Ley de Seguridad Ciudadana: una amenaza para nuestra libertad y nuestra seguridad

El Consejo de Ministros aprobó ayer el Anteproyecto de Ley para la Protección de la Seguridad Ciudadana. Después de que la reciente reforma del Código Penal suprimiese las faltas, esta nueva ley pretende cubrir el vacío dejado por esa despenalización. Esto deja la sanción de lo que antes eran faltas en manos del gobierno y no de los tribunales.

Una ley que instaura delitos de opinión y refuerza la censura

La presentación del anteproyecto publicada ayer por el Ministerio del Interior asegura en su página 9 que uno de sus fines es la «protección del libre ejercicio de los derechos y libertades». Sin embargo, en la página 18 nos encontramos, en la lista de «infracciones graves», lo siguiente:

«Las manifestaciones públicas, escritas o verbales, efectuadas a través de cualquier medio de difusión, así como el uso de banderas, símbolos o emblemas con la finalidad de incitar a comportamientos de alteración de la seguridad ciudadana, violentos, delictivos o que inciten, promuevan, ensalcen o justifiquen el odio, el terrorismo, la xenofobia, el racismo, la violencia contra la mujer, o cualquier forma de discriminación, siempre que no sean constitutivas de delito.»

La casuística que abarca ese párrafo es tan amplia que podría afectar a casi cualquier ejercicio cotidiano del derecho a la libertad de expresión, amparado por el Artículo 20 de la Constitución y para cuyo desarrollo se exige la aprobación de una Ley Orgánica -como reconoce el propio documento del Ministerio del Interior-, siendo necesario para la sanción de cualquier exceso en el ejercicio de esos derechos el concurso de un tribunal.

Defender derechos educativos podría ser motivo de sanción

Por ejemplo: con la citada redacción cualquier cosa que un gobierno interprete como mensaje de «odio» o «discriminación», sea publicada en un blog, dicha en un programa de televisión o en un mensaje de Twitter, podría ser objeto de una elevadísima sanción. La redacción de la ley deja la puerta abierta a un montón de posibilidades, que podrían incluir la crítica generalizada a los miembros de una comunidad religiosa o de un determinado grupo ideológico. Así mismo, teniendo en cuenta que algunos partidos políticos, contra los principios de la UNESCO, tachan de «discriminación» la educación diferenciada, que es un modelo educativo totalmente legítimo y muy extendido en todos los países democráticos, con esta ley un gobierno de izquierdas podría sancionar una manifestación por el mero hecho de defender el derecho de los padres a elegir esa opción para sus hijos. Lo mismo es aplicable para otros modelos docentes que la UNESCO tampoco considera discriminatorios, como los que amparan la libertad de idioma y la elección de la formación religiosa, amparada esta última por el Artículo 27 de la Constitución.

Y esto sin entrar ya a plantear, por ejemplo, lo que pasaría en aquellas comunidades gobernadas por nacionalistas, como Cataluña y el País Vasco, que tienen policía propia y competencias en el ámbito de la seguridad. Recordemos, a modo de ejemplo, que el mes pasado CiU denunció en Bruselas el aspa de Borgoña que usan los aviones del Ejército del Aire, tachando de «franquista» este tradicional emblema militar español, muy anterior al franquismo. Imaginemos, partiendo de ese grotesco precedente, qué política de multas a banderas podría seguir la Generalidad de Cataluña. Una ley así en manos de gobiernos liberticidas es una bomba de relojería para los derechos fundamentales.

Lanzan sugerencias al gobierno para que aplique la censura con esta ley

Ayer mismo uno de los habituales voceros mediáticos del PP ponía a «los obispos» en el punto de mira de esta ley equiparándolos con los proetarras y la ultraderecha, y señalando libros como «Cásate y sé sumisa» como ejemplos de lo que sería materia de sanción por esta ley. Recordemos que esta misma semana la ministra de Sanidad reconoció que ha intentado censurar ese libro, apelando a su impopularidad y demostrando que sólo se había leído el título.

Así mismo, este viernes, sin esperar a que la norma haya superado su tramitación parlamentaria y tras decir el jueves que esta ley pretende «reprimir el derecho de la gente a manifestarse y a protestar por una realidad que para muchos es terrorífica», la socialista Elena Valenciano pedía usar esta ley para censurar un autobús que muestra la verdad del aborto.

Una imitación, empeorada, de la ‘Ley Mordaza’ que preparaba Leire Pajín

Es normal que al PSOE, a pesar de sus críticas de cara a la galería, le puedan las prisas por aplicar esta ley contra los que no coinciden con sus tesis ideológicas: y es que este anteproyecto guarda muchas similitudes con la ‘Ley Mordaza’ que preparaba Leire Pajín en mayo de 2011 con el pretexto de luchar contra la discriminación. La casuística contemplada por el anteproyecto de Pajín también era amplísima y reservaba a una autoridad designada por el gobierno la aplicación de las sanciones previstas por la ley. Sin embargo, las sanciones contempladas por el anteproyecto aprobado ayer son mucho más elevadas.

Y es que con esta Ley de Seguridad Ciudadana se pretende castigar con multas de 30.001 a 600.000 euros (de casi 5 millones a más de 99,8 millones de pesetas, lo cual es una burrada) esas infracciones muy graves, que en realidad se convierten en delitos de opinión cuyos límites decide a su antojo el gobierno.

Los delitos de opinión, ‘muy graves’, y amenazar a un policía, ‘infracción leve’

Estamos ante una norma con clarísimos indicios de inconstitucionalidad, y que además tampoco guarda la necesaria proporcionalidad a la hora de perseguir las conductas que tipifica. Y es que en el capítulo de «infracciones leves» (pág. 21), entontramos conductas como éstas:

«4. Las amenazas, coacciones, injurias o vejaciones que se realicen en una reunión o concentración cuando el destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como el uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que atente contra su derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen, pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de la operación, sin menoscabo, en todo caso, del derecho constitucional a la información, cuando estas conductas no sean constitutivas de delito.»

«5. Las amenazas, coacciones, injurias o vejaciones realizadas en vías públicas y espacios abiertos al público que produzcan alteraciones del orden público, siempre que no sean constitutivas de delito.»

«7. La realización o incitación a la realización de actos que atenten contra la libertad e indemnidad sexual, o ejecutar actos de exhibición obscena cuando no constituya delito.»

Conductas como éstas se castigan en este anteproyecto con multas de 100 a 1.000 euros. Es decir, que amenazar, coaccionar o vejar a un agente de Policía, someter a una campaña de amedrentamiento a él y a sus familiares, amenazar, coaccionar o vejar a alguien en público, e incluso atentar contra la libertad sexual de otra persona, todos estos actos tan sumamente graves se castigan con multas entre 300 y 600 veces más bajas que posibles delitos de opinión. ¿Qué clase de sentido de la proporcionalidad es la que ha orientado a los autores de esta disparatada norma?

El gobierno usurpa funciones de los tribunales

Si el gobierno considera necesario reforzar el cumplimiento de la ley, ¿por qué no incluir estas conductas en el Código Penal? O también, ¿por qué no poner más medios y promover que se actúe más diligentemente en el cumplimiento de la ley, por ejemplo, dotando de más medios a los juzgados? La respuesta, en mi opinión, es obvia: con esta ley se pretende reservar al gobierno un papel que en una democracia les corresponde a los tribunales, que son los encargados de determinar cuándo el ejercicio de un derecho fundamental rebasa los límites establecidos por la ley y sancionar, en consecuencia, al infractor.

Es escandaloso que el partido del gobierno y otros partidos hayan acordado convertir el Consejo General del Poder Judicial en una mera prolongación del Parlamento, acabando de demoler uno de los pilares en los que ha de asentarse toda democracia: la separación de poderes. Pero lo que ya es el colmo es que además de controlar indirectamente el Poder Judicial, ahora el poder político pretenda apropiarse de sus funciones. Esa forma de entender el ejercicio del poder es la propia de una dictadura, y no la deseable en un régimen democrático con un poder limitado y una justicia independiente.

¿Qué seguridad ofrece una ley que somete nuestra libertad a los caprichos del gobierno?

Si el gobierno quería dar más motivos de rechazo a sus votantes, con esta ley va por buen camino. Me pasma que en la dirección del partido que promueve esta ley aún haya personas que se dicen liberales, cuando estamos ante un anteproyecto que rezuma autoritarismo por doquier. Da la sensación de que el gobierno de Rajoy pretende garantizar la seguridad de los ciudadanos a costa de cercenar nuestras libertades, convirtiendo nuestro Estado de Derecho en una farsa, pero hay que reflexionar también sobre qué clase de seguridad nos ofrece una ley que deja al capricho del gobierno de turno la delimitación de nuestras libertades. Decía Benjamin Franklin: «Aquellos que sacrifican una libertad imprescindible para conseguir una seguridad temporal no merecen ni libertad ni seguridad». En el caso de esta ley, pone en peligro tanto la una como la otra.

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15 comentarios

Mariano
Creo que esta ley es otra invasión en el terreno de la justicia por parte de otros poderes del Estado, que en principio no son su competencia aunque muestren mucho interés en tener el control en sus manos. La libertad de expresión y de opinión ateniéndose a la verdad, la dignidad y al sentido común no debería ser nunca cercenada ni multada.
1/12/13 1:03 AM
Luis Lopez
Gracias Rajoy por darme un motivo mas...y van... para no volver a votarles en mi vida.
1/12/13 10:54 AM
Juan Mariner
Estoy de acuerdo, se trata de acorralar al Poder Judicial que aún interpreta y aplica leyes y reglamentos de los otros dos Poderes del Estado con honradez jurídica y sentido común constitucional; en los Juzgados Contencioso-administrativos ya se ha limitado el derecho al recurso a instancias superiores y la aquiescencia de jueces "pro-Administración" va a poner muy difícil las cosas al justiciable que caiga de mal ojo al Gobierno de turno.
1/12/13 12:18 PM
Nova
El PP es un siervo del Nuevo Orden Mundial, así es que esto no es de extrañar.

Mira que algunos lo advertimos ya hace unos cuantos años... ¿Te acuerdas, Elentir?

Ojalá nos hubiéramos equivocado... ay...
1/12/13 11:06 PM
Pepito
Si esa pepera ley entrase en vigor, tal como está redactada, se podría considerar punible por vía policial y administrativa la promoción y defensa pública de la moral católica.

Así, por ejemplo, afirmar que el aborto es un horrible asesinato y que los que lo practican y promueven son unos asesinos, podría ser considerado como una incitación a la violencia contra la mujer o contra los médicos que lo pratican o incluso una promoción a la discriminacón del derecho al aborto. Multa de 30.001 a 600.000 euros.


Igualmente la crítica católica al gaymonio podría ser castigada policialmente por incitar a la discriminación o la violencia contra los homosexuales. Multa de 30.001 a 600.000 euros.

De esta manera la confesión y defensa pública de la Fe en temas morales y sociales podría ser durísimamente reprimida por el gobierno de turno.

Si el PP es amigo del catolicismo y enchufado de la CEE estamos ciegos. Con amigos como el PP, los católicos no necesitamos enemigos.
3/12/13 12:01 AM
Sarto
Se les veía venir... Y ahora ¿quien para todo esto que se hace en nombre de la democracia?
3/12/13 12:30 AM
FRANCISCO SOLANO
!!!!SOCORRO.......!!!!
3/12/13 3:46 PM
Alberto
Libertad de expresión en la carcel. Están censurando todos los métodos que teníamos los ciudadanos para poder quejarnos.
Tenemos que hacer los que hizo Ucrania, cargar contra ellos que por muchas armas, gases y mierda en el cerebro que tienen, somos más. ¡PODEMOS CONTRA ELLOS!
4/12/13 4:34 PM
Llanos de Alba
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha acusado este jueves al comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, de haber cuestionado la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por el Gobierno español sin habérsela leído.

Fernández Díaz ha resaltado que la norma va a pasar "todos los filtros" para garantizar que respeta plenamente los derechos fundamentales como el de reunión y manifestación cuando llegue al Congreso.
5/12/13 4:18 PM
Llanos de Alba
"No se ha leído el anteproyecto de ley porque las afirmaciones que ha hecho no se compadecen con lo que dice el anteproyecto de ley. Y yo, con todo respeto, creo que ese señor comisario del Consejo de Europa, antes de criticar una iniciativa legislativa que está en un estado embrionario, lo menos que podría hacer es habérsela leído porque ha hecho afirmaciones que no están contenidas en la ley", ha lamentado el ministro del Interior
5/12/13 4:20 PM
Llanos de Alba
A su juicio, cuando se presente al Congreso de los Diputados como proyecto de ley, al haber tenido todos estos dictámenes jurídicos, no quedará "ninguna duda" sobre "su plena adecuación a nuestro ordenamiento jurídico, a nuestro ordenamiento constitucional" y sobre "el pleno respeto a los derechos humanos".

Personalmente, y a estas alturas de la película y después de la celeridad en ejecutar la Doctrina Parot, la exaltación a presos etarras etc, por la humillación a todo un pueblo en temas tan delicados como el que menciono, sea el que sea quien gobierne puede hacer exactamente lo mismo, y de hecho lo hacen. Un saludo
5/12/13 4:25 PM
Llanos de Alba
La Sra Valenciano, puede decir todas las tonterías que quiera, supongo que dejarán abiertos los comentarios en cada artículo que tenga a bien seguir con su "argumentario", porque con toda la educación pienso seguir discrepando. Lo mismo puedo decir, a todas las medidas que sean contraproducentes que ha hecho dicho gobierno (al que voté) por lo que me atañe, que somos casi todos los españoles. ¿Qué me multan? veremos..., pero lo que tengo claro que cuando salga a la calle a protestar con las debidas medidas que marcan la ley, no quiero a mi lado ni bandarrokas, ni filoetarras ni antisistemas. Y, compraré el libro que me apetezca, y seguiré diciendo que el aborto "no es un derecho". No necesitaré a nadie conmigo, cargaré con las consecuencias
5/12/13 6:08 PM
Llanos de Alba
Por lo menos, cuando discrepe con toda la educación que pueda, no tendré que aguantar a trolls como he tenido que aguantar estos años en los foros.
5/12/13 6:11 PM
Llanos de Alba
Se me olvidaba: Ya que hablamos de Valenciano, recordarle a dicha Sra. que somos un Estado Aconfesional, que los acuerdos con el Vaticano no son post-constitucionales, y que se pase otra vez por la universidad, que debió estudiar en la ultima mesa del aula, buscando adeptos a su ideología como por desgracia estamos viendo en las universidades, antes de darle al codo que es lo que les pertoca, para vergüenza de todo el mundo (no solo de España)...¡vaya nivel de educación tenemos!
Gracias al bloguer por su comprensión, un afectuoso saludo
5/12/13 6:17 PM
Llanos de Alba
Se me olvidaba, para mi las fuerzas de seguridad no "son animales de compañía", representan la autoridad, lo mismo que un docente (aunque se haya devaluado dichos valores), y como para mi representan la "autoridad" y no el autoritarismo, no me verán insultarlos, ni humillarlos. Espero que dichas fuerzas de seguridad que hoy, como en cada colectivo alguno se excedan en sus funciones pasen por un juzgado. (Espero que no haya problemas conmigo por discrepar)
5/12/13 6:32 PM

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