Problemas para el proyecto anglicano de reparaciones por la esclavitud
Sarah Mullally

Parlamentarios rechazan el fondo de 100 millones de libras

Problemas para el proyecto anglicano de reparaciones por la esclavitud

Un grupo de diputados y lores conservadores instan públicamente a Sarah Mullally, futura primera mujer «arzobispa» de Canterbury, a no permitir que la Iglesia Anglicana gaste ese dinero.

(Infocatólica) Este mes de enero, Sarah Mullally, que actualmente desempeña el cargo de “obispa” de Londres, asumirá su nuevo cargo como la primera mujer “arzobispa” de Canterbury.  La ocasión se verá empañada por el empeño de una serie de diputados y lores conservadores en que cancele uno de los planes más preciados del progresismo anglicano.

El proyecto que ha heredado y asumido la histórica “arzobispa” consiste en gastar 100 millones de libras en reparaciones para expiar los vínculos históricos del anglicanismo inglés con el tráfico transatlántico de esclavos. Esta propuesta se anunció ya inicialmente en enero de 2023, tras un informe sobre el tema.

El informe concluyó que un fondo establecido por la reina Ana en 1704, (conocido como Queen Anne's Bounty) para ayudar al clero anglicano pobre, se había utilizado para invertir en la esclavitud africana. Al conocerse las conclusiones del informe, el entonces arzobispo de Canterbury, Justin Welby (que dimitió en noviembre de 2024 por su mala gestión de acusaciones de abuso sexual infantil) declaró que lamentaba profundamente esos vínculos con la esclavitud y que se tomarían medidas para abordar el “pasado vergonzoso” del anglicanismo.

Posteriormente, los Comisionados de la Iglesia de Inglaterra, es decir, las autoridades financieras del anglicanismo inglés (un consejo formado por el/la arzobispo de Canterbury, el arzobispo de York, obispos, clérigos, laicos y representantes de la Corona que gestionan las propiedades y finanzas anglicanas, incluyendo inversiones y propiedades históricas) tomaron una decisión histórica: crear un nuevo fondo de 100 millones de libras (unos 115 millones de euros) destinados las reparaciones por la esclavitud. En el informe se habían solicitado 1.000 millones de libras, pero los responsables consideraron apropiada una cantidad más modesta.

Las reparaciones debían emplearse en un programa de inversión, investigación y compromiso en comunidades dañadas por la esclavitud durante el comercio transatlántico de esclavos. El hecho de que, a menudo, los esclavos africanos eran vendidos por sus propios dirigentes, pertenecientes a sus mismas “comunidades dañadas por la esclavitud”, no parece haber sido tenido en cuenta en ningún momento.

El programa debía durar nueve años y estaba previsto que comenzase este año de 2026. Los Comisionados de la Iglesia han declarado que el proceso de puesta en marcha se estaba desarrollando de forma transparente, siendo coherentes con una de las misiones que tiene la Iglesia de Inglaterra: “buscar transformar las estructuras injustas de la sociedad, descartar la violencia de todo tipo y buscar la paz y la reconciliación”.

Un grupo de parlamentarios conservadores ingleses, sin embargo, han escrito una carta pública a la actual “obispo” de Londres para impedirlo. Los parlamentarios, entre los que se cuentan Katie Lam, Chris Philp y Claire Coutinho, han advertido a la futura “arzobispo” que “por ley, los fondos deben utilizarse para apoyar el ministerio parroquial, mantener los edificios de las iglesias y cuidar los registros históricos”.

En ese sentido, los legisladores califican el plan de reparaciones como un “proyecto de vanidad, sensacionalista y de dudosa legalidad” y opinan que, “en un momento en que iglesias de todo el país luchan por mantener sus puertas abiertas —muchas incluso cayendo en ruinas—, no es correcto intentar justificar el desvío de 100 millones de libras a un proyecto completamente ajeno a esas obligaciones fundamentales”.

Sarah Mullally, antigua enfermera del sistema nacional de salud que se convertirá en unos días en “arzobispo” de Canterbury y máxima autoridad del anglicanismo inglés, tendrá que afrontar esta polémica, tratando de contentar tanto a los parlamentarios (ya que se trata de una confesión estatal) como a los clérigos y funcionarios anglicanos más progresistas, obsesionados por temas como la raza, el feminismo o las cuestiones LGBT. Previsiblemente, no será el único problema con el que se encuentre al tratar de gobernar un anglicanismo dividido de forma irreparable, con una asistencia al culto casi inexistente y basado en unas creencias vagas y en constante mutación.

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