(ACI Prensa/InfoCatólica) En los próximos días, Ilva Myriam Hoyos Castañeda asumirá como nueva ministra de Educación de Colombia, tras la renuncia de Vivian Morales por motivos personales. El anuncio lo hizo el 2 de septiembre el presidente Abelardo de la Espriella, quien agradeció a la ministra saliente y afirmó que a Hoyos «su talento, fortaleza, honradez y firme defensa de los valores la preceden».
Su nombramiento, sin embargo, ha recibido las críticas de sectores feministas e izquierdistas, entre ellos el exguerrillero y expresidente Gustavo Petro, que la ha cuestionado por haber trabajado con el antiguo procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, actual embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos y que en su momento se opuso al aborto.
Un ministerio con expedientes importantes sobre la mesa
Después de su juramentación, Hoyos tendrá que decidir sobre las disposiciones dejadas por su predecesora. Entre ellas figuran la revisión de los textos escolares para sacar la ideología woke de las escuelas y el borrador de un decreto que permitiría a las entidades privadas, incluidas las organizaciones religiosas, apoyar la prestación o la administración del servicio educativo en territorios con limitada presencia estatal. Esta última propuesta abrió un debate sobre el papel de las Iglesias en la educación pública y sobre la laicidad del Estado.
«Nos interesa porque la educación religiosa y la educación moral y los aspectos éticos no han logrado tener en estos años la debida atención», declaró a EWTN Noticias el P. Edilberto Estupiñán, director del Departamento de Educación del Episcopado colombiano.
Otros retos que recibe la nueva ministra son mejorar la calidad educativa, especialmente después de los recientes resultados de la prueba PISA, que mostraron un retroceso de Colombia en lectura y matemáticas y solo una leve mejoría en ciencias, y recuperar la infraestructura dañada por el terremoto del 10 de agosto, que dejó más de 3.500 centros educativos afectados y, por tanto, a cerca de 400.000 estudiantes sin aulas.
Quién es Ilva Hoyos Castañeda
La ministra electa nació en Bogotá el 19 de octubre de 1959, es abogada y doctora en Derecho. Fue decana de la Facultad de Derecho y directora del Instituto de Humanidades de la Universidad de la Sabana, y ejerció como docente en diferentes instituciones de educación superior de Colombia y del extranjero.
También fue conjueza del Consejo de Estado y, entre 2009 y 2016, procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia. Fue asesora del Pontificio Consejo para la Familia, participó como laica experta en la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe celebrada en 2007 en Aparecida, en Brasil, y fue auditora en el primer sínodo de la familia convocado por el Papa Francisco en 2014.
En Colombia presidió durante siete años el Consejo Nacional para la Cultura del Cuidado de la Conferencia Episcopal, participando en el diseño y la implementación de líneas de prevención y atención de abusos y violencias, así como en la formación de equipos diocesanos y comunidades religiosas. Es además autora de libros como La libertad religiosa en la constitución de 1991, Libertad y fidelidad en la educación universitaria, De la dignidad y de los derechos humanos y La dimensión jurídica de la persona humana, entre otros.
Sus posturas sobre la familia y el aborto
Hace más de una década, durante el debate jurídico sobre las uniones de parejas del mismo sexo, Ilva Hoyos Castañeda afirmó ante la Corte Constitucional que «el matrimonio y la familia como instituciones y núcleos fundamentales de la sociedad son ejes articuladores del ordenamiento jurídico».
En ese sentido, señaló que «las notas de la heterosexualidad y de la procreación que aquí han sido muy criticadas, que caracterizan constitucional y legalmente al matrimonio en Colombia, no deben entenderse como criterios sospechosos de una injusta discriminación a los derechos fundamentales de las personas o de las parejas con orientación homosexual».
Asimismo, se manifestó en contra de la despenalización del aborto y defendió el derecho a la libertad de conciencia, recordando que «está reconocido de manera expresa en el artículo 18 constitucional». Su trayectoria académica y profesional ha estado vinculada también a la defensa de los derechos de la infancia y de la familia como parte central de la sociedad.
