(InfoCatólica) El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ordenado la suspensión cautelar de los trabajos de perforación iniciados en el conjunto monumental de la Santa Cruz del Valle de los Caídos al constatar que no consta licencia urbanística ni proyecto técnico para su ejecución.
La medida responde a un recurso contencioso-administrativo presentado por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica (ARVH) contra una presunta vía de hecho de la Secretaría General de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, del Ministerio de Vivienda, por haber iniciado las perforaciones sin las autorizaciones preceptivas.
Un bien protegido sin licencia
La Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta, fundamenta su decisión en que el conjunto «goza de la máxima protección, por ser elementos catalogados y Bien de Interés Cultural (BIC)», y en que «no consta que ante el Ayuntamiento se haya presentado actuación comunicada o solicitud de licencia, con aportación del correspondiente proyecto firmado por arquitecto». Tampoco, añade el tribunal, se ha recibido información de que la Comunidad de Madrid o el propio Ministerio hayan dictado resolución alguna autorizando la ejecución de los trabajos.
El TSJM considera que «es necesario evitar que puedan acometerse trabajos que no hayan obtenido, presuntamente, las preceptivas autorizaciones sectoriales, a fin de controlar su alcance y modo de ejecución», y subraya que la medida cautelar no causa perjuicio a los intereses generales, puesto que deberá ser «ratificada, alzada o modificada en un breve plazo». El tribunal concede al Abogado del Estado tres días para presentar alegaciones.
Obras coincidentes con la visita papal
Las perforaciones, enmarcadas en el proyecto de «resignificación» del entorno de la Cruz, comenzaron el 8 de junio, la misma jornada en que León XIV se dirigía a las Cortes en el Congreso de los Diputados durante su viaje apostólico a España. Al día siguiente, la maquinaria amaneció vandalizada con pintadas como «El valle no se toca», «Viva España» e insultos al presidente del Gobierno, lo que obligó a detener los trabajos de facto. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, confirmó el ataque y aseguró que el Valle «será un lugar de memoria democrática donde prime la verdad, la justicia y la reparación».
Riesgo de daño irreparable
La ARVH alegó en su recurso que las perforaciones «no constituyen una cata menor de carácter diagnóstico o reversible, sino una alteración física grave y destructiva que afecta mecánicamente a testigos del pavimento original catalogado y al subsuelo del entorno protegido». Según la asociación, los trabajos conllevan «un riesgo evidente de alteración tectónica, humedades o afección a la seguridad estructural» si se realizan sin control. Argumentó igualmente que, de no acordarse la suspensión, se consumaría una actuación «con indicios de ilegalidad» que podría provocar «daños y perjuicios de imposible reparación».
El tribunal, tras ponderar los intereses en conflicto, la urgencia (periculum in mora), la apariencia de buen derecho (fumus boni iuris) y la irreparabilidad del posible daño, ha estimado procedente la adopción de las medidas cautelares solicitadas.
