InfoCatólica) Obras son amores y no buenas razones. No basta con quejarse de la discriminación que sufren los cristianos o de las leyes y medidas gubernamentales que, de facto, ilegalizan diversas verdades que forman parte de la fe cristiana. Es necesario ir más allá.
Así lo ha entendido el empresario e inversor inmobiliario británico Samuel Leeds, que ha anunciado una iniciativa destinada a proteger a los predicadores cristianos callejeros que sean detenidos o investigados por las autoridades mientras anuncian el Evangelio en espacios públicos.
Para ello, ha creado un fondo con el objetivo de sufragar su defensa jurídica. Según explicó el propio Leeds, ha donado las primeras 10.000 libras para poner en marcha el proyecto en colaboración con Christian Concern y su brazo jurídico, el Christian Legal Centre, organizaciones que desde hace años representan en el Reino Unido a cristianos procesados por supuestos delitos de odio o por restricciones a la libertad de expresión religiosa.
El empresario considera que muchos predicadores son objeto de actuaciones policiales pese a que la legislación británica protege, en principio, el derecho a predicar y citar la Biblia en la vía pública, siempre que no se incurra en amenazas o incitación al odio. El problema es que la «incitación al odio» ha demostrado ser un concepto amplísimo, que varía al mismo tiempo que las modas ideológicas y que, generalmente, se interpreta de modo unidireccional, en contra de los cristianos y de la moral tradicional.
En particular, casi cualquier crítica al Islam o a la ideología LGBT se considera en la práctica un discurso de odio en el Reino Unido, como muestran numerosos casos concretos de acoso policial. «Somos un país cristiano que tolera todo y todas las religiones, excepto a los propios cristianos», declaró Leeds.
Leeds se dio cuenta de que muchos predicadores cristianos callejeros carecían de recursos para afrontar largos procedimientos judiciales y terminaban abandonando su labor por miedo a las consecuencias legales. A ese respecto, ha indicado que ningún cristiano debería verse obligado a guardar silencio por temor a no poder costear un abogado y ha animado a otros benefactores a respaldar esta iniciativa. El fondo pretende garantizar que cualquier predicador que sea arrestado por anunciar pacíficamente el Evangelio pueda recibir asistencia jurídica especializada.
La iniciativa de Christian Concern y Leeds se produce en un contexto de creciente controversia en el Reino Unido por varios casos de predicadores callejeros interrogados, detenidos o llevados ante los tribunales. A menudo, los tribunales han terminado reconociendo que la predicación pública y la cita de pasajes bíblicos forman parte del ejercicio legítimo de la libertad religiosa y de expresión, pero solo es posible llegar a ese punto tras costosos procesos jurídicos.
Leeds, cuyas actividades económicas no parecen precisamente ejemplares, es protestante y el fondo se ha creado, en principio, para predicadores protestantes. De todas formas, esta iniciativa es una indicación de que, ante las crecientes presiones estatales práctica contra el cristianismo, es necesario que los cristianos se organicen y actúen con todos los recursos a su alcance, en lugar de limitarse a refunfuñar al enterarse del último caso de ataque contra la fe.
