(InfoCatólica) «El Estado no debe quitar la vida a sus propios ciudadanos». Con esta frase, que abre y cierra su escrito, los obispos católicos de Noruega han pedido al Storting, el Parlamento noruego, que rechace de plano la propuesta de estudiar la legalización de la eutanasia en el país. Los prelados sostienen que Noruega no necesita encargar ningún informe, porque las consecuencias de legalizar la eutanasia ya se conocen en los países que lo han hecho.
El Consejo Episcopal Católico de Noruega (Norsk katolsk bisperåd) ha presentado sus alegaciones a la proposición parlamentaria Representantforslag 264 S (2025-2026), que plantea encargar un estudio oficial sobre la llamada «terminación autodeterminada de la vida». El documento, fechado en Oslo y Trondheim el 14 de septiembre de 2026, lo firman el Obispo de Oslo, Fredrik Hansen, y Erik Varden, OCSO, obispo-prelado de Trondheim y administrador apostólico de Tromsø.
El documento resume su posición en ocho puntos iniciales.
- «La dignidad humana es intrínseca e inviolable. Todo ser humano tiene la misma dignidad, con independencia de su edad, salud, capacidad funcional, autonomía y calidad de vida percibida. Un derecho legal a la ayuda a morir rompe con el principio de que toda vida humana tiene el mismo derecho incondicional a ser protegida».
- «Un estudio no será un primer paso neutral. La proposición no solo pide examinar la ayuda a morir, sino estudiar "si y de qué manera el derecho a la terminación autodeterminada de la vida puede incorporarse a la legislación noruega". Ya aquí se presenta la ayuda a morir como un derecho».
- «Contamos ya con una amplia documentación y con la experiencia de otros países, que muestran los graves problemas surgidos tras la legalización. Noruega no necesita un estudio público noruego para saber qué ocurre cuando se legaliza la ayuda a morir. Eso ya lo sabemos».
- «La experiencia de los países que han legalizado la ayuda a morir muestra que los límites se desplazan continuamente. Regímenes que en origen estaban acotados se han ampliado después a grupos siempre nuevos, entre ellos personas que no se encuentran en la fase final de la vida, menores y personas con demencia o trastornos psíquicos».
- «Ello se debe a que el concepto de "terminación autodeterminada de la vida" encierra un problema fundamental de delimitación. Si la autodeterminación se usa como fundamento del derecho a la ayuda a morir, resulta lógicamente imposible justificar por qué el Estado debería negar ese derecho a nadie».
- «La ayuda a morir cambia la relación entre paciente, sistema sanitario y sociedad. En particular, las personas con discapacidad y otros grupos vulnerables corren el riesgo de sentir una presión en favor de la ayuda a morir una vez que esta se convierte en una alternativa legal y legítima».
- «No necesitamos la ayuda a morir para dar a las personas una buena muerte. Los cuidados paliativos modernos pueden aliviar las dolencias físicas y psíquicas y atender las necesidades sociales, existenciales y espirituales. Hay que garantizar a todos el acceso a buenos cuidados paliativos y a atención al final de la vida, no ofrecerles el homicidio como método de tratamiento».
- «Este principio debe mantenerse firme en Noruega: el Estado no debe quitar la vida a sus propios ciudadanos».
Un estudio que ya presupone un derecho
Los obispos rechazan la idea de que un estudio sea un trámite inocuo. La proposición no pide solo examinar la cuestión, sino estudiar «si y de qué manera el derecho a la terminación autodeterminada de la vida puede incorporarse a la legislación noruega». A juicio del episcopado, la propia redacción da por supuesto que existe tal derecho, y un informe oficial desplazaría el debate desde si el Estado debe abrir la puerta a la eutanasia hacia cómo debe regularla.
«El Consejo Episcopal Católico de Noruega advierte contra la idea de que un estudio sea un primer paso neutral o inocuo. No lo es», afirma el texto, que reprocha además a la proposición ser breve y débilmente argumentada, sin discusión ética ni análisis de sus efectos sobre los grupos vulnerables. La dignidad humana, señalan los obispos, ni siquiera se menciona.
El escrito identifica un problema de fondo en el concepto de autodeterminación. Si el Estado reconoce que la valoración que una persona hace de su propio sufrimiento le da derecho a que la ayuden a morir, resulta imposible justificar por qué debería negarse ese mismo derecho a otra que vive su situación como igualmente insoportable. El principio que fundamenta la ley, concluyen, es el mismo que hace imposible fijarle límites.
Bélgica, Países Bajos y Canadá
Para ilustrar cómo se desplazan esos límites, el documento repasa la experiencia de tres países. Bélgica legalizó la eutanasia en 2002 y la extendió a los menores en 2014. En 2025 registró 4.486 casos, un 12,4 % más que el año anterior, tras un aumento del 16,6 % en 2024, de modo que la eutanasia supuso el 4 % de todas las muertes del país, frente al 3,1 % dos años antes. En 1.117 de esos casos la muerte no se preveía a corto plazo, 74 estaban relacionados con trastornos psiquiátricos y 77 con trastornos cognitivos, entre ellos la demencia. Desde 2014 se han practicado siete eutanasias a menores, una de ellas en 2025.
En los Países Bajos, donde la ley está en vigor desde 2002, se contabilizaron 10.341 eutanasias en 2025, alrededor del 6 % de todas las defunciones. De ellas, 499 estaban vinculadas a la demencia, 174 a enfermedades psiquiátricas y 33 correspondían a personas de entre 18 y 29 años.
Los obispos se detienen en un caso concreto. Una mujer de 74 años con alzhéimer había firmado una declaración anticipada en la que pedía la eutanasia si llegaba a sufrir demencia grave. Cuando llegó el momento ya no podía dar un consentimiento válido. Según el documento, la médica Marinou Arends le administró primero un sedante en el café sin informarla, y cuando iba a aplicarle el fármaco letal la mujer se resistió, por lo que su familia la sujetó mientras se completaba el procedimiento. El Tribunal Supremo de los Países Bajos estableció en 2020 que un médico puede, bajo determinadas condiciones, practicar la eutanasia a un paciente con demencia avanzada basándose en una declaración escrita previa. «¿Hasta qué punto fue voluntaria y autodeterminada esta "terminación de la vida"?», se preguntan los prelados.
Canadá legalizó en 2016 la llamada asistencia médica para morir (MAID), limitada entonces a personas cuya muerte natural fuera razonablemente previsible. En 2021 se suprimió esa condición. En 2024 recibieron la MAID 16.499 personas, el 5,1 % de todos los fallecidos, y 732 de ellas no se encontraban próximas a la muerte. El escrito recoge el testimonio del sacerdote Larry Holland, de 79 años, a quien el personal sanitario ofreció dos veces la MAID mientras estaba ingresado en el Vancouver General Hospital por una fractura de cadera, sin que fuera un enfermo terminal. Holland contó que el dolor era tan intenso que llegó a sentir la tentación de aceptar.
La presión sobre los más frágiles
Los datos canadienses sobre quienes recibieron la eutanasia sin estar en la fase final de la vida muestran, según los obispos, hasta qué punto pesan factores no médicos. Los profesionales que la practicaron señalaron la pérdida de autonomía en el 78,7 % de los casos, la percepción de pérdida de dignidad en el 73,9 %, el sufrimiento emocional o existencial en el 63,3 %, la sensación de ser una carga para la familia en el 50,3 % y el aislamiento o la soledad en el 44,7 %. El episcopado precisa que la soledad por sí sola no da acceso a la eutanasia en Canadá, pero considera que estas cifras «deberían llamar a una gran cautela».
«Mientras la ayuda a morir no sea una alternativa legal, el enfermo nunca tiene que preguntarse si debería elegir la muerte por consideración a su familia o a la sociedad», escriben. Por eso, añaden, una ley aprobada en nombre de la autodeterminación puede acabar debilitando la libertad real de quienes se encuentran en situaciones más vulnerables. El texto recuerda que la organización Disability Rights UK se ha opuesto a la legalización del suicidio asistido en Inglaterra y Gales por el riesgo de presión sobre las personas con discapacidad.
Los obispos subrayan también que el Estado no es neutral cuando fija por ley qué enfermedades o limitaciones hacen a alguien candidato a la eutanasia, porque traslada a todos los que las padecen un mensaje sobre qué vida merece ser vivida.
La misión de la medicina
El documento advierte de que un derecho a la eutanasia impondría a los sanitarios el deber correlativo de causar la muerte del paciente, lo que alteraría la relación de confianza con todos los enfermos graves. Los prelados distinguen entre retirar tratamientos inútiles o desproporcionados, que puede ser legítimo, y quitar la vida a una persona. «La "terminación autodeterminada de la vida" es un eufemismo que oculta en qué consiste realmente el acto, en que se elimina una vida», sostienen.
«El debate sobre la ayuda a morir puede dar la impresión de que la elección está entre un sufrimiento insoportable y la ayuda a morir. Pero no es cierto. Existe otra respuesta: unos buenos cuidados paliativos», afirman. Citan un estudio noruego de 2025 según el cual el 88 % de los médicos de cuidados paliativos se opone a permitir la eutanasia incluso a enfermos terminales con escasa esperanza de vida. Preguntada por los obispos, la médica jefe Anne Kalgraff, del Hospice Sangen, lo resumió así: «Porque sabemos que tenemos muchas otras cosas que ofrecer y que la gente desconoce. No necesitas la ayuda a morir para tener una buena muerte».
El episcopado recuerda que la Iglesia ya trabaja en este campo en Noruega a través de sus instituciones caritativas y se ofrece a las autoridades para asumir una tarea mayor en los cuidados paliativos y la atención al final de la vida.
Una dignidad que no depende de la salud
El escrito concluye con una defensa de la dignidad humana como realidad intrínseca, que no disminuye con la enfermedad, la edad o la dependencia. La indignidad, dicen los obispos, surge cuando alguien no recibe los cuidados que necesita, no por el hecho de necesitarlos. «La dignidad humana no depende de nuestra autonomía. El derecho a la vida no depende de nuestra salud. El valor del ser humano no disminuye cuando necesitamos a los demás».
El Consejo Episcopal pide al Storting que no dé el primer paso de un camino cuyas consecuencias, afirma, ya son visibles en otros países.
