(CNA/InfoCatólica) El 30 de junio, varias entidades, entre ellas Not Dead Yet y el Institute for Patients’ Rights, interpusieron una demanda ante un tribunal federal estadounidense en la que califican el sistema de suicidio asistido en Colorado como «un sistema mortal y discriminatorio que aleja a personas con discapacidades potencialmente mortales de los tratamientos necesarios de salud mental que podrían salvar o prolongar sus vidas».
El escrito —impulsado por la plataforma End Assisted Suicide— sostiene que la ley «no exige evaluación, diagnóstico ni tratamiento por parte de un profesional de salud mental ante enfermedades mentales graves, depresión o tendencias suicidas tratables antes de que se receten los fármacos letales».
Desde que el estado legalizó el suicidio asistido en 2016, se permite que los médicos prescriban dosis letales de medicamentos a pacientes con enfermedades terminales que deseen poner fin a su vida. En 2024, la ley fue ampliada para autorizar a un mayor número de profesionales sanitarios a emitir dichas recetas.
Según la demanda, no se exige que quienes prescriben tengan conocimientos específicos sobre la enfermedad del paciente ni formación para identificar síntomas de salud mental vinculados a la dolencia. Tampoco están obligados a facilitar el acceso a cuidados paliativos ni a tratamientos psicológicos alternativos.
Los demandantes afirman que esta situación ha generado «un sistema médico de dos velocidades, en el que las personas con pensamientos suicidas reciben respuestas y protecciones muy distintas según la opinión del profesional sanitario». A su juicio, la normativa vulnera diversas leyes federales sobre discapacidad, así como «las garantías constitucionales de debido proceso y de igualdad ante la ley».
Solicitan que se suspenda la aplicación de la ley basándose en la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, la Ley de Rehabilitación, la Ley de Cuidado Asequible y la Enmienda 14 de la Constitución de EE. UU.
La ley ha recibido el rechazo por parte de las autoridades eclesiásticas. En 2023, la conferencia episcopal del estado calificó la ampliación como «injusta», señalando que «ataca a los más vulnerables» y «corrompe la práctica médica».
Actualmente, once estados y el Distrito de Columbia permiten el suicidio asistido. El más reciente es Nueva York, cuya legislatura aprobó una ley en junio, aún pendiente de la firma de la gobernadora Kathy Hochul a fecha de 1 de julio.
