(InfoCatólica) Yolanda Ramos, madre de Noelia Castillo, la joven de 25 años que recibió la eutanasia en España el pasado 26 de marzo, ha presentado una queja formal ante la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, Reem Alsalem, para que investigue si el Estado español cumplió con su obligación de proteger a su hija antes de autorizar su muerte.
La reclamación no se limita a cuestionar la aplicación de la ley de eutanasia, sino que plantea si España incumplió sus obligaciones internacionales de protección hacia una mujer víctima de violencia y en situación de extrema vulnerabilidad.
Una vida marcada por la desprotección
El escrito dirigido a la Relatora detalla los numerosos factores de riesgo que confluyeron en la vida de Noelia Castillo. La joven creció en un contexto de grave vulnerabilidad social y económica que la llevó a ser ingresada durante varios años en un centro tutelado. Posteriormente fue víctima de violencia en el ámbito de la pareja y de una agresión sexual en grupo, experiencias que, según recoge la queja, «marcaron profundamente su salud mental y agravaron una situación ya de por sí extremadamente delicada».
La madre de Noelia formalizó recientemente sendas denuncias ante la Fiscalía para que se investiguen las agresiones sexuales. Según la familia, Noelia mencionó por primera vez estos hechos en sede judicial, al explicar que su intento de suicidio en 2022, que derivó en una paraplejia que afectaba a su capacidad motora de rodilla para abajo, se debió a un asalto múltiple. No hubo denuncia ni investigación en su momento, y Noelia solo volvió a referirse a ello en una entrevista televisada previa a su muerte.
Diagnósticos previos y ausencia de protección reforzada
Antes del intento de suicidio, Noelia ya tenía diagnosticados un trastorno límite de la personalidad, un trastorno obsesivo compulsivo con ideación suicida y depresión crónica, con una discapacidad reconocida del 67%. Tras el episodio de 2022, el grado de discapacidad fue incrementado únicamente hasta el 74%, por debajo del umbral necesario para acceder a una prestación económica suficiente, lo que, según la queja, «contribuyó a mantener su situación de dependencia y vulnerabilidad».
La familia denuncia que, tras el intento de suicidio, «el Estado no desplegó la protección reforzada que exigía la situación». El escrito subraya además que, durante la tramitación de la eutanasia, Noelia dejó de recibir tratamiento psiquiátrico y permaneció sin atención efectiva en salud mental, «sin que las administraciones garantizaran la continuidad asistencial ni agotaran todas las alternativas terapéuticas, psicológicas, psiquiátricas, paliativas y sociales antes de autorizar una decisión irreversible».
«Cadena de omisiones y fallos del Estado»
La queja aporta como prueba el hecho de que la médico responsable de tramitar la eutanasia reconoció expresamente en un informe que «hasta ahora, los recursos proporcionados han sido insuficientes y no han mejorado el sufrimiento de la paciente ni su falta de sentido vital». Para la familia, esta afirmación evidencia que el propio procedimiento reconocía la insuficiencia de los recursos ofrecidos antes de autorizar la muerte de Noelia.
En consecuencia, el escrito sostiene que «la muerte de Noelia no fue el resultado de una única decisión médica, sino la consecuencia de una cadena de omisiones y fallos del Estado», que en sus diferentes administraciones «no desplegó la protección reforzada que debía garantizar a una mujer víctima de violencia, con graves trastornos mentales y en una situación de extrema vulnerabilidad, permitiendo que acabara accediendo a la eutanasia sin haber agotado todas las alternativas razonables orientadas a la vida».
Las peticiones concretas a Naciones Unidas
Yolanda Ramos solicita a la Relatora Especial que requiera información al Gobierno de España sobre la actuación de las administraciones públicas, que se investigue si se agotaron todas las alternativas médicas, psicológicas, psiquiátricas, terapéuticas, paliativas y sociales antes de autorizar la eutanasia, y que se analice si el procedimiento cumplió con las obligaciones internacionales de debida diligencia respecto de una mujer víctima de violencia y en situación de especial vulnerabilidad. Asimismo, pide que se evalúe si la legislación y los protocolos españoles ofrecen protección suficiente a mujeres en circunstancias similares.
«Mi hija había sufrido violencia, enfermedad mental, pobreza y exclusión. Lo único que pido es que Naciones Unidas investigue si España hizo todo lo que debía para protegerla antes de autorizar su muerte», señala Yolanda Ramos.
El aval médico y judicial
Cabe señalar que los profesionales de psicología clínica y psiquiatría que evaluaron a Noelia concluyeron que la joven comprendía la gravedad de la medida solicitada y se mantenía en su voluntad. Las evaluaciones constataron que tenía un coeficiente intelectual dentro de la normalidad, que no presentaba trastornos del curso de pensamiento y que padecía síntomas depresivos cronificados que le provocaban un sufrimiento calificado como «insoportable», de tipo psíquico, derivado de la lesión medular sufrida tras el intento de suicidio. Los tribunales avalaron que su petición de eutanasia fue «libre, sin injerencia ni influencia de su propia enfermedad mental», tras una pericial en la que hasta seis facultativos declararon que Noelia tenía capacidad para discernir y decidir sobre su vida.
