(EWTN/InfoCatólica) Las autoridades de Oregón han alcanzado un acuerdo judicial con Jessica Bates, la madre cristiana a la que habían apartado del proceso de adopción y acogimiento por negarse a someter sus convicciones religiosas a las exigencias estatales en materia de ideología de género. El pacto pone fin a tres años y medio de litigio.
El Departamento de Servicios Humanos de Oregón rechazó la solicitud de Bates en septiembre de 2022 porque la mujer no aceptaba cumplir una política estatal que exigía a los aspirantes comprometerse a apoyar la orientación sexual, la denominada «identidad de género» y la «expresión de género» de cualquier menor colocado en su hogar.
Alliance Defending Freedom (ADF), organización que ha defendido jurídicamente a Bates, ha denominado esa exigencia un «mandato de ideología de género».
La madre había explicado al funcionario responsable de su certificación que amaría a cualquier niño que recibiera como si fuera suyo, pero que sus convicciones cristianas le impedían colaborar en una transición de género mediante tratamientos hormonales, utilizar pronombres incompatibles con el sexo biológico del menor o animarlo a adoptar una expresión de género contraria a su sexo.
También manifestó sus convicciones cristianas tradicionales acerca de las relaciones sexuales y el matrimonio.
Oregón respondió cerrándole la puerta del proceso. Bates acudió entonces a los tribunales en marzo de 2023 y denunció que la actuación estatal vulneraba tanto su libertad de expresión como su derecho al libre ejercicio de la religión, ambos protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.
En diciembre de ese mismo año, un tribunal federal de distrito falló inicialmente a favor de las autoridades de Oregón.
La situación cambió en julio de 2025. Un tribunal de apelación concluyó que era probable que el Departamento de Servicios Humanos hubiera vulnerado los derechos constitucionales de Bates y prohibió que las normas cuestionadas siguieran aplicándose contra ella mientras continuaba el litigio.
El acuerdo alcanzado ahora consolida esa protección
El Departamento permitirá que Bates vuelva a solicitar la certificación y no podrá rechazarla por creer que la actividad sexual debe reservarse al matrimonio entre un hombre y una mujer y que una persona debe identificarse y procurar vivir de acuerdo con su sexo biológico.
La Administración tampoco podrá obligarla, como condición para certificarla, a emplear palabras o pronombres que expresen planteamientos sobre orientación sexual o identidad de género contrarios a sus convicciones religiosas.
Además, sus creencias cristianas no podrán utilizarse como criterio automático para impedir que sea considerada para la acogida o adopción de un determinado menor.
El acuerdo mantiene una salvedad: las autoridades podrán valorar cada colocación concreta en función de las necesidades particulares del niño y de la capacidad de los futuros padres para atenderlas. Eso significa que Bates no recibe automáticamente un menor en adopción, sino que recupera el derecho a participar en el proceso sin tener que renunciar antes a sus convicciones cristianas.
El resultado supone el fin de una batalla iniciada después de que el Estado pretendiera convertir la aceptación de determinados postulados sobre sexo y género en condición para que una mujer cristiana pudiera siquiera ofrecer un hogar a menores necesitados.
ADF considera que el acuerdo protege simultáneamente los derechos constitucionales y los intereses de los niños. Oregón, por su parte, no respondió a la petición de comentarios de EWTN News tras conocerse el acuerdo.
