(InfoCatólica) La posibilidad de que el Estado agnóstico les arrebate a sus hijos por razón de su fe es una de las pesadillas clásicas de los padres católicos, como el monstruo en el armario o bajo de la cama de los niños. El problema es que, cada vez más, este monstruo da señales de ser muy real.
Joseph y Arlene Kutzko, un matrimonio católico de Massachusetts, llevan casi dos años intentando recuperar a su hija Sophie, que fue sacada de su hogar cuando tenía 15 años por el orwellianamente denominado Departamento de Niños y Familias de Massachusetts. La joven, que actualmente tiene 17 años, se encuentra bajo custodia estatal.
Sus padres explican que el conflicto comenzó cuando el instituto público Algonquin Regional High School al que asistía empezó a abordar con ella cuestiones relacionadas con la identidad de género sin conocimiento ni consentimiento de la familia. Al cabo de un tiempo, los responsables escolares terminaron animándola a identificarse como varón.
Los Kutzko aseguran que nunca autorizaron ese proceso, desconocían que se estuviera produciendo y no descubrieron lo que estaba ocurriendo hasta que las autoridades intervinieron y sacaron a su hija del domicilio en diciembre de 2024: «no lo supimos hasta después de que se la llevaran»
Los padres han contado su caso en el podcast Lighthouse Faith, de Fox News, acompañados por la abogada Vernadette Broyles, de la organización Child and Parental Rights Campaign. El conflicto se agravó cuando los padres se negaron, por razones vinculadas a su fe católica, a referirse a su hija como si fuera un varón. Fue entonces cuando intervino el sistema de protección de menores.
De una disputa familiar a una batalla judicial
Las autoridades formularon inicialmente acusaciones de malos tratos físicos contra el padre. Sin embargo, según la familia, esas acusaciones no terminaron en una condena por abuso porque no tenían fundamento.
A pesar de ello, se dictó una orden de alejamiento y los padres quedaron separados de su hija. Actualmente ni ellos ni su hermano pueden mantener un contacto normal con Sophie.
Los Kutzko sostienen que su negativa a aceptar la identidad masculina de su hija fue determinante en la intervención de los servicios sociales. La situación resulta especialmente dolorosa para ellos porque su negativa no procede de falta de amor hacia su hija, sino de sus convicciones religiosas sobre la naturaleza humana y la sexualidad.
Derechos de los padres contra activismo ideológico estatal
El caso se produce en medio de un intenso debate en Estados Unidos sobre los derechos de los padres frente a las políticas de los centros educativos en materia de identidad de género.
En Massachusetts, un tribunal dio recientemente la razón a un colegio que había comenzado a utilizar para su hijo un nombre y unos pronombres distintos de los correspondientes a su sexo sin conocimiento de los padres. El tribunal inferior había rechazado las pretensiones de la familia. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos rechazó revisar
La normativa y las orientaciones educativas de Massachusetts contemplan situaciones en las que un alumno puede no manifestar en casa una identidad transgénero y recomiendan que los centros traten primero determinadas cuestiones con el propio alumno antes de abordar con sus padres. Esta práctica es directamente contraria a los derechos de los padres como principales responsables de la educación de los hijos en virtud de la ley natural.
El siguiente frente: el tratamiento hormonal
La batalla judicial de los Kutzko ha adquirido ahora una nueva dimensión. Los servicios sociales pretenden autorizar la administración de testosterona en dosis elevadas a la joven. Los padres se oponen y reclaman que antes de adoptar una decisión de semejante trascendencia se realice una evaluación psicológica completa y se tenga en cuenta su voluntad como padres.
De momento, los padres han conseguido una victoria provisional: el tratamiento con testosterona permanece bloqueado mientras continúa el procedimiento judicial, según la información difundida por su abogada. Para los Kutzko, sin embargo, el objetivo fundamental no es simplemente impedir el tratamiento hormonal, también quieren volver a vivir con su hija.
La batalla judicial continúa y, mientras tanto, una familia católica lleva casi dos años separada de su hija.
