(CNE/InfoCatólica) El reciente informe del EPF, titulado The Next Wave: How Religious Extremism Is Reclaiming Power, está levantando una notable polvareda en Europa. El documento, presentado en junio y firmado por Neil Datta, denuncia lo que considera una ofensiva de «extremismo religioso» que estaría socavando las libertades sexuales y reproductivas (ndr:aborto) en Europa.
Según el EPF, estos movimientos han pasado de la periferia política al núcleo del poder institucional y cuentan con una financiación de 1.180 millones de dólares entre 2019 y 2023, canalizada a través de 270 organizaciones. La mayoría de los fondos procederían de Europa (73 %), seguida de Rusia (18 %) y Estados Unidos (9 %), con Hungría, Francia, Reino Unido, Polonia y España como principales focos de apoyo.
Entre los actores señalados figuran entidades como la Fundación Jérôme Lejeune, el grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) en el Parlamento Europeo, el Partido Político Cristiano Europeo (ECPP), la Alliance Defending Freedom International (ADFI) y el European Centre for Law and Justice (ECLJ).
Grupos provida advierten del tono y el enfoque del informe, que consideran sesgado y carente de rigor. Critican especialmente que se etiquete como «anti-género» o «anti-derechos» a organizaciones que defienden la vida desde la concepción, el valor del matrimonio y la familia como institución natural, o la protección de la infancia frente a ideologías que consideran dañinas.
«No se puede tildar de extremismo la defensa de valores que han sustentado la civilización europea durante siglos», afirman portavoces de movimientos provida. «Estamos hablando de la protección de los más vulnerables: los no nacidos, los niños y las familias».
El informe define «anti-género» como cualquier asociación o partido que cuestione los derechos sexuales y reproductivos, las políticas de igualdad de género o los derechos LGBTQI. Bajo esa definición, prácticas como la planificación familiar natural o la educación basada en la promoción de la castidad son presentadas como comparables a las terapias de conversión. Para los críticos, esta equiparación es «absurda» y «una muestra de intolerancia hacia quienes eligen caminos diferentes a los dictados por la ideología de género».
Además, varias afirmaciones inexactas han minado la credibilidad del documento. Entre ellos, la repetida mención a la Iglesia Reformada Neerlandesa (extinguida en 2004) o la afirmación de que la Declaración de Nashville fue una «referencia ideológica clave» en los Países Bajos, cuando en realidad fue ampliamente rechazada incluso dentro de comunidades reformadas y evangélicas.
El medio cristiano CNE.news, citado en el informe, ha desmentido las acusaciones de haber «elogiado» al presidente ruso Vladímir Putin y ha criticado que se le califique de «fundamentalista religioso». «Si por fundamentalismo se entiende creer que Jesucristo es el Camino, la Verdad y la Vida, entonces lo asumimos. Pero es falso que promovamos ninguna agenda política», ha señalado el medio.
El documento concluye que la libertad sexual y la igualdad de género están «en una fase peligrosa». Sin embargo, críticos cristianos advierten de que esta narrativa es en sí misma un ejemplo de populismo ideológico: «Si para el EPF la única opción válida es la pro-elección, entonces no hay verdadera libertad de elección».
Para estos movimientos, lejos de representar un retroceso, la creciente presencia de voces cristianas y provida en el debate público europeo es un signo de esperanza. «Defender la vida, la familia y la dignidad humana no es extremismo; es compromiso con el bien común», concluyen.
¿Qué es el EPF?
El Foro Parlamentario Europeo para los Derechos Sexuales y Reproductivos (EPF) es una red internacional que agrupa a parlamentarios de más de 30 países europeos. Su objetivo es promover el aborto tanto en Europa como en otros lugares del mundo.
Se constituyó en el año 2000 como una organización sin ánimo de lucro y tiene su sede en Bruselas. Está legalmente registrada en Bélgica y reconocida por decreto real. Actualmente reúne a unos 300 parlamentarios y cuenta con 31 grupos parlamentarios plurales en los parlamentos nacionales y en el Parlamento Europeo.
Su financiación proviene de entidades como la Fundación Bill & Melinda Gates, la Open Society de George Soros, la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF), la agencia de cooperación sueca Sida y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), entre otros.
