(InfoCatólica) El 31 de julio de 1926, la Iglesia católica en México tomó una decisión sin precedentes: suspender el culto público en todo el país. No fue un gesto litúrgico ni una medida disciplinar, sino la última respuesta posible ante una legislación diseñada para asfixiar la vida religiosa. Cien años después, aquel acto sigue siendo el punto de inflexión que desencadenó la Guerra Cristera, el conflicto armado más dramático y desconocido en defensa de la libertad religiosa en el continente americano.
La Constitución que sembró la persecución
La raíz del conflicto no fue espontánea. La Constitución mexicana de 1917 incorporó artículos anticlericales concebidos para someter a la Iglesia al control absoluto del Estado, siguiendo el modelo de la imposición anticlerical de la Revolución Francesa. Las nuevas disposiciones prohibían a las instituciones religiosas dirigir escuelas, eliminaban las órdenes monásticas y despojaban a los templos de su capacidad legal para poseer bienes.
La situación alcanzó su punto de ruptura en 1926, cuando el presidente Plutarco Elías Calles promulgó la reforma penal que lleva su nombre: la Ley Calles prohibía a los sacerdotes vestir sotana en público, expulsaba a los clérigos extranjeros y limitaba drásticamente el ejercicio del culto. Ante el asedio legal y para evitar «todo acto que pudiera significar o ser interpretado por los fieles como una aceptación de la ley misma», la Santa Sede rechazó la norma y la jerarquía eclesiástica ordenó la suspensión del culto público en todo el territorio nacional.
El historiador Jean Meyer, máximo experto en el movimiento cristero, señala que fue precisamente esta «suspensión de los servicios religiosos» lo que marcó el inicio de la contienda armada, una lucha que brotó desde el corazón del pueblo y el campesinado de estados como Jalisco, Guanajuato y Michoacán.
«¡Viva Cristo Rey!»
Aunque la jerarquía eclesiástica predicó inicialmente una resistencia pacífica, el gobierno puso en marcha una política sistemática de arrestos e intimidación que pronto escaló hacia las ejecuciones y una represión abierta y violenta por parte del Ejército.
Fue «el pueblo, "el indio"», quien reaccionó, señala Meyer, y lo hizo de manera violenta porque «la Iglesia era más que un edificio de piedras apiladas y el sentimiento popular había sido tocado en lo más profundo, ya que lo profano y lo sagrado están inextricablemente entrelazados». De esa fractura brotaron las primeras guerrillas que se lanzaron al combate al grito de «¡Viva Cristo Rey!». No los movía una elaboración teológica ni grandes distinciones doctrinales, sino, como explica el Obispo Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, «algo del corazón y del sentimiento religioso, del amor a su fe».
200.000 vidas por la fe
En el fragor de la batalla y el paredón surgieron figuras que hoy son pilares de la devoción mexicana. El laico Anacleto González Flores, apodado el «Maestro Cleto», lideró la resistencia pacífica antes de su martirio. El joven José Sánchez del Río, conocido como Joselito, con apenas 14 años se unió a la causa convencido de que «nunca había sido tan fácil alcanzar el cielo como ahora, y no quiero perder la oportunidad», como escribió a su madre.
Joselito fue sometido a torturas extremas: le cortaron las plantas de los pies, lo desollaron y lo obligaron a caminar descalzo durante un trayecto de diez calles, desde su parroquia hasta el cementerio. Durante aquel calvario impuesto por sus verdugos, soportó insultos, amenazas y brutales golpes sin dejar de responder: «¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe!». Fue canonizado el 16 de octubre de 2016, en una ceremonia que reunió en la plaza de San Pedro a cerca de ochenta mil personas.
También la imagen del jesuita Miguel Agustín Pro, fusilado con los brazos en cruz en 1927, se convirtió en uno de los emblemas más impactantes de la brutalidad de aquella persecución. Se estima que la guerra costó la vida a más de 200.000 personas.
Una paz que no fue tal
La guerra terminó oficialmente en 1929 con los llamados «Acuerdos», pero la paz fue para muchos un espejismo. El gobierno de Emilio Portes Gil se comprometió a no aplicar las leyes persecutorias, aunque no se realizó ningún cambio constitucional. Los registros históricos sugieren que murió más gente por represalias tras la firma de la paz que durante los propios combates, prolongándose la resistencia en una segunda etapa marcada por la precariedad y el abandono.
No fue hasta 1992 cuando México restableció formalmente las relaciones con la Santa Sede y reconoció la personalidad jurídica de la Iglesia. Aunque la persecución abierta quedó atrás, parte del marco legal nacido del anticlericalismo revolucionario sigue vigente: las leyes aún prohíben a los ministros de culto gestionar medios de comunicación y mantienen bajo propiedad nacional todos los templos construidos antes de 1992.
