(InfoCatólica) La Asamblea Nacional de Francia ha aprobado la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido con 291 votos a favor y 241 en contra, en una votación celebrada el 15 de julio de 2026 en la que participaron 532 de los 577 diputados que componen la cámara. La ley, que sus promotores presentan bajo la expresión «ayuda a morir», permite por primera vez en la legislación francesa provocar deliberadamente la muerte de un paciente.
Una hora después de la adopción del texto, la Conferencia Episcopal de Francia (CEF) publicó una declaración solemne en la que califica la decisión de «ruptura grave en la historia de nuestro país». El comunicado lleva la firma del Cardenal Jean-Marc Aveline, arzobispo de Marsella y presidente de la CEF, y de los vicepresidentes monseñor Vincent Jordy, arzobispo de Tours, y monseñor Benoît Bertrand, obispo de Pontoise.
La ley inscribe «la posibilidad de provocar la muerte»
Los obispos señalan que, al legalizar la eutanasia y el suicidio asistido, los diputados han inscrito en la ley «la posibilidad de provocar la muerte», una decisión que «rompe con la larga tradición del cuidado, cuya vocación es aliviar el sufrimiento y acompañar a cada persona hasta el término natural de su vida».
La CEF recuerda que durante cuatro años participó «de forma seria y responsable» en el debate sobre el final de la vida, aportando la experiencia secular de la Iglesia en el acompañamiento de enfermos, moribundos y sus familias. Sin embargo, los obispos constatan que el debate «sereno, esclarecido y respetuoso» prometido por el presidente de la República no tuvo lugar: «Los intereses políticos, ideológicos y sin duda también económicos, disfrazados con palabras engañosas, se impusieron a esa ambición».
La declaración advierte de que los efectos de la legislación alterarán la relación de la sociedad con la vulnerabilidad, la vejez, la discapacidad y la enfermedad, y degradarán la confianza entre generaciones, entre cuidadores, pacientes y familias. «Los más pobres corren el riesgo de ser los primeros en pagar el precio», alertan los obispos, que advierten de que las personas mayores en situación de precariedad podrían sentirse presionadas a solicitar la muerte para no ser una carga para sus hijos o nietos.
La experiencia de otros países y la pendiente resbaladiza
La Conferencia Episcopal invoca la experiencia de otros países para advertir de que los criterios de acceso a la eutanasia tienden siempre a ampliarse, mientras el acceso a los cuidados paliativos sigue siendo profundamente desigual. Lo que hoy se presenta como una excepción estrictamente regulada podría convertirse rápidamente en una práctica banalizada.
Frente a este escenario, los obispos no llaman al desánimo ni a la retirada, sino a «un compromiso renovado» junto a familias, personal sanitario, voluntarios, cuidadores, asociaciones y capellanes, para testimoniar que «otra vía es posible: la de una presencia fiel y un acompañamiento atento que alivien los sufrimientos físicos o psicológicos, sin abandonar jamás a nadie».
La CEF alienta expresamente a los establecimientos sanitarios de la Iglesia a abstenerse de «comportamientos claramente ilícitos desde el punto de vista moral» y anuncia que seguirá con atención los recursos ante el Consejo Constitucional ya anunciados.
La Marcha por la Vida: «Nos batiremos para derogar este texto»
La Marcha por la Vida (Marche pour la Vie) emitió un comunicado en el que expresa su «profunda indignación» y denuncia que el primer ministro Sébastien Lecornu optó por dar la última palabra a la Asamblea Nacional sin dar crédito a la «amplia y reiterada oposición del Senado», a las inquietudes del personal médico ni a las peticiones de los pacientes afectados por el texto. La organización califica el proceso de «debate apresurado, concluido en vísperas de vacaciones».
La Marcha por la Vida advierte de que la ley «crea una confusión que dañará profundamente la confianza que se puede depositar en los cuidadores, al asimilar la muerte a un cuidado», y denuncia que, lejos de abrir simplemente un derecho para quienes lo esperaban, genera una incitación para las personas vulnerables que no tendrán la suerte de ser acompañadas como es debido.
«Este voto no marca el final de nuestra movilización. Nos batiremos para hacer derogar este texto», concluye el comunicado.
Un debate abierto sobre la coherencia eucarística
La declaración de la CEF no aborda la responsabilidad personal de los diputados que votaron a favor de la ley ni la cuestión de su acceso a la comunión, un asunto planteado públicamente por monseñor Marc Aillet, obispo de Bayona. El prelado había recordado que los parlamentarios que se declaran católicos y apoyan un texto que autoriza la eutanasia se sitúan en contradicción objetiva con un punto esencial de la enseñanza de la Iglesia y no deberían acercarse a la Eucaristía mientras no emprendan un camino de conversión y penitencia.
La declaración episcopal se cierra con una afirmación programática: «La grandeza de una sociedad no reside jamás en el hecho de dar la muerte a los más frágiles, o permitirles dársela, sino al contrario, en acompañarlos, con una fraternidad real, hasta el final».
