(La Veu Lliure/InfoCatólica) El jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, confía en que la despenalización del aborto pueda aprobarse antes de las elecciones y sitúa la preservación del sistema institucional del Principado como la condición central para dar el paso. «El Gobierno lo que debe adquirir como consecuencia de este diálogo es la íntima convicción de que lo que hagamos, guste o no a la Santa Sede, no pondrá en riesgo nuestro sistema institucional», ha señalado.
Espot hizo estas declaraciones a RTVA después del discurso del síndico general, al referirse al diálogo que el Ejecutivo mantiene con el Vaticano y al encuentro celebrado el viernes con el nuncio. «Continuamos con este diálogo, con la vista puesta en este próximo período de sesiones y, por tanto, con la garantía de que podamos aprobar una despenalización del aborto. Y eso es en lo que estamos trabajando», manifestó.
Un diálogo sin pronunciamiento explícito
El jefe de Gobierno recordó que el Ejecutivo no espera ningún pronunciamiento explícito de la Santa Sede sobre la reforma. El objetivo de las conversaciones, según explicó, no es obtener un aval, sino alcanzar la convicción interna de que el cambio legislativo puede salir adelante sin comprometer la arquitectura institucional andorrana. Esa convicción, añadió, es la que el Gobierno está terminando de formarse.
Pese a expresar la voluntad de aprobar la reforma antes de los comicios, Espot no concretó una fecha de aprobación ni detalló el alcance de la despenalización en estas declaraciones.
Siete años de negociaciones
El Gobierno de Andorra prevé llevar al Consell General en septiembre una reforma para eliminar la responsabilidad penal de las mujeres que abortan, según el artículo publicado por La Veu Lliure el 31 de julio, después de siete años de negociaciones con el Vaticano.
Ese mismo artículo explica que las conversaciones con el Cardenal Pietro Parolin han estado marcadas por los retrasos, la ruptura de la discreción y el cambio de pontificado. El medio andorrano interpreta que la Santa Sede habría dejado de bloquear esta reforma limitada, pese a mantener su oposición doctrinal al aborto y sin haber expresado en ningún momento una autorización pública.
Una propuesta de mínimos
El texto que prepara el Ejecutivo sería, según la información publicada, una propuesta de mínimos. No permitiría practicar abortos en el país, no daría cobertura legal a los profesionales sanitarios y no incluiría financiación pública a través de la CASS.
El planteamiento responde, según La Veu Lliure, al propósito de retirar el castigo penal a las mujeres sin poner en riesgo la continuidad del Coprincipado, la fórmula institucional sobre la que se asienta la jefatura del Estado andorrano y que vincula al Principado con la Iglesia. Mientras tanto, los contactos con el Vaticano continúan abiertos.
