(InfoCatólica) El Parlamento británico volverá a debatir un proyecto de ley para legalizar el suicidio asistido el próximo 11 de septiembre (otra vez), después de que la diputada laborista Lauren Edwards haya presentado una proposición de ley prácticamente idéntica a la que fracasó en la sesión anterior. El Obispo Mark Davies, de la diócesis de Shrewsbury, ha pedido a los católicos que se dirijan a sus representantes parlamentarios para exigirles que voten en contra de la iniciativa.
Un proyecto de ley con decenas de fallos reconocidos
La nueva proposición, denominada Terminally Ill Adults (End of Life) Bill, reproduce en términos casi literales el texto impulsado por Kim Leadbeater en la legislatura anterior, que fue aprobado por un estrecho margen en la Cámara de los Comunes pero no superó el examen de la Cámara de los Lores, donde acumuló unas 1.200 enmiendas y objeciones de numerosos organismos médicos y profesionales. Se trata de una Private Members' Bill, es decir, una proposición de ley de iniciativa parlamentaria individual, no respaldada por el Gobierno ni incluida en su programa electoral.
Según informa Right to Life UK, ninguno de los colegios profesionales consultados por una comisión de la Cámara de los Lores confirmó que el proyecto fuera seguro. Entre los organismos que identificaron fallos graves figuran el Royal College of Physicians, el Royal College of Psychiatrists, la Equality and Human Rights Commission, la organización Mind y asociaciones de defensa de personas con discapacidad, víctimas de violencia doméstica y colectivos vulnerables.
Incluso Lord Falconer, promotor histórico de la legalización del suicidio asistido, admitió que el texto necesitaba cambios: reconoció que la cláusula relativa al sistema sanitario público «es actualmente muy amplia», que las protecciones para adultos jóvenes eran insuficientes y que los pacientes con tendencias suicidas internados por su propia seguridad podrían acogerse a la ley.
La amenaza de las Parliament Acts
La decisión de presentar un texto casi idéntico abre la puerta a la invocación de las Parliament Acts, un mecanismo constitucional británico, vigente desde 1911 y reformado en 1949, que permite a la Cámara de los Comunes aprobar legislación sin el consentimiento de la Cámara de los Lores cuando esta bloquea reiteradamente un proyecto ya aprobado por los diputados. Según Right to Life UK, este recurso excepcional solo se ha utilizado siete veces en más de un siglo y nunca para una proposición de ley de iniciativa parlamentaria. Su aplicación impediría, además, que los diputados introdujeran enmiendas en la Cámara de los Comunes para corregir los fallos detectados.
El diario The Times calificó esta maniobra de «ultraje constitucional» e «inadmisible» en un editorial reciente, y defendió la labor de escrutinio realizada por los Lores, que los promotores del proyecto han intentado desacreditar.
«Resueltos e incansables» en la defensa de la vida
El Obispo Davies se ha dirigido a los fieles de su diócesis con un llamamiento a ser «resueltos e incansables» en la defensa del valor de toda vida humana y en la oposición a una legislación que pretende legalizar el suicidio asistido. «Como cristianos nos oponemos a la muerte médica por principio», escribe el prelado. «La santidad de la vida humana es uno de los grandes dones que el cristianismo aportó a la civilización.»
Davies recuerda que en 2015 un proyecto similar fue rechazado de forma abrumadora por la Cámara de los Comunes y lamenta que, tras el fracaso de 2025, la iniciativa regrese «prácticamente sin enmiendas». «El lobby de la eutanasia no renunciará fácilmente a sus esfuerzos por quebrantar las protecciones largamente establecidas en nuestras leyes, y nosotros debemos ser igualmente resueltos e incansables en nuestra defensa del valor de toda vida humana y en la protección de los más vulnerables», advierte el obispo, que insta además a los católicos a destacar, en sus comunicaciones con los diputados, la necesidad de una financiación adecuada de los cuidados paliativos, reflejados en «la maravillosa labor de nuestros centros de cuidados paliativos».
Oposición política y división laborista
El proyecto de ley se enfrenta también a un escenario político adverso. Según The New Statesman, Andy Burnham, probable sucesor de Keir Starmer como primer ministro, se opondría a la iniciativa. Burnham ha condicionado cualquier cambio legislativo a que los centros de cuidados paliativos estén «debidamente financiados y en orden», una condición que, a juicio de los opositores al proyecto, dista mucho de cumplirse. Una postura similar mantuvo el exsecretario de Sanidad Wes Streeting, quien votó en contra del proyecto de Leadbeater en ambas lecturas.
Dentro del Partido Laborista, la división es profunda. El 42 % de los diputados laboristas (160 parlamentarios, entre ellos varios ministros del Gabinete) votaron en contra del proyecto en su tercera lectura en 2025. Tras el anuncio de Edwards, varios diputados laboristas expresaron públicamente su rechazo, entre ellos Adam Jogee, David Smith, Rupa Huq y Kirsteen Sullivan. En Escocia, un proyecto similar fue rechazado con el voto en contra del 85 % de los parlamentarios laboristas.
Sin respaldo ciudadano según las encuestas
Una macroencuesta de tipo MRP (una técnica estadística que, a partir de una muestra amplia, permite estimar resultados para cada circunscripción electoral), realizada a más de 10.000 personas, concluye que no existe mandato público en ninguna circunscripción de Gran Bretaña para resucitar el proyecto fracasado y eludir la Cámara de los Lores. Se trata de la mayor encuesta sobre suicidio asistido desde la presentación del proyecto de Leadbeater en octubre de 2024.
Alisdair Hungerford-Morgan, director ejecutivo de Right to Life UK, advirtió de que la nueva proposición «retiene decenas de fallos graves identificados por colegios profesionales, la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos y organizaciones de defensa de personas con discapacidad, salud mental y víctimas de violencia doméstica».
La segunda lectura se celebrará el 11 de septiembre. Los diputados dispondrán de apenas nueve días de sesión parlamentaria para estudiar el texto, publicado el mismo día en que la Cámara de los Comunes inició el receso de verano.
