(Aleteia) La Corte de Apelaciones del Décimo Circuito decidió que los procedimientos de excepción a la norma «no cargan sustancialmente su ejercicio religioso» a pesar de que las religiosas denunciaron que la elaboración de un formulario particular las convertía en participantes en la provisión de fármacos abortivos, esterilización y anticonceptivos a sus empleados.
El parecer de la Corte de Apelaciones se basa en una comparación del procedimiento -llenar un formulario- con otro tipo de trámites similares obligatorios para los usuarios de seguros y determina que esta acción «es al menos tan fácil como obtener el permiso para un desfile, llenar un formulario simple de impuestos o registrar un voto».
Lo que no tiene en cuenta este análisis es el argumento central de las religiosas: el acto de llenar el formulario habilita la provisión de productos y servicios considerados inmorales para la fe católica haciendo que la aseguradora los cubra por cuenta propia y haría a las religiosas partícipes de dicha acción.
La opción de cambiar quién paga por los servicios como supuesta solución a los problemas de conciencia de los creyentes fue denunciada como un «insulto a la inteligencia de la gente de fe y conciencia» y un «truco barato de contabilidad» por 500 líderes religiosos y académicos de Estados Unidos en 2012.
La carta abierta en rechazo de la llamada «acomodación» del mandato para un estrecho margen de «empleadores religiosos» fue publicada bajo el título de Unacceptable (Inaceptable).
Las Hermanitas de los Pobres «simplemente no podemos elegir entre nuestro cuidado por los ancianos pobres y nuestra fe», afirmó la Madre Provincial de la comunidad, Hna. Loraine Marie Maguire, en un comunicado difundido por National Catholic Register.
«Es una vergüenza nacional que el gobierno de la nación más poderosa del mundo insista que, en lugar de proveer anticonceptivos a través de sus propios recursos y programas, tenga que aplastar la fe de las Hermanitas de los Pobres y forzarlas a participar», declararon.
«Millones de personas han logrado obtener anticonceptivos sin involucrar a religiosas, y no existe razón para que el Gobierno no pueda adelantar sus programas sin apoderarse de las Hermanitas de los Pobres y su plan de salud», añadieron.
Con el fallo, las Hermanitas de los Pobres pierden la suspensión provisional concedida por la Corte Suprema de Estados Unidos durante el estudio de la apelación, medida tomada por los magistrados al reconocer que sí existía una posible vulneración de los derechos de las religiosas en caso de que el mandato tuviera efecto durante el proceso jurídico.
Los asesores legales de las religiosas estudian la posibilidad de apelar el parecer de la Corte de Apelaciones ante la Corte Suprema de Justicia.
