le siguen, muy por detrás, otras formas de vandalismo (12) y la difamación desde la libertad de expresión (11). Después vienen la profanación de tumbas, daños en cementerios o profanación de imágenes religiosas (10, aunque el texto introductorio del propio informe habla de 9), las amenazas (9), los ataques contra el lugar de culto (9), los daños a elementos religiosos en espacios públicos (8), el asalto físico (7), la profanación de sagrarios (7) y la difamación desde la libertad artística (6).
La tabla de casos suma 135 y no 131 porque, según advierte una nota del documento, algunas fichas se computan en más de una tipología. Es lo que ocurre con el robo de belenes o de Hostias, que figura a la vez como robo y como profanación o vandalismo.
García señaló como especialmente preocupante la profanación de sagrarios en lugares públicos, como las capillas de hospitales. Castilla y León concentra la mayor parte de estos casos.
Diciembre, el mes más castigado
Diciembre es el mes con más incidentes en varias tipologías (robos, vandalismo, amenazas y profanación de sagrarios). El informe lo atribuye a la mayor exposición de templos y elementos religiosos en las fechas navideñas. Solo en robos, diciembre suma 12 casos, seguido de octubre con 9 y de agosto y noviembre con 8 cada uno. De los 12 casos de vandalismo, 8 se produjeron en diciembre, la mitad de ellos en Cataluña.
Por territorios, Andalucía, Castilla y León, Cataluña, la Comunidad de Madrid y el País Vasco aparecen de forma constante en casi todas las tipologías. Cantabria, La Rioja o Canarias lo hacen de manera puntual. País Vasco, Castilla y León y Andalucía encabezan los robos, y los asaltos físicos se concentraron en Madrid, la Comunitat Valenciana y Andalucía. La difamación sigue otro patrón, con más peso en Cataluña, Madrid y Navarra y algún caso de alcance global, lo que según el informe refleja que no todos los incidentes son físicos ni locales.
Hechos con apariencia de delito
García precisó que los hechos recogidos no son necesariamente delitos: «Para que haya delito es necesario que lo diga un juez. Estos hechos obedecen a unos 'criterios de polarización' que manejan las fuerzas de seguridad». Los datos proceden de noticias publicadas en los medios y de informes remitidos por las diócesis, y Vázquez admitió que los resultados «no son exhaustivos pero sí significativos».
El autor reconoció la dificultad de distinguir el vandalismo de la profanación, aunque en los robos en parroquias considera que no es «demasiado complicado hacer este expurgo»: «Al analizar cada suceso, se puede valorar si la intención del victimario no es solo la económica sino atacar a la conciencia cristiana a través de los lugares de culto».
García recordó además que la eficacia policial en los ataques contra lugares religiosos en general, no solo católicos, se queda en el 10 por ciento, lo que dificulta que un juez llegue a pronunciarse. Vázquez añadió que muchos de estos hechos ni siquiera se denuncian, «por una especie de buenismo, pero la idea es sensibilizar». Ambos pidieron a sacerdotes, consagrados y laicos que acudan a las fuerzas de seguridad del Estado: «No se trata de escandalizar sino de actuar conforme a derecho».
Un vacío en las estadísticas oficiales
García lamentó que el Ministerio del Interior no tenga individualizados los delitos de odio contra los católicos, como sí ocurre con los que afectan a musulmanes o judíos. A su juicio, «debería revisarse en línea de lo que ha pedido el Parlamento Europeo». Tras elogiar la labor de las fuerzas de seguridad, insistió en que «ni el ministerio fiscal ni el Ministerio del Interior recogen una referencia expresa a los delitos contra los católicos».
La Oficina fue constituida por la Comisión Permanente de la CEE en junio de 2025. Según explicó Vázquez, nació a raíz de la propuesta del Gobierno de derogar el delito contra los sentimientos religiosos del artículo 525 del Código Penal, que finalmente no se llevó a cabo. Además del informe, ha celebrado dos encuentros con los cancilleres diocesanos, en los que «se les ha dado una formación básica para distinguir lo que es un delito de odio de lo que no es», y ha elaborado un protocolo común para la recogida de datos. El objetivo, dijo, es contribuir «entre todos a un clima de respeto respecto al hecho religioso, lo que el Papa Francisco denominaba una cultura del encuentro».
Preguntado por si los datos revelan cristianofobia, Vázquez evitó la etiqueta: «No entraré en la terminología de cristianofobia, no me atrevo a catalogarlo. Hay ataques y ofensas por el hecho de ser cristianos».
España, en el informe europeo de OIDAC
Esa misma carencia estadística aparece en el informe anual del Observatorio sobre la Intolerancia y la Discriminación contra los Cristianos en Europa (OIDAC Europa), con sede en Viena, publicado esta semana. Según el documento, las estadísticas del Gobierno español distinguen los delitos antisemitas, antimusulmanes y otros relacionados con la religión, pero no tienen una categoría anticristiana, una carencia que las organizaciones civiles han criticado en repetidas ocasiones. Con otra metodología, la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE (ODIHR) recogió en España 113 incidentes anticristianos comunicados por la sociedad civil en 2025, 25 de ellos de violencia o amenazas contra personas. Es la tercera cifra más alta de Europa, tras Alemania (145) y Francia (143).
El informe cita también una encuesta del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia a 117 sacerdotes. El 67 % había sufrido insultos, burlas o comentarios ofensivos, el 48 % había visto vandalizados bienes de la Iglesia, el 12 % había sufrido discriminación directa o la negativa a prestarle un servicio y el 90 % percibe un sesgo constante en los medios contra sacerdotes y obispos. OIDAC concluye que España destaca entre los países que analiza por la amplitud de las restricciones a la libertad religiosa y por un sesgo de motivación ideológica contra los cristianos en la vida pública.
Entre los casos españoles que documenta figura la remisión a la Fiscalía, en mayo de 2025 y por parte del Ministerio de Derechos Sociales, de una homilía del Obispo emérito Juan Antonio Reig Pla sobre la discapacidad como consecuencia del pecado original. El ministerio abrió además una investigación administrativa y pidió explicaciones a la CEE. En enero de 2026, la Fiscalía de Madrid archivó la investigación abierta contra el Obispo José Ignacio Munilla por sus críticas a la prohibición de las llamadas «terapias de conversión». El Obispo afirmó después que la denuncia pretendía «intimidar a la Iglesia».
El informe recoge también la exigencia del Gobierno, en octubre de 2025, de que las comunidades autónomas creen registros de médicos objetores al aborto. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenó en marzo de 2026 poner en marcha el madrileño, y la Asociación Nacional para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia (ANDOC) advierte de que esos registros pueden convertirse en «listas negras». En octubre de 2025, un foro de la Fundación Enraizados sobre la aportación de la fe católica a España y Europa fue vetado en el Congreso de los Diputados con el apoyo del PSOE y Sumar. Los participantes tuvieron que trasladarse a un hotel cercano.
El documento menciona además la moción del Parlamento de Cataluña contra los «grupos ultracatólicos reaccionarios» en las escuelas, que acabó con la supervisión del currículo del colegio Mare de Déu del Carme, y la absolución de 21 voluntarios provida que rezaban ante la clínica abortista Askabide de Vitoria, confirmada en septiembre de 2026 por la Audiencia Provincial de Álava. Recoge también las órdenes de retirada de cruces en Vigo, Cáceres y Gijón al amparo de la ley de memoria democrática y la investigación abierta contra la cofradía de la Preciosísima Sangre de Sagunto por mantener la pertenencia exclusivamente masculina. En el ámbito mediático, cita a un presentador de la Cadena SER que llamó a la misa «brujería dominical» y a la Iglesia «secta».
Para el conjunto de Europa, OIDAC contabiliza 2.465 delitos e incidentes anticristianos en 2025 y al menos 395 ataques contra personas, un 44 % más que el año anterior. Entre sus recomendaciones pide a los gobiernos datos desagregados sobre delitos de odio anticristianos y a la Unión Europea un coordinador contra el odio anticristiano, equiparable a los que ya existen para el antisemitismo y el odio antimusulmán.








