«deficiencias» de redacción y de contenido

La Conferencia Episcopal Peruana critica la nueva Ley Universitaria

La Conferencia Episcopal Peruana (CEP),ha presentado una serie de observaciones al dictamen de la nueva Ley Universitaria e indicó que sería un error del Congreso aprobar dicha propuesta en la legislatura que se inicia en marzo, sin un mayor debate.

(Andina/InfoCatólica) En una rueda de prensa, los obispos han solicitado al Parlamento a realizar un debate participativo y técnico, que tenga como norte lograr que las universidades sean espacios que garanticen el crecimiento y la realización humana, sin menoscabo del respeto a su autonomía.

Para los prelados, la iniciativa legislativa aprobada por la Comisión de Educación del Parlamento tiene una serie de «deficiencias» de redacción y de contenido.

Cuestionan que se concentre el poder fiscalizador y de control en una sola entidad, en alusión a la superintendencia de la educación universitaria.

Desde su perspectiva, eso pone en peligro la autonomía universitaria porque promueve un tipo de organización «exageradamente centralista y vertical», «modelo que impedirá el desarrollo universitario en el país», según refieren en un comunicado.

«Valoramos la preocupación por la mejora de la universidad, pero la forma de hacerlo no es la correcta. Para nosotros, esta ley va a complicar las cosas no solo a nivel universitario sino socialmente también», indican.

La CEP recomienda la conformación de una comisión pequeña, pero calificada, para analizar en un mediano plazo el escenario universitario actual e identificar de 3 a 5 problemáticas que requieren una urgente corrección.

Uno de esos aspectos es cómo acabar con la proliferación de universidades de mala calidad educativa.

Asimismo, propuso el diseño de una política para aplicar las medidas correctivas necesarias, «como la entrega de incentivos positivos, y no mediante un control burocrático desinformado, evitando modelos centralistas».

Mons. Miguel Cabrejos, expresidente de la CEP, manifestó que los obispos expresaron su profunda preocupación porque el texto del dictamen no consigna ni hace mención al compromiso de colaboración entre el Estado y la Iglesia en el tema educativo.

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