(ACI/InfoCatólica) Abogados Cristianos Hispanoamérica ha llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso de Samuel Adrián, productor mexicano del documental «Colombia: fábrica de niños trans», detenido en Bogotá desde el pasado 13 de septiembre.
La asociación ha solicitado al organismo internacional que reclame su liberación inmediata y adopte medidas ante lo que considera una vulneración de sus derechos a la libertad personal, de pensamiento y de expresión.
Samuel Adrián fue detenido en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá. Dos días después tenía previsto participar, junto con el politólogo argentino Agustín Laje, en una conferencia sobre identidad de género y menores.
El productor es responsable de «Colombia: fábrica de niños trans», documental que aborda críticamente las intervenciones de transición de género practicadas a menores en el país.
La detención, prevista por diez días, deriva de una orden de desacato por el supuesto incumplimiento de una resolución judicial que obligaba a retirar o censurar determinados fragmentos relacionados con Mario Angulo Mosquera, antiguo endocrinólogo pediatra de la Fundación Valle del Lili.
ACI Prensa recuerda que dicha institución reconoció en noviembre de 2025 haber realizado hasta aquel momento 80 de los denominados «tratamientos afirmativos de género» a menores de edad.
El equipo responsable del documental había introducido modificaciones en la película durante las semanas anteriores. Esos cambios no fueron considerados suficientes y Angulo solicitó sanciones contra el productor.
Además de los diez días de arresto, Samuel Adrián deberá pagar una multa equivalente a quince salarios mínimos mensuales, aproximadamente 5.600 dólares.
Ante esta situación, Abogados Cristianos ha pedido a la CIDH la suspensión inmediata del arresto, la liberación del documentalista y la paralización cautelar de la resolución que exige retirar el documental.
Polonia Castellanos, presidenta de la asociación, niega que Samuel Adrián haya cometido un delito y denuncia la paradoja de que haya acabado entre rejas quien hizo públicas las prácticas abordadas en la investigación.
Castellanos lo expresó así: «Se ha encarcelado a quien lo contó y no se ha investigado lo que contó en el documental». Para la organización, el caso plantea una grave cuestión de libertad de expresión.
Abogados Cristianos sostiene que se han vulnerado los derechos del productor a la libertad personal, de pensamiento y de expresión reconocidos por los artículos 7 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La organización ha pedido asimismo que las autoridades colombianas garanticen que Samuel Adrián no sea sometido a nuevas detenciones, sanciones, hostigamientos o actuaciones judiciales y administrativas a causa de la difusión de su trabajo. También reclama protección de su integridad, asistencia consular y acceso efectivo a su defensa jurídica.
Paralelamente, Abogados Cristianos ha puesto en marcha una campaña de firmas.
La iniciativa no se limita a solicitar la libertad del productor. Exige además una investigación independiente acerca de los hechos expuestos en «Colombia: fábrica de niños trans», incluidos los protocolos y las condiciones en que se realizan intervenciones de transición de género sobre menores.
El encarcelamiento procede jurídicamente de una sanción por desacato relacionada con la orden que afecta al documental. Pero el caso ha terminado poniendo nuevamente en el centro del debate tanto la libertad para denunciar la ideología de género como las intervenciones médicas sobre niños y adolescentes que se realizan bajo sus postulados.
