(InfoCatólica) Siete años y cinco meses después de que ocho terroristas suicidas atacaran tres iglesias y tres hoteles de Sri Lanka el Domingo de Pascua de 2019, la justicia del país ha dictado las primeras condenas penales directamente vinculadas a la matanza, que costó la vida a 279 personas.
Un tribunal de tres jueces del Tribunal Superior de Sri Lanka, reunido en Colombo, declaró culpables el 22 de septiembre a 15 hombres al término de un juicio de casi cinco años. Catorce de ellos fueron condenados por todos los cargos, entre ellos asesinato, conspiración para cometer actos terroristas y tenencia de armas de fuego y explosivos, en aplicación de la Ley de Prevención del Terrorismo. Un decimoquinto acusado fue condenado por algunos de los cargos y otros nueve resultaron absueltos. El tribunal ordenó además la confiscación de los bienes de los condenados.
Penas de cientos de años
Las fuentes no coinciden en la cuantía de las penas. Según LiCAS.news, los 15 condenados recibieron la misma pena de 220 años de prisión cada uno. La lista de sentencias publicada por Sri Lanka Mirror recoge, en cambio, penas distintas, con 260 años para uno de los acusados, 240 para cuatro, 220 para otros cinco y 200 para los cinco restantes.
El proceso ha reunido más de 23.270 cargos, la cifra más alta presentada en una sola causa en la historia judicial del país. La Fiscalía señaló a Mohamed Naufar, predicador islamista, como el cabecilla que dio apoyo al comando de ocho terroristas suicidas que perpetró los atentados. Naufar, declarado culpable de todos los cargos, fue condenado a 220 años de prisión. Entre las víctimas mortales figuraban 45 extranjeros, cinco de ellos estadounidenses, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
«Por fin tenemos justicia»
La Iglesia en Sri Lanka, que lleva años reclamando que se depuren responsabilidades, ha acogido favorablemente el fallo. El sacerdote Jude Krishantha Fernando, director de comunicaciones sociales de la Arquidiócesis de Colombo, lo describió como un momento largamente esperado por las víctimas y sus familias. «Por fin tenemos justicia. Ha llevado mucho tiempo llegar a este punto», declaró a la agencia AFP.
Fernando advirtió, no obstante, que los condenados solo representan una parte del caso, y pidió investigar si los responsables de inteligencia y seguridad disponían de información suficiente para evitar los atentados.
Teresa Fernando, superviviente que sufrió heridas en la cabeza en los ataques, explicó que las víctimas habían acudido al tribunal en busca de justicia. «Hoy hemos venido como víctimas de este atentado para recibir justicia», afirmó. «Diga lo que diga el tribunal… inclinaremos la cabeza y lo aceptaremos».
La investigación apunta al aparato del Estado
Las condenas no cierran los interrogantes sobre la matanza. Las autoridades mantienen abierta una investigación separada sobre los presuntos vínculos entre elementos del aparato del Estado y los autores de los atentados.
El exjefe de inteligencia Suresh Sallay, detenido en febrero de 2026, está acusado de ser el «cerebro» que orquestó los ataques, algo que niega. El ministro de Seguridad Pública, Ananda Wijepala, declaró en junio ante el Parlamento que los investigadores creen que Sallay colaboró con extremistas islamistas antes de la masacre.
Según documentos judiciales citados por la AFP, los investigadores sostienen que esa red se habría cultivado para crear una amenaza a la seguridad que reforzara el apoyo político a la familia Rajapaksa. El objetivo, siempre según esa tesis, era sembrar el caos y presentar a Gotabaya Rajapaksa, antiguo responsable de Defensa, como el dirigente mejor situado para restablecer el orden. Rajapaksa regresó al poder meses después de los atentados al ser elegido presidente. Él y sus partidarios rechazan cualquier implicación.
En julio, el exjefe de la Policía Pujith Jayasundara y el exsecretario de Defensa Hemasiri Fernando fueron condenados a muerte por negligencia criminal al no actuar pese a las advertencias previas de los servicios de inteligencia. En agosto, el Cardenal Malcolm Ranjith, arzobispo de Colombo, afirmó que la Iglesia «no puede apoyar la pena de muerte porque viola la dignidad humana».
Verdad sin venganza
Durante años, la comunidad católica, encabezada por el Cardenal Ranjith, ha reclamado «verdad y justicia» y ha exigido que se identifique a quienes ordenaron los atentados, así como cualquier complicidad política o de los servicios de inteligencia. En 2020 el purpurado calificó de «triste y desafortunada» la puesta en libertad de varios sospechosos, y en 2022 el Papa Francisco pidió a las autoridades del país esclarecer «definitivamente quién fue responsable» de los ataques. Tras la detención de Sallay, la Arquidiócesis pidió que la investigación continuara «sin obstáculos de ninguna parte».
Los católicos han reclamado también un fiscal independiente y han organizado manifestaciones, cadenas humanas, misas conmemorativas y encuentros de oración para exigir que se esclarezca por completo lo ocurrido. Al mismo tiempo, los pastores han pedido a los fieles que no busquen venganza contra los musulmanes y que los atentados no desemboquen en un conflicto étnico o religioso.
En 2025, el Dicasterio para las Causas de los Santos incluyó a los 167 católicos asesinados en los atentados en su lista de «Testigos de la Fe».
