(InfoCatólica) En una entrevista emitida el 13 de septiembre de 2025 por RTL, el purpurado calificó la iniciativa de «día triste en la historia del país», advirtiendo que elevar el aborto a rango constitucional impondría una ideología estatal de corte totalitario y podría empujar a las minorías católicas hacia posturas extremas.
Hollerich reiteró su rechazo al aborto en todas sus formas, incluso en casos de violación o incesto, calificándolo de «bárbaro» conforme a la doctrina católica. Subrayó, no obstante, que no aboga por penalizar a las mujeres, sino por defender la dignidad de toda vida humana desde la concepción.
La propuesta se inspira en la reforma constitucional francesa de 2024, que convirtió a Francia en el primer país del mundo en inscribir expresamente en su Constitución la «libertad garantizada» de interrumpir el embarazo. En Luxemburgo, se busca modificar el Artículo 15 de la Constitución, que actualmente consagra la igualdad entre hombres y mujeres, para añadir que el aborto y la anticoncepción están «garantizados».
La iniciativa, presentada en junio de 2024 por el diputado de izquierdas Marc Baum (déi Lénk), pretende blindar el aborto frente a posibles futuras restricciones, estableciendo que cualquier modificación necesitaría el respaldo de una mayoría cualificada de dos tercios en el Parlamento.
En la legislación vigente, el aborto es legal hasta la semana 12 de gestación por decisión de la mujer, siempre que se realice en un centro autorizado y tras una consulta médica. Se permiten excepciones más allá de ese plazo en casos de riesgo para la salud de la madre o de anomalías fetales graves.
En julio de 2025, el Parlamento eliminó el período obligatorio de espera de tres días entre la consulta y el procedimiento y prohibió prácticas como la reconstrucción del himen o la emisión de certificados de virginidad, habituales entre inmigrantes musulmanes. Sus impulsores consideran estas medidas un refuerzo de la autonomía corporal femenina, aunque un intento de ampliar el plazo legal a 14 semanas fue rechazado por motivos éticos.
La propuesta avanza
La propuesta de reforma constitucional ha avanzado con rapidez: en julio de 2025 el Consejo de Estado la aprobó por unanimidad, al considerar que no entra en conflicto con la legislación existente. En septiembre, la Comisión Consultiva de Derechos Humanos también respaldó el texto y señaló como principales obstáculos la objeción de conciencia de los médicos —que a menudo se niegan a practicar abortos— y las dificultades para acceder a métodos anticonceptivos en igualdad de condiciones. Propuso medidas para limitar el impacto de la objeción de conciencia y mejorar el acceso a anticonceptivos.
El debate parlamentario comenzó oficialmente el 15 de septiembre con el apoyo del Partido Socialista de los Trabajadores de Luxemburgo, los Verdes y el Partido Democrático, que subrayan la importancia de una redacción precisa para evitar conflictos legales.
Incluso el Partido Popular Social Cristiano (CSV), de centro-derecha y principal fuerza política del país, aprobó en su consejo nacional del 30 de septiembre de 2025, con más del 90 % de los votos, respaldar la inclusión de la «libertad de aborto» en la Constitución. La formación distingue entre esta «libertad» y un «derecho absoluto», y afirma que seguirá protegiendo la objeción de conciencia médica. Solo el partido nacionalista ADR se opone totalmente, reclamando la celebración de un referéndum y advirtiendo de que la medida pone en peligro la libertad de conciencia y no corresponde al ámbito constitucional.
Para déi Lénk y otros partidos de izquierda, la reforma busca proteger el aborto frente a eventuales retrocesos internacionales; los socialistas la presentan como una garantía de derechos humanos, y los Verdes critican las advertencias de Hollerich, que comparan con discursos sobre totalitarismos.
Las declaraciones del cardenal han provocado reacciones políticas inmediatas. Taina Bofferding, del Partido Socialista de los Trabajadores de Luxemburgo, las calificó de «reaccionarias» y «alejadas de la realidad», defendiendo la reforma como una protección de un «derecho humano privado» sin imposición estatal.
Dos expertos constitucionales, Luc Heuschling y Paul-Henri Meyers, respaldaron públicamente la propuesta como un instrumento para evitar eventuales retrocesos legales. El 15 de septiembre, alrededor de 70 personas se concentraron ante la Cámara de Diputados en una manifestación convocada por Planning Familial para apoyar la iniciativa y contrarrestar las críticas de sectores religiosos.
