(Diario del Alto Aragón) La frase trascendió ayer en la rueda de prensa convocada en el Palacio Episcopal al día siguiente de la reunión celebrada en la Nunciatura de la Santa Sede, en Madrid. Mons. Milián ya anticipó que no está dispuesto a aceptar las exigencias de la Generalitat ni tampoco a negociar. “Acuerdos, no. Devolver es la palabra más justa”, afirmó. La postura refleja el acuerdo entre los obispos que han rubricado el documento redactado en la Santa Sede por el que asumen el compromiso mutuo de “trabajar para resolver los obstáculos actuales y los que se presenten” con el objetivo “único y exclusivo” de devolver las piezas artísticas a la diócesis propietaria, Barbastro-Monzón.
Mons. Alfonso Milián informó sobre este nuevo compromiso durante la rueda de prensa celebrada ayer en el nuevo Palacio Episcopal, en la que compareció con sus vicarios Pedro Escartín y José Mora, con Enrique Calvera y José María Ferrer, delegados diocesanos de Patrimonio y Medios de Comunicación, respectivamente.
El obispo destacó “la unión de todos los aragoneses en la defensa de este tema” y, tras pedir disculpas por “el silencio necesario” tras la reunión celebrada en Madrid, se refirió al contenido como “muy positivo gracias a la actitud e implicación del nuncio, que conoce el tema por el se mueve y ha asumido esta responsabilidad con mucho interés”. La decisión de apartarse de la vía judicial anunciada por Piris, se enmarca en que la devolución de los bienes “es un tema propio de la Iglesia desde el principio y vuelve al seno de la Iglesia”.
El Estado tiene la obligación de asumir las sentencias de los tribunales eclesiásticos
José Mora destacó “el reconocimiento que tiene el Derecho Canónico en el ámbito del Estado, antes en virtud del Concordato de 1953, y ahora por convenios ratificados por ley en el acuerdo marco que regula las relaciones y la capacidad propia de la Iglesia. El Estado protege este derecho que incluye las sentencias de los tribunales eclesiásticos. Si no se soluciona en este ámbito, hay otras opciones. La ayuda del Estado es un trámite más”.
El vicario judicial fue claro al decir que “es un asunto muy importante en materia de Derecho Canónico y el Estado tiene el compromiso y la obligación de asumirlo”, dejando resquicios de llegar hasta el final si fuera necesario. Al mismo tiempo, recordó citas puntuales en la historia del litigio, en especial la que se refiere al Obispado de Lérida cuando determinó que los bienes de las parroquias aragonesas pasaran al nuevo Museo Diocesano regido por una jurisdicción secular. “A partir de entonces, surgieron las dificultades”, recordó.
Según explicó Mora, “este no es un asunto mixto sino estrictamente de Iglesia” y recordó dos fechas importantes: 18 de mayo de 1999, cuando se creó el Consorcio Museístico, “con fondos adscritos a las parroquias aragonesas que estaban sub judice y el Obispo hizo un acto que no le correspondía. Dos días después, la Generalitat las incluyó por su cuenta en la colección del museo, al mismo tiempo que lo hacía Aragón”. El informe emitido por la Junta de Asuntos Jurídicos de la Conferencia Episcopal es muy claro: “No existe la unidad, prevalece el derecho de propiedad que no está condicionado por la catalogación de las piezas”.
Politizar este asunto ha sido un error y querer suplantar la autoridad de la Iglesia es un disparate
Mons. Milián destacó de nuevo “la actitud clarividente de Piris, que ha reconocido la propiedad de las obras de arte” con citas expresas a la carta del director del diario catalán “La Vanguardia”, según el cual “el acuerdo alcanzado entre los obispos respecto al arte sacro de la Franja depositado en el Museu Diocesá debería poner punto final al litigio” o que “politizar este tema ha sido un error; convertirlo en una discusión entre territorios, una equivocación y querer suplantar la autoridad de la Iglesia en esta cuestión, un disparate”.
A partir del acuerdo pactado en la Nunciatura, el obispo afirmó: “Caminaremos juntos para dar nuevos pasos, interiores y exteriores”, sin entrar en detalles sobre la estrategia conjunta a partir de ahora. El prelado recordó que el origen del litigio “partió desde Lérida con la demanda a la Congregación de los Obispos para pedir la intervención de la Santa Sede”. “Nunca ha sido Barbastro-Monzón, y, de hecho, no nos hemos gastado nada en temas judiciales. Todas las sentencias y más de veinte recursos han sido siempre favorables a Barbastro-Monzón”, recordó.
Se refirió al contenido del Decreto Definitivo de la Signatura Apostólica, de 28 de abril de 2007, con citas puntuales sobre el obispo Messeguer, que figuran en el Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Lérida (1895). En concreto, se refirió a la que señala: “Nadie ignora que hemos recogido los restos de la antigüedad en el Museo del Seminario, cuando han sido dignos de figurar en él, dando generalmente alguna cosa a las iglesias, más bien como un afectuoso recuerdo que como precio de mercadería porque no es decoroso descender al terreno de los contratos”. Mons. Milián dijo: “Es conveniente que se sepa todo porque este punto se omite con frecuencia cuando se habla de supuestos contratos de compra-venta para justificar la labor de Messeguer que fue buena en conservación y restauración. Eso no se ha discutido nunca por parte de este Obispado”.
Que se cumpla la justicia
El obispo se mostró seguro y convencido en todo momento: “La postura es invariable, que se cumpla la justicia porque sin justicia no hay caridad” y reiteró su disposición al “diálogo y a dar facilidades para organizar exposiciones donde se crea conveniente porque a nadie se le puede privar del arte”. Se expresó en términos rotundos: “Las piezas tienen que venir aunque no ponemos plazos sino derechos. Si fuera por los obispos, mañana estarían aquí”.
Respecto a la solicitud de “auxilio” judicial por parte del obispo Piris, señaló: “No sabemos nada, salvo lo que publican los medios, aunque el auxilio del juez se puede invocar por las partes involucradas”. Sobre la continuidad en la demanda por parte de Amigos del Museo, opinó que “todo indica que la propiedad por usucapión que piden no tiene efectos”.
Sigue el exequátur del Decreto de la Signatura Apostólica
El acuerdo al que han llegado los obispos no paraliza el proceso del exequátur del Decreto emitido por el Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica el 28 de abril de 2007, iniciado por Barbastro-Monzón y el Gobierno de Aragón.
Eduardo Bernués, juez de Barbastro, lo denegó porque “esta vía no es pertinente para llevar a cabo el cumplimiento de lo resuelto por los tribunales eclesiásticos” y por considerar que “las autoridades eclesiásticas competentes gozan de la posibilidad de llevar a cabo la sentencia y de tomar decisiones sobre la propiedad de las obras, disposición, ubicación y traslado de bienes”. Los obispados seguirán adelante con los recursos de apelación, según han manifestado las respectivas fuentes.
