(LSN/InfoCatólica) La diócesis de Rockville Centre y cuatro comunidades de religiosas católicas han presentado una demanda ante la justicia federal contra el Estado de Nueva York por una ley que, según denuncian, pretende obligarlas a participar de diversas maneras en el suicidio asistido, en violación directa de la fe católica y de su misión de acompañar y cuidar a las personas enfermas, ancianas y moribundas.
La acción judicial fue presentada el 17 de julio contra la ley de suicidio asistido por médicos que la gobernadora demócrata Kathy Hochul firmó en febrero. La norma tiene prevista su entrada en vigor el próximo 5 de agosto.
Los demandantes sostienen que la legislación obliga a las instituciones católicas a colaborar con el suicidio asistido pese a sus convicciones religiosas. A su juicio, esta imposición vulnera las garantías de libertad religiosa y libertad de expresión reconocidas por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.
El obispo de Rockville Centre, John Oliver Barres, expresó con firmeza el rechazo de la Iglesia a una legislación que amenaza con someter las obras católicas a la cultura de la muerte.
«Nunca nos someteremos a la cultura de la muerte de Nueva York», afirmó el prelado.
«El suicidio asistido es un grave fracaso moral que pone a los ancianos, a las personas con discapacidad y a quienes sufren enfermedades mentales y emocionales en riesgo de abuso y manipulación. Cristo, el Médico Divino, nos llama a acompañar a los enfermos y moribundos con compasión, no a abandonarlos a la muerte. El tribunal debe proteger esa misión milenaria».
La demanda ha sido interpuesta en nombre de la diócesis de Rockville Centre, las Hermanas Carmelitas para Ancianos y Enfermos, las Hermanitas de los Pobres, las Hermanas Dominicas de Hawthorne y las Hermanas Misioneras de San Benito.
Todas estas instituciones desarrollan apostolados destinados al cuidado de ancianos, enfermos terminales y otras personas especialmente vulnerables. Las demandantes recuerdan que la doctrina católica prohíbe cualquier forma de participación en la acción deliberada de poner fin a la vida de un paciente.
Según la denuncia, la denominada Ley de Ayuda Médica para Morir de Nueva York únicamente contempla exenciones muy limitadas para las instituciones religiosas.
Incluso los centros que pudieran acogerse a esas excepciones continuarían obligados a informar a los pacientes terminales acerca del suicidio asistido o a remitirlos a profesionales dispuestos a facilitarlo.
La demanda advierte además de que los médicos y enfermeros católicos podrían verse obligados a intervenir en evaluaciones destinadas a determinar si un paciente reúne las condiciones exigidas para recibir las sustancias letales.
También podrían ser forzados a realizar derivaciones relacionadas con el suicidio asistido, convirtiéndolos así en colaboradores de una práctica que su conciencia y su fe rechazan.
Las instituciones religiosas alegan asimismo que la ley podría impedirles sancionar a aquellos empleados que, en contra de las normas católicas de sus centros, proporcionen información sobre el suicidio asistido.
Otro de los aspectos denunciados es que los profesionales sanitarios podrían verse obligados a consignar como causa de la muerte la enfermedad padecida por el paciente, en lugar de las sustancias letales empleadas para causarle la muerte mediante el suicidio asistido.
La situación de las Hermanas Misioneras de San Benito sería especialmente grave
De acuerdo con la demanda, uno de sus hogares de ancianos no reúne las condiciones necesarias para beneficiarse de las limitadas exenciones previstas por la ley.
Como consecuencia, las religiosas podrían verse obligadas a permitir dentro de su propia institución tanto la prescripción como el consumo de las sustancias destinadas a provocar la muerte.
El Estado pretendería así transformar un hogar creado para ofrecer cuidados, consuelo y acompañamiento en un lugar donde se facilite deliberadamente el suicidio.
La hermana Justyna Owsiejko, de las Hermanas Misioneras de San Benito, explicó que la vocación de su comunidad consiste precisamente en servir a Dios acogiendo a los ancianos y tratándolos como personas en las que reconocen el rostro de Cristo.
«Somos simples religiosas cuya misión es servir a Dios, y lo hacemos ofreciendo a los ancianos un hogar en el que puedan vivir sus últimos días con paz, tranquilidad y comodidad, atendidos por hermanas que ven el rostro de Cristo en cada persona a la que sirven», declaró.
La religiosa denunció que la nueva legislación ataca directamente esa vocación y pretende obligarlas a ayudar a sus residentes a quitarse la vida.
«Nueva York intenta obligarnos a abandonar esa vocación y ayudar a nuestros residentes a suicidarse. Eso es algo que nunca haremos. Nuestra fundadora superó la guerra y el exilio para servir a los necesitados; nosotras superaremos esta ley para hacer lo mismo», añadió.
La madre Alice Marie Monica, de las Hermanitas de los Pobres, insistió igualmente en que las exigencias del Estado son absolutamente incompatibles con la misión de su congregación.
«Nuestra vocación es proteger y cuidar a los ancianos necesitados, no conducirlos hacia el suicidio», afirmó.
«Permaneceremos fieles a esa misión, cueste lo que cueste».
La demanda sostiene que las disposiciones aprobadas por Nueva York violan la libertad religiosa al obligar a los apostolados católicos a actuar contra su fe.
También denuncia una vulneración de la libertad de expresión, puesto que los cuidadores religiosos podrían ser forzados a ofrecer asesoramiento o derivaciones encaminadas a facilitar el suicidio asistido.
El escrito judicial recuerda que la Iglesia Católica rechaza el suicidio asistido como una enseñanza definitiva y lo considera «un crimen contra la vida humana».
Frente a la eliminación deliberada del enfermo, las religiosas defienden el acompañamiento hasta la muerte natural mediante cuidados físicos, emocionales y espirituales compasivos, procurando que cada persona atendida tenga la certeza de que nunca se encuentra sola.
Las demandantes destacan también la prolongada historia de servicio de las instituciones católicas a los enfermos y moribundos del Estado de Nueva York.
Esa tradición se remonta a 1849, cuando santa Isabel Ana Seton fundó el primer hospital católico de la ciudad de Nueva York durante una epidemia de cólera.
Desde entonces, sucesivas generaciones de comunidades religiosas católicas han continuado esa obra, cuidando a los enfermos con independencia de su situación económica y reconociendo la dignidad de cada persona hasta el momento de su muerte natural.
El litigio seguirá ahora su curso ante la justicia federal mientras se aproxima el 5 de agosto, fecha prevista para la entrada en vigor de la ley.
Las religiosas y la diócesis reclaman que los tribunales impidan al Estado obligarlas a traicionar la doctrina católica y a convertir sus obras de misericordia en instrumentos de una legislación favorable al suicidio.
