(InfoCatólica) La Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Cáritas y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española solicitan desde 2021 la puesta en marcha de un procedimiento de regularización extraordinaria para personas migrantes en situación administrativa irregular. Las organizaciones han liderado un proceso de diálogo político con el objetivo de que se apruebe la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre esta cuestión, cuya tramitación en el Congreso continúa en curso.
En el contexto de la 111.ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, las entidades han recordado el mensaje del Papa, quien afirmó que «nadie debe ser excluido de la mesa común de la humanidad» y destacó que las personas emigrantes y refugiadas son «mensajeros de esperanza» en un mundo marcado por conflictos e injusticias. También señaló que su presencia debe ser «reconocida y apreciada como una verdadera bendición divina».
Por su parte, los obispos de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana subrayaron en un mensaje con motivo de esta Jornada que los migrantes «están revitalizando con su juventud, sus valores, su trabajo, sus vidas, sus familias, su fe, sus ideales, la realidad social y eclesial de nuestro país». En este sentido, animaron a tener una «mirada abierta» que permita percibir su riqueza y aportación.
Desde esta perspectiva cristiana y humanista, las organizaciones promotoras de la ILP denuncian que la situación de irregularidad administrativa genera exclusión y limita derechos básicos, al tiempo que dificulta la convivencia en condiciones de equidad. Por ello, consideran imprescindible que se adopten medidas que permitan superar esta situación, reconociendo de manera efectiva a quienes ya forman parte activa de la sociedad.
Las entidades reconocen que el nuevo Reglamento de Extranjerí,a en vigor desde mayo de 2025, supone un avance en la protección de los derechos de las personas migrantes. Sin embargo, advierten de que la reforma deja fuera a numerosos colectivos en situación de especial vulnerabilidad, entre ellos:
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Personas que no pueden acreditar dos años de permanencia en España, debido a la pérdida de documentos en contextos de precariedad o emergencia.
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Personas indocumentadas que no logran acceder a la cédula de inscripción por la rigidez de los trámites.
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Personas con baja empleabilidad, afectadas por edad avanzada, discapacidad, sinhogarismo o enfermedad crónica.
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Trabajadoras y trabajadores sin contrato formal previo, pese a estar en disposición de trabajar.
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Solicitantes de protección internacional cuya petición ha sido denegada y se encuentran en situación de bloqueo administrativo.
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Familias con hijos menores en situación irregular, que no podrán regularizarse pese a cumplir requisitos formales.
El pasado 18 de junio, Cáritas compareció ante la Comisión de Trabajo y Migraciones del Congreso en nombre del Grupo Eclesial de apoyo a la ILP, para exponer que la regularización extraordinaria no puede entenderse como una medida excepcional o discrecional, sino como un complemento necesario al Reglamento vigente. En dicha intervención se afirmó que «no se trata de privilegios, sino de justicia», y se puso el foco en la realidad de cientos de miles de personas que ya están plenamente integradas en la vida social del país.
La ILP que promueve esta regularización cuenta con el respaldo de más de 700.000 firmas ciudadanas y ha sido apoyada por movimientos sociales, organizaciones eclesiales, sindicatos y colectivos profesionales. Para sus impulsores, este amplio consenso revela una creciente conciencia social sobre los efectos de la irregularidad administrativa, tanto en la vulneración de derechos como en el deterioro de la cohesión social.
Ante este escenario, las entidades firmantes instan a los grupos parlamentarios a:
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Retomar el consenso alcanzado el 9 de abril de 2024, cuando se aprobó la tramitación de la iniciativa por amplia mayoría.
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Aprobar sin más dilaciones la medida actualmente en trámite en el Congreso.
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Garantizar que este asunto fundamental para la convivencia y la dignidad humana quede al margen de discursos polarizadores o de intereses partidistas.
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Escuchar el clamor de la sociedad civil, de la Iglesia y de las propias personas migrantes que reclaman reconocimiento y justicia.
Asimismo, exhortan al Gobierno español a que, en el ejercicio de sus competencias, adopte esta medida si no fuera posible reunir una mayoría parlamentaria suficiente.
En palabras del Grupo Eclesial de apoyo a la ILP, la regularización extraordinaria constituye «una medida de responsabilidad política, ética y social». Por ello, consideran que ha llegado el momento de avanzar de manera decidida hacia una sociedad donde nadie quede «relegado a la invisibilidad y la exclusión».







